Proteger Ceuta es proteger el Estado de derecho

LA TRIBUNA

Una frontera segura no es simplemente una frontera cerrada. Es una frontera en la que el Estado sabe quién entra

SALVADOR GONZÁLEZ. PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Hay algo que no debería resultar controvertido: España tiene el derecho y la obligación de proteger sus fronteras. No hace falta recordar tampoco que Ceuta ... es España, como lo es Málaga, Madrid o Melilla. Pero hay otra obligación que tampoco admite matices: España debe proteger los derechos de las personas que llegan a sus fronteras. Las dos afirmaciones no compiten entre sí, sino que forman parte de la misma idea de Estado de derecho.

Una frontera segura no es simplemente una frontera cerrada. Es una frontera en la que el Estado sabe quién entra, puede detectar riesgos, identifica a quien necesita protección y dispone de mecanismos para ejecutar los retornos cuando legalmente corresponda. El orden no está fuera del Derecho: necesita del Derecho.

Y aquí aparece una cuestión esencial. La entrada irregular es un hecho jurídico relevante, pero no una sentencia sobre la persona. Entre quienes llegan puede haber personas sin derecho a permanecer en España, pero también quienes huyen de una guerra o una amenaza grave contra su vida o sus derechos. Puede haber, menores que han llegado solos y cuya protección corresponde a las administraciones españolas. Porque un niño no deja de ser niño porque haya cruzado irregularmente una frontera.

El nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que entró en vigor 12 de junio de 2026, incluye controles de identidad, seguridad, salud y vulnerabilidad, procedimientos fronterizos y un mecanismo europeo de solidaridad para los países sometidos a mayor presión migratoria. Pero incluye procedimientos más rápidos y comunes, pero también garantías, asistencia jurídica, estándares de acogida y protección para las personas vulnerables. Asimismo, establece que los procedimientos de retorno deben llevarse a cabo respetando los derechos fundamentales y con las debidas garantías.

Por eso, la discusión no debería plantearse como una elección entre seguridad y derechos humanos. Una frontera controlada sin garantías puede convertirse en arbitrariedad. Y unas garantías sin capacidad efectiva para gestionar la frontera pueden convertirse en un sistema incapaz de responder a la realidad. Entre ambos extremos está el Estado de derecho. Y ahí, en medio de esa tensión, está la Abogacía.

Los abogados del Turno de Oficio que trabajan en Ceuta ocupan una posición singular. Son profesionales que viven en la ciudad, que tienen allí a sus familias y que, por tanto, conocen directamente las dificultades que atraviesa la sociedad ceutí. Pero cuando se ponen la toga, su obligación no cambia en función de quién esté delante: español o extranjero, popular o impopular, persona con derecho a permanecer o persona cuya devolución proceda conforme a la ley.

La función de los profesionales de la abogacía siempre es la misma: garantizar que cada persona tenga un procedimiento justo, pueda alegar lo que corresponda y reciba una decisión adoptada conforme a Derecho. Eso no significa defender la inmigración irregular, sino defender las reglas que permiten al Estado decidir sobre la inmigración de manera legítima.

Nuestra profesión lo expresa con claridad desde el momento de la jura: acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, ejercer con libertad e independencia, lealtad al cliente, consideración al compañero, respeto a la parte contraria y secreto profesional.

Y esa misma Abogacía debe defender con igual claridad a Ceuta, a Málaga, o a Madrid y a quienes viven en ellas. Defender que una persona pueda solicitar asilo no significa negar el derecho de una comunidad a vivir segura. Exigir el control de las fronteras no significa aceptar que alguien pueda ser privado de sus derechos sin un procedimiento individualizado. Las dos cosas son Derecho.

Porque cuando las circunstancias se complican, cuando las cifras se convierten en titulares y el debate público reduce realidades complejas a posiciones enfrentadas, es cuando más falta hace recordar una idea sencilla: detrás de cada expediente hay una persona y detrás de cada frontera hay una comunidad.

Proteger Ceuta no significa rebajar el Estado de derecho. Significa demostrar que el Estado de derecho es capaz de proteger Ceuta. Esa es la verdadera prueba: que España pueda controlar sus fronteras, garantizar la seguridad de sus ciudadanos, aplicar sus leyes y proteger los derechos fundamentales al mismo tiempo. No necesitamos menos Derecho para afrontar esta situación, sino más capacidad para hacerlo cumplir.

Y por eso, proteger Ceuta es proteger el Estado de derecho. Hoy, un día más, 18 abogados del Turno de Oficio están allí para hacerlo posible y trabajando sin descanso en una situación extraordinaria. No están defendiendo una frontera o una política migratoria; están defendiendo algo mucho más esencial: las reglas que nos hemos dado como sociedad para afrontar incluso los momentos más difíciles. Porque cuando el Estado de derecho funciona, funciona para todos. Y esa es la mejor manera de proteger Ceuta, de proteger a España y, en definitiva, de proteger nuestra democracia.