José María Llanos (Vox) y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Rober Solsona / EP
Valencia PP y Vox pactan que los "centros de menas" se ubiquen "a las afueras" de las ciudades para "evitar problemas de seguridad"La propuesta, que saldrá adelante en el pleno de este miércoles, se convertirá en un mandato al Gobierno autonómico por parte del parlamento valenciano.
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Marta Gozalbo Valencia Publicada 1 abril 2026 06:00hPP y Vox han llegado a un acuerdo sobre la Proposición No de Ley presentada por el partido de Santiago Abascal que busca "aplicar medidas urgentes frente al aumento de la inmigración masiva y sus negativas consecuencias en la Comunitat Valenciana".
El texto definitivo, que será votado este miércoles en el pleno de Les Corts Valencianes, insta al Gobierno valenciano a "promover la ubicación de los centros de menores extranjeros no acompañados a las afueras de los centros urbanos, con la finalidad de que los menasno generen problemas de convivencia ni de seguridad".
Pero también a promover la firma de acuerdos para "la reintegración de los menas bajo tutela de la Generalitat en sus países de origen" con el fin de "facilitar la reagrupación familiar" o que asuman la tutela de los menores "los servicios de protección de sus países de origen".
Vox celebra que Pérez Llorca asuma sus exigencias y reivindica las leyes impulsadas junto al PPMediante el escrito, el parlamento pide al Gobierno que "impulse un programa de retorno voluntario y de reintegración para facilitar a las personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana volver a su país de origen". O "colaborar con asociaciones, administraciones y entidades para facilitar el cumplimiento" de retorno voluntario.
El cuarto y quinto punto, insta a que se rechacen "las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en España" y se "refuerce el nivel de seguridad de los centros de menores extranjeros no acompañados".
Por último, también reclama que se publiquen estadísticas periódicas "relativas a la delincuencia y la inseguridad asociadas a la inmigración masiva en la Comunidad Valenciana". Algo que el PP ya aceptó incorporar al Plan Estadístico de la Generalitat el pasado mes de octubre.
Conviene recordar que en el pleno de investidura de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat, el entonces candidato ya se comprometió con algunas de estas exigencias y tesis de Vox en materia de inmigración.
En su discurso, consideró oportuno que se averiguase "la identidad y los datos de origen de las personas" que cometieran delitos. "No se tiene que tener miedo", dijo. Según el popular, esto no significaba "ser racista", "ni señalar o condenar a nadie", sino que permitiría "preservar la convivencia y la seguridad de las personas".
También justificó que el rechazo a la "inmigración masiva y mal gestionada", en que este tipo de llegadas suponían, en el caso de la Comunitat Valenciana, "aumentar la presión de unos servicios públicos" que ya de por sí funcionan al "límite" por la infrafinanciación que tiene la autonomía.
Sin embargo, todo quedó acotado a un mero discurso. No hubo ningún papel firmado, ningún pacto escrito con el que él mismo como futuro jefe del Consell se comprometiera.
Pero la PNL que se validará este miércoles cambia ese escenario. La iniciativa saldrá adelante con el apoyo de PP y Vox después de que ambas formaciones hayan llegado a un acuerdo sobre el contenido, según explicó el portavoz del grupo popular, Nando Pastor.
A partir de entonces será un mandato al Consell. Un posicionamiento de la mayoría de la Cámara, que insta a Llorca y su Gobierno a ejecutar estas medidas, aunque no exista en la práctica obligación legal de hacerlo.
Desaparecen exigencias al Gobierno
La PNL que saldrá adelante ha sufrido, eso sí, algunos cambios desde que inició su periplo parlamentario. La original, de hecho, incorporaba una serie de medidas que el parlamento autonómico reclamaba al Gobierno central.
La "repatriación de los inmigrantes que accedieran de forma ilegal a la nación" o "establecer la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales o servicios públicos", eran algunas de ellas.
El texto había generado diferencias entre PP y Vox por la dureza de algunas partes del articulado, por lo que los populares registraron en la noche del lunes una enmienda para matizar varios puntos de la propuesta. Pero los cambios afectaban tan solo al apartado en el que se dirigían al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
A modo de ejemplo, en el punto en el que se exigía la "repatriación de inmigrantes" agregaban una coletilla final: que solo se hiciera en caso de que estos cometieran un delito. Respecto al reparto de ayudas, que se tuviera en cuenta el "arraigo" o que las "prestaciones" fueran vinculadas a la "búsqueda activa de empleo".
Sin embargo, este mismo martes, antes de que arrancara la sesión plenaria, el Partido Popular registró dos nuevas enmiendas: la primera, para retirar todas las modificaciones que había propuesto. La segunda, directamente suprimía todas las exigencias dirigidas al Gobierno de España.
Pero a pesar de ello, mantuvieron intacto el redactado dirigido al Ejecutivo de Llorca, que es precisamente el que busca tener un impacto en la acción del Gobierno autonómico.