El PSOE y Sumar, que forman la mayoría en la Mesa del Congreso, tumbaron ayer las enmienda de Junts y el PP para instar a Pedro Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas. Se trata de una iniciativa que no tenía efecto legislativo alguno, sino que se había concebido para que la Cámara Baja se pronunciase en favor de ir a las urnas y pedirle al presidente que lo hiciera.
Pero luego éste podría decidir hacerlo o no, con total libertad y sin obligación alguna. Sería tan sólo una petición. Pero una con un peso político indudable: la mayoría de la Cámara le estaría pidiendo ir a las urnas no sólo de viva voz — cosa que ya ocurre- sino, además, con sus votos.
El argumento en el que se basó la Mesa para su veto es que la convocatoria de elecciones generales es una competencia que pertenece exclusivamente al presidente del Gobierno y, por tanto, las dos enmiendas "invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno".
Sin embargo, el propio criterio anterior de la Mesa contradice esta postura de máximos, por la cual se establece que el Congreso no tiene ninguna capacidad de votación sobre un asunto que competa exclusivamente al presidente.
Hasta en una decena de ocasiones recientes, en esta legislatura, la Mesa del Congreso ha aprobado que se tramitasen mociones o proposiciones no de ley referidas a competencias exclusivas del presidente, o de los miembros del Gobierno.
Y no ha ocurrido nada, después, ni se han visto invadidas las competencias del Gobierno. Porque para eso están las mociones y las PNL, para emitir un pronunciamiento mayoritario de la Cámara que le reclame al Gobierno a hacer algo. No obligan, sólo instan.
Por ejemplo: la presentación de los Presupuestos, que es una prerrogativa constitucional exclusiva del Ejecutivo. Pues bien, en octubre de 2025 la Mesa tramitó una moción consecuencia de interpelación urgente en la que se le reclamaba al Gobierno presentar los Presupuestos. En noviembre no sólo se votó, sino que se aprobó, con 171 votos a favor y 166 en contra.
Y en febrero de 2025, Junts logró que la Mesa tramitase una PNL suya pidiendo que el presidente plantease una cuestión de confianza. Es importante reiterar una vez más este matiz que es clave y análogo a todos los ejemplos: Junts no planteaba una cuestión de confianza, sino que le pedía a Sánchez que la planteara él, que es el único que puede hacerlo.
Más ejemplos. El artículo 97 de la Constitución establece que "el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado". Pero el Congreso puede instarle a que dirija esa política exterior de manera distinta.
Así lo hizo en mayo de 2024, con una moción consecuencia de interpelación urgente del PP por la cual el Congreso instó al Gobierno, entre otras cosas (se aprobaron siete de los ocho puntos), a "recuperar la posición histórica de neutralidad activa de España respecto al contencioso del Sáhara Occidental", dejando así sin efecto el bandazo de Pedro Sánchez en 2022, cuando se alineó por sorpresa, y sin explicar por qué, con las tesis expansionistas de Marruecos.
Esa moción también reclamaba "cumplir con el compromiso adquirido con la OTAN de invertir en Defensa hasta llegar al 2% del PIB en 2030", o "reafirmar la posición del Congreso de los Diputados respecto a la solución de los dos Estados encaminada a acabar con el conflicto en Oriente Próximo".
Por si fuera poco, se instaba al Gobierno a "exigir, en todos los foros internacionales que integra España, la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela".
Esto aflora una pregunta pertinente: ¿se puede votar en el Congreso sobre si debería haber elecciones en Venezuela pero no sobre si debería haberlas en España?
El artículo 100 de la Constitución establece que "los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su presidente". Y sólo del presidente. Como la cuestión de confianza. Pues bien, en estos últimos trimestres se han aprobado no una, sino dos mociones para instar al presidente a que ejecute el cese de sendos ministros.
El 24 de septiembre, la mayoría de la Cámara votó a favor de que el Pleno reprobase a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, instando a su cese por el fiasco de las pulseras antimaltrato.
También se admitió a trámite la proposición no de Ley del PP instando la reprobación y cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Es una competencia de Sánchez... pero se le puede pedir que la ejerza. La Mesa, esta vez, tampoco lo vetó.
Otras iniciativas sin efecto legislativo que se han tramitado pese a referirse a competencias indelegables y exclusivas del Ejecutivo se refieren con más profusión a la política de defensa, y hasta de tráfico, o, incluso, para reclamar al Gobierno que ejerza su potestad reglamentaria para el etiquetado inclusivo y en alfabeto braille.