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María Guardiola (PP) y Óscar Fernández (Vox). J. M. Romero PP y Vox cierran un 'acuerdo puente' para evitar la parálisis en Extremadura a la espera del definitivoAcaban con el desbloqueo y consensúan un decreto-ley que amplía el marco de actuación de un Gobierno en funciones
A. B. Hernández y Álvaro Soto
Badajoz | Madrid
Viernes, 13 de marzo 2026, 13:19
... amplía el marco de actuación de un Gobierno en funciones en la autonomía para blindar los servicios públicos y evitar que la paralización administrativa continúe casi tres meses después de las elecciones.«Apostamos por una negociación discreta, con constante intercambio de propuestas y compromiso para que la región tenga gobierno lo antes posible. Si es mañana, mejor que pasado», ha señalado el líder autonómico de Vox, Óscar Fernández, al presentar el pacto. «Como dijimos siempre, si se negocia con discreción y sin ruido, los acuerdos llegan», ha agregado Fernández, que sin embargo, ha mantenido la prudencia sobre la situación actual del contenido de las negociaciones.
Con este gesto, Vox trata también de sacudirse la etiqueta de «partido del bloqueo», una idea que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, agita en todos sus actos electorales, como actualmente en Castilla y León. De esta forma, la formación de Abascal evita ser señalado como culpable de la falta de ejecutivos autonómicos y de paso, ensaya para un acuerdo definitivo que llegará después de los comicios castellanoyleoneses de este domingo.
El decreto-ley
Según ha informado en nota de prensa la Junta de Extremadura, el Consejo de Gobierno ha aprobado en sesión extraordinaria un decreto-ley para modificar la Ley 4/2015, de 26 de febrero, con el objetivo de adaptar la situación de un Gobierno en funciones a las necesidades reales de los ciudadanos extremeños. «De esta manera, el Gobierno regional garantiza el funcionamiento ordinario de la administración y la prestación de los servicios públicos en Extremadura», indica el Ejecutivo en funciones.
El decreto-ley parte de la idea de que «un Gobierno en funciones debe actuar con prudencia y sin tomar decisiones que condicionen políticamente al futuro Ejecutivo, pero eso no puede traducirse en una administración paralizada ni en problemas para atender a los ciudadanos».
La regulación vigente hasta ahora era «excesivamente rígida» a juicio de la Junta, «incluso más restrictiva que la legislación estatal y que muchas normas autonómicas». En la práctica, añade, «la Ley 4/2015 imponía limitaciones que iban más allá de lo razonable y dificultaban la gestión ordinaria de la administración».
Según recoge el propio decreto-ley, esas limitaciones podían terminar afectando al funcionamiento normal de la Junta y, sobre todo, a la prestación de servicios públicos, especialmente cuando la situación de interinidad se prolonga en el tiempo.
De hecho, «la duración prolongada de un Gobierno en funciones se suma a la circunstancia de que las elecciones autonómicas se celebraron en diciembre, coincidiendo el periodo de interinidad con el inicio de un nuevo ejercicio presupuestario. Esto dificulta la puesta en marcha de muchas actuaciones propias del arranque del año».
Con este decreto-ley, la Junta corrige unos límites que estaban impidiendo sacar adelante actuaciones necesarias para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos, «siempre que existan razones de urgencia, interés general o la necesidad de garantizar la ejecución de fondos finalistas».
La norma aprobada facilita actuaciones como la firma de convenios, la tramitación de expedientes necesarios para la actividad administrativa, la canalización de fondos públicos o la gestión de procesos selectivos y de necesidades de personal ya comprometidas. El texto advierte que la regulación anterior ponía en riesgo la ejecución en plazo de los fondos finalistas «y podía afectar al funcionamiento de ámbitos esenciales para la vida diaria de los extremeños, como la sanidad, la vivienda, la industria, la educación o los servicios sociales».
Subvenciones
En el ámbito de las subvenciones, el decreto-ley permite dar continuidad a ayudas directas dirigidas a entidades públicas y privadas que desarrollan actividades de interés general, especialmente en áreas vinculadas a los servicios sociales, la inclusión, la atención a la discapacidad o a las personas mayores.
En materia de función pública, la nueva norma evita que la situación de interinidad impida seguir desarrollando actuaciones ordinarias sujetas a plazos legales o vinculadas a ofertas de empleo ya aprobadas. Entre ellas, reconoce el Gobierno en funciones pese a lo que ha venido asegurando, «la convocatoria prevista para esta anualidad para el acceso al cuerpo de maestros, cuya tramitación se veía directamente afectada por las limitaciones de la normativa vigente hasta ahora».
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