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La consejera, Carolina España, y la ministra, María Jesús Montero, el pasado miércoles. efe / J.J. Guillén Política andaluza Por qué Andalucía rechaza el modelo Montero de financiaciónMás allá de las cuestiones políticas, existen causas técnicas que hacen que la Junta considere perjudicial el nuevo sistema de propuesto por la vicepresidenta del Gobierno
Sevilla
Domingo, 18 de enero 2026, 00:25
... por María Jesús Montero lo ha puesto en el primer plano de la actualidad.Durante los meses y los años que han precedido a la presentación de la nueva propuesta, uno de los principales argumentos de la Junta de Andalucía en su confrontación con el Gobierno central ha sido el perjuicio que el actual sistema causa a sus arcas. La comunidad andaluza es la tercer comunidad peor financiada de España y su reclamo, primero realizado por los gobiernos socialistas de la Junta y después por los presididos por Juanma Moreno, de que se cree un fondo de compensación para igualar su financiación a la media ha sido sistemáticamente desoída.
En estos reclamos, la Junta de Andalucía puso históricamente sobre la mesa dos cifras que deberían sumarse a los recursos anuales que se reciben actualmente: 1.500 millones de euros, cantidad necesaria para igualar su actual financiación a la media, y 4.000 millones, cifra estimada como necesaria para una prestación adecuada de los servicios públicos.
En el modelo elaborado por el equipo de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata socialista a la presidencia de la Junta, la cifra adicional que recibiría Andalucía es superior a esas cantidades, 4.846 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno andaluz ha mostrado una oposición frontal al nuevo modelo. ¿A que se debe este rechazo?
Razones políticas y financieras
Existen, como es evidente, razones políticas, pero también motivos financieros que han hecho llegar a la conclusión que con la aplicación de este nuevo sistema Andalucía seguiría estando perjudicada y que lo que hoy puede presentarse como una solución podría acabar convirtiéndose en una losa en los años venideros.
Las razones políticas han sido presentadas insistentemente. La más importante es que el modelo fue negociado en exclusiva con una fuerza política determinada, Esquerra Republicana, principal socio parlamentario del Gobierno. También, que se hayan ajustado las variables para que Cataluña quedara en tercer lugar como receptora de recursos (el mismo que ocupa como aportante), lo que permite que en su caso se cumpla el llamado principio de ordinalidad. Tampoco ha ayudado que no se haya entregado a las comunidades autónomas la información detallada que les permita realizar cuentas exactas, lo que ha provocado que un estudio realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), se haya convertido en referencia para la toma de posiciones.
Pero más allá de las cuestiones políticas, los argumentos del ámbito financiero que no convencen al Gobierno andaluz son varias, empezando por el hecho de que las cifras absolutas que se presentan, con los 4.846 millones de euros adicionales, se estiman en la actual situación de expansión económica pero no se garantizan ante una eventual variación del ciclo económico.
Por debajo de la media
El modelo propuesto, además, tiene un aspecto que llevaría a que la situación relativa de Andalucía en el conjunto de España no variaría, ya que seguiría estando financiada por debajo de la media por habitante. Andalucía ocupa ahora la tercera posición por la cola y con la aplicación del nuevo modelo subiría dos peldaños, aunque seguiría recibiendo menos recursos que el promedio general. Después de 14 años percibiendo menos recursos que la media española, resulta impensable que la Junta dé su aprobación a un sistema que la seguiría manteniendo por debajo de ese umbral.
Si con el actual sistema son cinco las autonomías cuya financiación por habitante se sitúa por debajo de la media, con el modelo propuesto las perjudicadas pasarían a ser nueve. Esto es consecuencia de la escalada de Cataluña, que aunque ya estaba por encima de la media pasa de la novena a la tercera posición con un aumento sustancial de sus ingresos.
Con el nuevo modelo, la brecha de financiación media por habitante entre Andalucía y la comunidad catalana se dispara de 148 a 389 euros por habitante y año.
Es decir, que Andalucía no solamente sigue quedando por debajo de la media de todas las comunidades, sino que también la desventaja comparativa con la comunidad catalana se ahonda, lo que es sustancial ya que se trata de la segunda y la tercera economías de España y las dos más comunidades más pobladas. En un cálculo según el cual el valor 100 sería la media de financiación por habitante ajustado, Andalucía apenas alcanzaría el 96,2 y Cataluña llegaría al 106,6.
Detalles
El Gobierno andaluz, aunque se ha explayado a través de la consejera de Hacienda y otros portavoces en los motivos políticos por los cuales rechaza este modelo, no ha explicado aún en detalle los aspectos técnicos o financieros en los que sustenta su oposición. Sin embargo, a partir del análisis de informe de FEDEA se pueden deducir algunos de estos motivos.
Algunos los nuevos elementos que se incorporan al nuevo sistema de financiación, no aportan a Andalucía recursos adicionales, como es el caso del IVA de pymes, un recurso que el informe califica de «imaginativa excusa que se ha buscado para darle a Cataluña una jugosa prima de financiación a cuenta del IVA de las pymes societarias».
El nuevo modelo también incorpora recursos adicionales a las comunidades pequeñas en concepto de costes fijos de los servicios públicos algo contra lo que también arremete el estudio de FEDEA al considerarlo un mecanismo «peculiar que supone implícitamente que los costes fijos son en realidad crecientes con la población, pero sólo hasta un cierto punto, tras el cual desaparecen».
Hay, además, otros aspectos llamados a generar conflictos si el Gobierno consigue finalmente que el modelo entre en vigor. El incremento de los recursos con los que se alimentará al sistema de financiación proviene de la inclusión en el cesto de los impuestos con los que se dota el modelo de todos lo impuestos que actualmente son de gestión autonómica, de manera que lo que cada autonomía recaude por estos gravámenes se consideraría parte de los recursos que le corresponden por financiación autonómica. Pero esa suma se realiza considerando lo que se hubiese recaudado aplicando el tipo máximo, no lo que efectivamente se obtiene aplicando rebajas fiscales.
A esto se suma la intención del Gobierno de imponer limitaciones a la capacidad normativa de las comunidades en materia de impuestos con el objetivo de impedir lo que considera 'dumping fiscal', lo que algunos gobiernos autonómicos cómo Andalucía entienden como un atentado a la autonomía fiscal.
En este aspecto, no obstante, lo que FEDEA considera más preocupante es la propuesta de avanzar hacia un sistema asimétrico y a la carta de la gestión tributaria en red que podría terminar con la ruptura efectiva del principio de caja úníca que dejaría al Estado en una situación fiscal precaria.
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