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Los requisitos de Vox son más incómodos para Moreno que para otros líderes regionales del PP.
Aunque Juanma Moreno Bonilla reiteró ayer su preferencia por seguir gobernando en solitario tras el resultado de las elecciones del domingo en las que perdió la mayoría absoluta, tanto su próximo ejecutivo como las políticas que aplique vendrán determinadas por Vox. Es lo que le ha hecho saber la formación de Santiago Abascal como condición para darle los dos votos que necesita para volver a ser investido presidente de la Junta de Andalucía.
El candidato popular había planteado su campaña en busca de los votos necesarios para no depender del respaldo de la extrema derecha, pero ahora deberá hacer compatibles las promesas de moderación, centralidad y estabilidad a su electorado con las condiciones fijadas por Vox para los pactos autonómicos del superciclo electoral que han cerrado los comicios andaluces: prioridad nacional, recorte radical de la burocracia y fuertes bajadas de los impuestos autonómicos.
Unos requisitos más incómodos para Moreno Bonilla que para el presidente aragonés recién reelegido, Jorge Azcón, o incluso que para la presidenta de Extremadura, María Guardiola, quien argumenta que los términos de su acuerdo con Vox "valen para toda España" y que permitirían a su compañero del PP andaluz continuar gobernando sin renunciar a sus valores.
Lo cierto es que la formación de Abascal ya respaldó la primera investidura de Moreno Bonilla en el año 2019 sin formar parte del Ejecutivo de coalición entre PP y Ciudadanos, pero lo hizo en unas circunstancias políticas muy distintas a las actuales. Ahora pretenden "hacer valer" sus escaños para condicionar unas políticas autonómicas que consideran insuficientes tanto en el ámbito fiscal como en la protección a las familias.
Lo último pretenden vehicularlo priorizando a los ciudadanos con nacionalidad española frente a los inmigrantes en la concesión de ayudas públicas y el acceso a la vivienda. Un filtro que los populares han matizado hablando de "arraigo territorial" tanto en Extremadura como en Aragón, y cuya aplicación práctica el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que va a monitorizar para recurrir ante los tribunales cualquier criterio discriminatorio que vaya contra la ley.
Por otro lado, las exigencias en materia de impuestos de Vox -bajar más el IRPF y eliminar todos los tributos propios- pueden limitar sobremanera el margen presupuestario del futuro gobierno andaluz pese a los superávits logrados en los ejercicios 2024 y 2025.
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