Política andaluza
Plantón en el fondo, batalla en la forma: Andalucía combate en Madrid el «sablazo» autonómicoFrente a la ausencia madrileña, la delegación andaluza acude al Consejo de Política Fiscal para tildar la propuesta de «traición» e «injuria a la igualdad»
Regala esta noticia Añádenos en Google Carolina España comparece tras la reunión acompañada por el resto de consejeros del PP. (Jesús Hellín / Europa Press)Sevilla
04/09/2026 Actualizado a las 18:06h.El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha escenificado en Madrid la fractura abierta entre el Gobierno central y la práctica totalidad de las ... comunidades autónomas a cuenta de la reforma del sistema de financiación. A diferencia de la Comunidad de Madrid, que optó por no acudir al encuentro argumentando que el borrador respondía a una negociación bilateral cerrada de antemano entre el Ejecutivo central y el independentismo, la Junta de Andalucía decidió personarse en el pleno para exponer directamente su oposición formal a la propuesta impulsada por el Ministerio de Hacienda. La misma postura de fondo que el gobierno de Ayuso, pero un abismo de distancia en las formas.
El Gobierno autonómico sostiene que el modelo planteado no busca la equidad ni la suficiencia de los servicios públicos, sino garantizar la continuidad política del presidente del Gobierno mediante concesiones a las fuerzas independentistas, lo que tildó abiertamente de «corrupción política» y de «traición a las comunidades autónomas».
La Junta sostiene que el modelo planteado no busca la equidad ni la suficiencia de los servicios públicos, sino garantizar la continuidad de Sánchez
Durante la sesión a puerta cerrada del CPFF, la consejera andaluza defendió que cualquier revisión del esquema de financiación autonómica debe responder estrictamente al interés general y al principio constitucional de igualdad entre todos los ciudadanos españoles, con independencia del territorio en el que residan. Según expuso la representación de la Junta, la propuesta presentada por el ministro de Hacienda, Arcadi España, lejos de corregir la brecha histórica de ingresos que padece la comunidad más poblada de España, consolida el déficit de recursos que arrastra Andalucía y profundiza los desequilibrios territoriales al primar los acuerdos alcanzados al margen de los órganos multilaterales.
Disparidad de asignaciones
El desglose de los números aportados por la Consejería de Economía refleja la disparidad de asignaciones por habitante ajustado que consagra el nuevo diseño tributario. Con las cifras sobre la mesa, Andalucía percibirá 244 euros menos por ciudadano ajustado que Cataluña, una brecha que se eleva a 418 euros en comparación con Cantabria, a 248 euros respecto a la Comunidad de Madrid y a 223 euros frente a las Islas Baleares. Para ilustrar la dimensión del impacto en las arcas autonómicas, Carolina España subrayó que, si los andaluces recibieran exactamente la misma financiación per cápita ajustada que la asignada a la población catalana, la comunidad andaluza ingresaría 2.000 millones de euros adicionales cada año. Esta merma de fondos incide de forma directa sobre la sostenibilidad de pilares esenciales del Estado del Bienestar como la sanidad pública, la educación y el sistema de atención a la dependencia.
El desacuerdo del Gobierno andaluz abarca asimismo aspectos de procedimiento institucional. La Junta denunció que el borrador final no ha incorporado ni una sola de las alegaciones técnicas presentadas por Andalucía ni por el resto de los gobiernos autonómicos, tramitando el texto como un hecho consumado tras las negociaciones bilaterales entre el Ejecutivo central y Esquerra Republicana de Cataluña. La consejera criticó de manera especial que la reforma abrace el principio de ordinalidad —el cual asegura que las comunidades con mayor capacidad tributaria mantengan una posición de ventaja en el reparto final de recursos—, un criterio al que tradicionalmente se había opuesto el socialismo andaluz y que ahora queda consagrado en el diseño normativo.
Fondo de nivelación
A esta falta de participación multilateral se suma la negativa explícita del Ministerio de Hacienda a implementar un fondo de nivelación transitorio mientras no entre en vigor el modelo definitivo. Esta herramienta de compensación inmediata tiene como objetivo amortiguar la infrafinanciación que padecen regiones como Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana. En este punto, la consejera andaluza recriminó al ministro Arcadi España su cambio de postura, recordando que durante su etapa como consejero de Hacienda de la Generalitat Valenciana defendió enérgicamente la necesidad de articular dicho fondo transitorio, una reivindicación que ha declinado asumir tras su incorporación al gabinete estatal.
La reunión del CPFF concluyó con un resultado que constató el rechazo mayoritario del mapa autonómico. La propuesta del Ministerio de Hacienda salió adelante de forma ajustada con el único voto favorable del Gobierno central, Cataluña y Canarias. El resto de las autonomías de régimen común votaron en contra, incluyendo tanto a las comunidades gobernadas por el Partido Popular como a las dirigidas por barones socialistas como Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha y Adrián Barbón en Asturias. La Junta destacó que este dictamen negativo representa a administraciones que engloban al 90% del territorio español.
Críticas desde la izquierda
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, afirmó que no existen argumentos contables que justifiquen el rechazo de la Junta a un borrador que asignaría a Andalucía 4.846 millones de euros adicionales en el ejercicio 2027. Montero subrayó que esta cifra sitúa a la comunidad como la mayor beneficiaria neta del nuevo reparto en términos absolutos, superando incluso la cifra de 4.000 millones de euros que el propio presidente Juanma Moreno reclamaba de forma recurrente. La dirigente socialista censuró que el Gobierno andaluz prefiera mantener la confrontación institucional con el Estado antes que asegurar esta partida presupuestaria.
Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, calificó la decisión del Gobierno autonómico de incomprensible desde el punto de vista de la gestión pública. Maíllo contrapuso la negativa de la Junta a ingresar cerca de 5.000 millones adicionales con las políticas fiscales del Ejecutivo regional, que han supuesto una reducción de 1.000 millones de euros en la recaudación propia, o con el rechazo a la propuesta de condonación de deuda estatal, cifrada para Andalucía en casi 19.000 millones. El representante de la confluencia instó al presidente andaluz a priorizar el fortalecimiento de los servicios esenciales sobre la estrategia del Partido Popular y Vox.
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