La presidenta del Poder Judicial reclama respeto institucional en el acto de apertura del Año Judicial y traslada un mensaje de garantías en plena crisis de Ceuta. Además, Perelló alerta acerca de la preocupante situación de colapso en el Supremo por recursos ligados a litigación masiva.
Ante las acusaciones de lawfare, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo lleva a cabo una defensa cerrada de la independencia judicial. "En los últimos tiempos hemos escuchado acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones", ha denunciado Isabel Perelló durante el acto de apertura del Año Judicial, la ceremonia que ha dado inicio hoy al nuevo curso en los tribunales.
La presidenta del Poder Judicial ha calificado este tipo de señalamientos como "una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva", en un acto presidido un año más por el Rey Felipe VI.
Perelló ha hecho énfasis en que "no es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción". Asimismo, ha subrayado que "si estas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es todavía mayor".
En este sentido, ha recordado que los sucesivos informes de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho exigen a los poderes ejecutivo y legislativo "evitar las críticas que menoscaben la independencia de los tribunales o la confianza pública en la Justicia", si bien ha matizado que la crítica fundada a las resoluciones judiciales es legítima y hasta deseable, "por severa que pueda ser".
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, también ha dedicado parte de su discurso a denunciar lo que considera una campaña de desprestigio contra el Ministerio Fiscal. "Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad", ha señalado la fiscal general.
En particular, Peramato ha lamentado que se distinga "entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convenga a unos o a otros", olvidando que la institución actúa "de forma imparcial en los procedimientos, con sujeción exclusivamente a la Ley".
Un acto rodeado de polémica
En esta ocasión, en el acto sí ha estado presente el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que el año pasado optó por no acudir a la ceremonia debido a la polémica que rodeó la asistencia del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que en aquel momento estaba procesado por la filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Tras ser condenado por el Supremo por un delito de relevación de secretos, García Ortiz dejó el cargo en noviembre de 2025 y fue sustituido por Peramato.
Sin embargo, la ceremonia no ha estado exenta de tensión: el nuevo curso judicial arranca marcado por la crisis migratoria en Ceuta y por la reciente decisión del Tribunal Supremo de suspender las altas en el censo electoral derivadas de la llamada "ley de nietos". Isabel Perelló ha dedicado una parte de su intervención a las víctimas en la ciudad autónoma y ha trasladado un mensaje de garantías: "Los jueces van a seguir trabajando y velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley".
La presidenta del Supremo ha reclamado una solución que concilie el control fronterizo con las garantías legales. "La realidad que sufre el pueblo de Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos, y que asegure, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento", ha afirmado.
En su primer discurso formal en el acto de apertura del Año Judicial, Teresa Peramato también ha comenzado refiriéndose a la crisis migratoria en Ceuta. Así, ha querido enviar "un mensaje de reconocimiento y solidaridad a la ciudadanía de Ceuta", que asegura que ha afrontado y continúa haciendo frente a la situación "con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes" que han llegado a las fronteras españolas.
Peramato ha hecho hincapié en la necesidad de "preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas". La fiscal general del Estado ha dictaminado el destacamento temporal de tres fiscales de la Península a la ciudad autónoma, una medida que se hará efectiva en las próximas semanas.
En cuanto a la situación de la Justicia, Isabel Perelló ha advertido que la situación de la Sala Primera del Tribunal Supremo es "especialmente preocupante”, debido a la acumulación de recursos vinculados a litigación masiva, especialmente ligada con cuestiones bancarias, condiciones generales de la contratación y reclamaciones vinculadas a determinados carteles.
En otro orden de cosas, la presidenta del Supremo se ha referido a los recientes cambios en la Justicia, con el despliegue definitivo de los Tribunales de Instancia: “La transformación de los juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia está generando algunas dificultades que es necesario atajar entre todos”. Entre ellos, ha citado la falta de adaptación de las instalaciones y los sistemas informáticos de gestión procesal.
Por su parte, Peramato ha reivindicado el papel que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuye a la Fiscalía. "Quiero expresar el firme respaldo del Ministerio Fiscal a la atribución a la Fiscalía de la dirección de la investigación penal que recoge el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal actualmente en trámite", ha afirmado, recordando que el nuevo modelo cuenta con el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y con el respaldo de la Comisión Europea en su último informe sobre el Estado de Derecho.
La fiscal general ha defendido el cambio como una garantía adicional para la ciudadanía y no como "una reivindicación corporativa". "Quien investiga no debe ser quien decide sobre las medidas limitativas de derechos fundamentales, y quien controla la legalidad de la investigación debe encontrarse plenamente desvinculado de las tareas investigadoras", ha apuntado. No obstante, Peramato ha condicionado el éxito de la reforma a una mayor autonomía del Ministerio Fiscal, "organizativa, reglamentaria, formativa y presupuestaria", subrayando que se trata del único órgano con relevancia constitucional que carece de ella por completo.
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