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El presidente del Gobierno Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez durante su viaje a China. EP Peinado procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos por su actividad laboral privadaPropone también juzgar a la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés y da cinco días a las partes para presentar los escritos de acusación o absolución
Lunes, 13 de abril 2026, 12:56 | Actualizado 13:30h.
procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de ... malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, pero no por intrusismo profesional. Según un auto, el instructor concede un plazo de cinco días a todas las partes personadas para que «insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales».Peinando, que en septiembre próximo se jubilará de manera forzosa al cumplir los 72 años, ha pisado el acelerador para llevar la causa a juicio con un jurado popular, cuya confirmación dependerá ahora de los previsibles recursos de la acusaciones y las defensas ante la Audiencia Provincial de Madrid. El juez ha adoptado esta decisión después de la vista celebrada el pasado 1 de abril para confirmar los delitos imputados a las partes una vez que el tribunal provincial le obligó a corregir y detallar los indicios contra los acusados por una falta de fundamentación.
Begoña Gómez, que se encuentra desde este lunes de viaje oficial junto a su marido, el presidente del Gobierno, en China, ha conocido el auto del juez a punto de cumplirse dos años desde que éste abrió la causa, en abril de 2024, a raíz de una denuncia presentada por el pseudosindicato Manos Limpias, pero desde entonces se fue ampliando con querellas impulsadas por Hazte Oír o el partido político Vox. Por un lado, Peinado investigaba la actividad profesional de Gómez con empresarios y la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Y, por otro, intentaba determinar si se llegó a producir un desvío de dinero público al contratar a Álvarez como asesora en Moncloa para que colaborase con su actividad institucional y con su «actividad privada».
La defensa de Gómez reafirmó hace unos días, cuando el magistrado citó a las partes para comunicarles que, si la causa llega a juicio, será ante un jurado popular, que no hay fundamento para investigar ninguno de los cinco delitos (ahora cuatro) que Peinado atribuye Gómez. El abogado Antonio Camacho denunció que el procedimiento era un constante «déjà vu» y una «pesadilla» sin garantías jurídicas. Camacho alertó que el magistrado persigue «otra cosa» que no es Justicia y le reprochó una ausencia de imparcialidad. «Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia», lamentó, según señalaron fuentes presentes en la vista.
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