- RICARDO T. LUCAS
Prohibiciones, regulaciones, restricciones... A falta de poder aprobar reformas de calado, el Gobierno de PSOE y Sumar ha puesto en marcha toda una caza de brujas contra el sector privado.
La última gran reforma aprobada por el Gobierno data de mediados de 2023. Fue la Ley de Vivienda, que generó gran litigiosidad con las comunidades autónomas al invadir sus competencias en la materia, y cuyas consecuencias son visibles en el mercado inmobiliario, con los costes del alquiler en máximos y el desplome de la oferta de pisos disponibles. Pero tras las elecciones del 23 de julio y la nueva investidura de Sánchez en noviembre de aquel año, la producción normativa del Ejecutivo se ha limitado a cumplir las exigencias del separatismo. Para tratar de combatir la percepción de parálisis reformista, el presidente se ha prodigado desde el pasado otoño en anunciar medidas impactantes con un denominador común: atacar la iniciativa privada.
Una pléyade de sectores se han visto señalados públicamente por supuestamente estar cometiendo abusos, pero sin que el Gobierno haya dado detalles de los mismos. Eso sí, le han servido de excusa para lanzar una batería de regulaciones restrictivas contra la educación y la sanidad privadas, las empresas dedicadas al alquiler de temporada, las redes sociales o los fabricantes de bebidas energéticas.
"No vamos a permitir la codicia", afirmó el presidente al anunciar las medidas para intentar frenar la subida de los alquileres, obviando de nuevo que son precisamente las medidas aprobadas por su Ejecutivo las que han desplomado la oferta y, en consecuencia, han elevado su coste.
De forma reveladora, el discurso de Sánchez y sus ministros no se ha focalizado en la calidad de los servicios ofrecidos por estas empresas, sino en los presuntos excesos cometidos o su creciente cuota de mercado. Así ha sucedido con la ofensiva contra la gestión privada de hospitales de titularidad pública, que la ministra de Sanidad, Mónica García, justificó para "poner coto al ánimo de lucro", pero lo cierto es que éstos ofrecen mejores niveles de atención, eficiencia y satisfacción de los pacientes que el promedio de los centros gestionados por las Administraciones Públicas, sean las comunidades autónomas o el propio Estado en el caso de los hospitales de Ceuta y de Melilla. Es paradójico que los centros de las ciudades autónomas, los únicos controlados directamente por el Ministerio, sean los que presenten las peores calificaciones del país en todas las categorías asistenciales.
Quejas ciudadanas
La ministra ha sido incapaz de frenar hasta ahora la huelga de médicos del sistema público, que reclaman un estatuto propio y diferenciado de los demás profesionales sanitarios. Los paros en semanas alternas han agravado la saturación de los centros de atención primaria y las esperas en los hospitales. La sanidad pública está, de hecho, en el centro de las crecientes quejas de los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo por el constante deterioro de los servicios públicos.
Este parece ser el objetivo último de la ofensiva contra la iniciativa particular: desviar el foco de la desastrosa gestión del sector público, que afecta desde el transporte de viajeros a la educación obligatoria y la universitaria, pasando por el reparto postal o los servicios de empleo pese al fuerte aumento de la carga fiscal durante los últimos años. Los datos relativos al gasto público en mantenimiento de vías férreas por pasajero ha caído al nivel más bajo en una década, según el Instituto de Estudios Económicos, mientras que cada familia paga un 25% por IRPF y el Impuesto de Patrimonio que en el año 2018, de acuerdo al Impuestómetro del Instituto Juan de Mariana.
'Combatir los chiringuitos'
Sánchez también ha justificado los decretos contra la iniciativa privada en la necesidad de "combatir los chiringuitos" que a su criterio han surgido en actividades como la formación profesional o las universidades, pese a que esos centros disponen de la preceptiva autorización otorgada por la administración competente en cada caso. De nuevo, es el aumento de las matriculaciones en centros privados, que pasa por ser el mejor termómetro de la calidad de los mismos por los alumnos y sus padres, lo que inquieta al Ejecutivo de PSOE y Sumar. En vez de analizar las causas de la creciente preferencia de las familias por la enseñanza privada en detrimento de la pública (la masificación de ésta, su instrumentalización ideológica o la falta de medios técnicos), el presidente ha preferido sembrar sospechas sobre las iniciativas privadas que han sabido ofrecer un mejor servicio que la pública y en condiciones competitivas.
El carácter antiempresa del decreto contra la guerra en Irán
El despliegue de las medidas de ayuda frente a las consecuencias de la guerra en Irán ha sido otro caso en el que el Gobierno ha optado por no ir de la mano de las empresas. Al contrario, desde el primer momento el discurso de los ministros se llenó de avisos a las compañías para que no subieran sus precios ni repercutieran en estos los mayores costes por la crisis bélica. Sumar pretendía imponer un tope a los precios de la energía y otros productos, pero el Gobierno se limitó a reforzar los poderes de la CNMC para monitorizar el precio de venta de los productos básicos, entre ellos los carburantes y la electricidad. La coalición de Yolanda Díaz sí logró imponer la aprobación de un segundo decreto para limitar la revalorización de los alquileres durante los dos próximos años, algo que justificaron con la retórica de impedir los abusos de los "fondos buitre" pese a que su peso en el mercado es muy escaso: controlan un 7% de los pisos en alquiler. Aunque lo más probable es que el decreto decaiga si lo rechaza el Congreso, los expertos alertan de que ha generado mayor inseguridad para los pequeños propietarios.
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