Fernando Samper, presidente de Forestalia
Economía Personal de Transición Ecológica denuncia externalizaciones anómalas para favorecer a ForestaliaPersonal del Ministerio asegura haber sentido incomodidad por posibles presiones y sostienen que nunca se habían realizado así las evaluaciones ambientales.
Más información: Forestalia logró el visto bueno a su gran proyecto de renovables en Teruel pese a la opinión contraria de los técnicos
Raúl Gascón Zaragoza Publicada 13 diciembre 2025 03:15hLas dudas en torno a las autorizaciones ambientales de Forestalia se han acrecentado a raíz de las últimas informaciones sobre los vínculos con Leire Díez, la familia Sumelzo, y la trama de Santos Cerdán.
Ahora, las acusaciones apuntan directamente al Ministerio para la Transición Ecológica, registrado por la UCO a lo largo de este viernes, y a la externalización de las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos de Forestalia, cuya sede también ha sido investigada, a la empresa pública Tragsa.
Personal del Ministerio, que se prefieren mantener el anonimato, han declarado en exclusiva a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN que la mayoría de las evaluaciones de impacto ambiental de Forestalia que eran de su competencia se han elaborado por personal de Tragsa, no por trabajadores de la administración, como es el procedimiento habitual.
La guerra judicial contra Forestalia se aviva tras el registro de la UCO: "No descartamos ir por la vía penal"El Ministerio habría recurrido a Tragsa a través de una contrata para dar asistencia a los funcionarios por la avalancha de solicitudes, pero derivó en que los propios empleados de esta empresa realizaran la evaluación ambiental completa.
Tragsa es una de las empresas públicas señaladas en la trama de José Luis Ábalos por el fichaje de una de las exparejas del exministro. Además, es propiedad de la SEPI, entidad del Ministerio de Hacienda registrada por la UCO este jueves, al mismo tiempo que las sedes de Forestalia en Zaragoza.
Las luces y sombras de Forestalia: la compañía renovable de Aragón que está bajo investigación de la UCOEl responsable de esa externalización sería Eugenio Domínguez, subdirector general de Evaluación Ambiental entre febrero de 2017 y octubre de 2023.
Según este personal del Ministerio, Eugenio Domínguez se asignaba los proyectos de Forestalia para luego externalizar su evaluación a Tragsa, hasta el punto de que llegó a acumular más MW que todos los técnicos.
Así fueron las 6 horas de registro de la UCO en la sede de Forestalia en Zaragoza: agentes de paisano y mucho silencioLa externalización se originó por la intención de los funcionarios de sacar de forma desfavorable algunas declaraciones de impacto ambiental que el subdirector pretendía resolver de forma positiva.
En total, Tragsa habría aprobado cerca de 40 declaraciones de impacto ambiental de proyectos de Forestalia entre 2019 y 2023, entre ellos el Clúster del Maestrazgo o la línea de muy alta tensión entre Aragón y el País Vasco.
Esto llegó a afectar a proyectos que, sin ser de Forestalia, eran colindantes y, por tanto, una declaración de impacto ambiental negativa podía perjudicar a los propios de la compañía aragonesa.
De hecho, estas fuentes del Ministerio aseguran haber sentido incomodidad con respecto a los proyectos de Forestalia, ya que eran conscientes de que iban a recibir presiones.
Una situación que, aseguran, no era nada corriente y que no se correspondía con el procedimiento habitual llevado a cabo en las evaluaciones de impacto ambiental.
Polémica con las declaraciones de impacto ambiental
Las dudas sobre las autorizaciones de impacto ambiental también tienen raíces en Aragón. El Ministerio de Transición Ecológica dio la autorización ambiental a finales de 2022 al Clúster del Maestrazgo, un macroproyecto de una inversión superior a los mil millones de euros en Teruel, que chocaba frontalmente con la opinión de los técnicos del Gobierno de Aragón.
Desde la Dirección General de Medio Natural, dirigida entonces por Podemos, se remitió un informe en abril de 2021 con numerosos reparos a la tramitación de dicho proyecto. Sin embargo, ese informe fue pasado por alto en el seno del Gobierno de Aragón, y el Instituto de Gestión Ambiental (Inaga) elaboró su propio documento, firmado por su director, Jesús Lobera, un cargo político.
Esto todavía hace sospechar a las voces más críticas con el Clúster Maestrazgo que “se impusieron criterios políticos sobre los técnicos”. De hecho, en abril de 2021, cuando todavía no se había acabado de redactar el informe, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, el socialista Joaquín Olona, ya afirmó ante los medios que el documento sería “favorable” porque no se habían detectado “aspectos críticos”.
De hecho, tres años más tarde, a principios de 2024, el propio Lobera acusó a los técnicos de la Dirección General de “no ser suficientemente objetivos” por “incluir algunas apreciaciones que no correspondía valorar”, lo que hizo “sin haberse recibido ninguna instrucción”, aseguró por escrito ante una comisión de investigación en las Cortes de Aragón.
Teruel Existe pide una moratoria para los proyectos de Forestalia
Tras el revuelo causado por el registro de la UCO, desde el Movimiento ciudadano Teruel Existe exigen una moratoria para exigir que se investiguen todos los expedientes tramitados por Forestalia y a cualquier administración que haya tramitado o esté tramitando permisos para estas macroinstalaciones.
Para los miembros del movimiento ciudadano, el Clúster del Maestrazgo es el “mayor disparate ambiental” de la transición energética y una muestra de la “especulación” que están sufriendo los pueblos de Aragón.
“Están gestando el mayor atentado medioambiental que se puede producir en Europa, bajo la atenta mirada de la justicia y bajo la sombra de la corrupción. Nos alegra sobremanera que la justicia siga investigando las actuaciones presuntamente delictivas y que se llegue hasta el final, caiga quien caiga, de esta supuesta trama político-empresarial fraguada desde el año 2015”, añaden.