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Protesta contra un asesinato de género. EFE Preocupación de los jueces por el aumento de maltratadas que no testifican contra sus maridosLas familias, vecinos y amigos no dan el paso de destapar la violencia de género, con solo el 1,9% de las 579 denuncias diarias
Madrid
Viernes, 19 de diciembre 2025, 12:11
... que les permite renunciar a testificar durante la instrucción y el proceso contra su marido o su pareja legal.Como destaca la presidenta del observatorio, la vocal del CGPJ Esther Rojo, es una tendencia «preocupante» ya que en muchas ocasiones el testimonio de la víctima no solo es la principal sino también la única prueba de cargo contra el presunto maltratador, con lo que la renuncia a declarar contra él puede abrir la puerta al archivo de la causa o a su absolución. Tras mostrar comprensión hacia todas estas mujeres, que en muchas ocasiones actúan así por miedo o dependencia del agresor, Rojo les transmitió un mensaje de «tranquilidad». «Existen -les recordó- mecanismos para evitar la confrontación directa de la víctima con el agresor cuando tienen que declarar en el órgano judicial y hay diversos tipos de medidas diseñados para protegeros a vosotras y a vuestros hijos».
Lo más positivo es el compromiso de los tribunales, con un 85% de condenas a agresores, lo que ha terminado con la impunidad
El contrapunto positivo a este dato es que, de hecho, el porcentaje de condenas a maltratadores en los tribunales españoles ronda los máximos. El 85% de las causas por violencia de género que llegan a juicio termina en condena del agresor, proporción que incluso roza el 95% en las condenas dictadas por los juzgados especializados de violencia contra la mujer. «Que casi nueve de cada diez sentencias dictadas por los órganos judiciales contengan un fallo condenatorio evidencia el elevado nivel de eficacia alcanzado por la Administración de Justicia en una materia, como es la violencia de género, con una importante dificultad probatoria», subraya Rojo, quien añade que «el elevado porcentaje de condenas revela que ha descendido el margen de impunidad para estos delitos».
Romper el silencio
El segundo dato negativo del informe del Poder Judicial es que los entornos más próximos a las víctimas, sus familiares, amigos, vecinos o compañeros de trabajo, siguen ignorando los reiterados llamamientos de los responsables políticos y policiales y de los expertos para que den un paso al frente y se impliquen en frenar esta lacra. Se trata de un silencio, en ocasiones cómplice, que impide proteger sobre todo a las víctimas más dependientes y temerosas de sus agresores. De las aproximadamente 579 denuncias por maltrato que cada día llegan en España a las comisarías o los juzgados solo el 1,92% proceden de familiares o allegados. No solo son pocas sino que van a menos. «Solo rompiendo el silencio y dando un paso adelante se puede salir de la espiral de la violencia, para lo que la implicación del entorno resulta fundamental», recuerda Rojo.
Las 53.268 denuncias por violencia de género a 49.156 víctimas presentadas el verano pasado en España están en la media de igual periodo del año anterior. Casi tres de cada cuatro las pusieron las propias víctimas, el 16% son fruto de intervenciones policiales y el 7% proceden de partes de lesiones remitidos por profesionales sanitarios o servicios asistenciales. Las denuncias apuntan a que en España hay casi 20 maltratadas por cada 10.000 mujeres, con tasas muy por encima de la media en Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Región de Murcia y Cantabria. Los territorios con menor proporción de maltrato son Galicia, La Rioja y Castilla y León.
Los tribunales españoles adoptaron el verano pasado 8.920 órdenes de protección para las víctimas de la violencia de género y sus hijos, que son siete de cada diez de las solicitadas, tres puntos más que un año antes. La gran mayoría son prohibiciones de la comunicación con la víctima y órdenes de alejamiento. También hay otras medidas complementarias civiles para la protección de la víctima y de su familia, como la obligación del pago de pensiones alimentarias, atribuciones provisionales de la vivienda o suspensiones del régimen de visitas, de la guardia y custodia o de la patria potestad del maltratador sobre los hijos.
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