El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, interrogando al exministro Ábalos este lunes.
Tribunales Peramato no defrauda al Gobierno y evita que el fiscal anticorrupción pida una rebaja mayor de la pena para AldamaLuzón asume el criterio de la fiscal general y mantiene para él la petición de siete años de cárcel, aunque la acusación popular sí suaviza su solicitud con una fórmula que podría evitar al empresario volver a prisión.
Más información:Aldama asegura que Sánchez, "el número 1 de la trama", sabía que el PSOE se financió con pagos de constructoras
María Peral Publicada 5 mayo 2026 02:48h Las clavesLas claves Generado con IA
El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, mantuvo ayer su inicial petición de siete años de cárcel para el empresario Víctor de Aldama por presuntos delitos de cohecho, uso de información privilegiada y constitución de una organización criminal junto al exministro José Luis Ábalos y el asistente de este, Koldo García.
La fiscal general, Teresa Peramato, no autorizó a Luzón a modificar a la baja la petición de pena aplicando la circunstancia atenuante de confesión de forma muy cualificada, que el fiscal anticorrupción sí veía incluso antes del juicio.
Peramato, sin embargo, no acogió la posibilidad de una petición más benévola, que para ella hubiera supuesto defraudar al Gobierno.
Tanto en Moncloa como en el PSOE existe un fuerte malestar con las manifestaciones de Aldama en el juicio y con el hecho de que tanto Luzón como el tribunal las permitieran.
El pasado 29 de abril, cuando declaró como acusado durante ocho horas, Aldama afirmó que Pedro Sánchez era "el número uno" de la trama de corrupción en la que estaba su ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.
Aldama pide oír en el juicio un audio de Koldo que hunde a Ábalos: "Te va a quedar medio kilo al mes del petróleo"Aseguró también que el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente con comisiones de constructoras y con cupos de petróleo venezolano. Y manifestó que la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, intervino a favor del Instituto de Empresa, que la había fichado, para quedarse con unos edificios de la SEPI en la zona de Velázquez, en Madrid.
En este contexto, doblar la rebaja de la pena para Aldama sería difícil de explicar para Peramato ante el Gobierno que la ha designado fiscal general.
Nuevos argumentos
Luzón asumió la postura de su superior al considerar que es una cuestión jurídicamente discutible. No ha habido, por tanto, una orden impuesta.
No obstante, el fiscal jefe anticorrupción defenderá mañana en su informe oral que la colaboración de Aldama durante la investigación le haría merecedor de la aplicación de la atenuante de confesión en un grado muy cualificado.
En su escrito de acusación provisional, el fiscal jefe anticorrupción ya destacaba que Aldama ha reconocido los hechos delictivos que se le atribuyen y "ha aportado detalles" sobre su relación con Ábalos y García.
Durante la instrucción ya relató "el concierto con ellos para conseguir la adjudicación de contratos o el dictado de resoluciones que satisficieran sus intereses personales, detallando la periódica entrega de importantes cantidades en efectivo junto con otras contraprestaciones puntuales".
Luzón ya calificaba entonces de "relevantes y veraces" las manifestaciones de Aldama, que las ha mantenido en el juicio.
Y destacó que no eran declaraciones autoexculpatorias "puesto que Víctor Gonzalo de Aldama viene a admitir de manera inequívoca su participación en un acuerdo con los otros dos acusados que le permitía defender sus intereses de manera privilegiada ante la Administración Pública, así como el pago de cantidades que implican la asunción de su propia responsabilidad criminal en delitos graves".
Sin pedirla, el escrito de conclusiones definitivas argumenta en favor de una mayor rebaja de la pena a Aldama. Luzón no solo ha mantenido el texto ya incluido sobre el empresario en el escrito provisional sino que ha añadido que su reconocimiento de los hechos "ha sido mantenido y completado en su declaración prestada en este juicio oral".
La acusación del PP sí rebaja
La que sí ha rebajado la petición de pena para Víctor de Aldama es la acusación popular que encabeza el PP.
El abogado Alberto Durán, que inicialmente pedía también siete años de cárcel para el empresario, ayer dejó sus pretensiones punitivas en un total de cinco años y dos meses de cárcel.
Pero lo relevante es que, individualmente, ninguna de las penas supera los dos años de cárcel.
Si este criterio fuera acogido por la Sala, Aldama podría pedir la aplicación del artículo 80 del Código Penal.
Este precepto permite "excepcionalmente" a los jueces dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad que, individualmente consideradas, sean inferiores a dos años de cárcel, incluso si, sumadas en su conjunto, superan ese umbral.
No es una previsión automática, sino que el juez puede acordarla motivadamente. El Código exige que no se trate de reos habituales y que sus circunstancias personales, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, aconsejen la suspensión.