Sin que sirva de precedente en la historia de tensiones y enfrentamientos protagonizada por Aragón y Cataluña durante años, numerosos pueblos de ambos territorios se han unido para tumbar un proyecto que, aseguran, perjudica a todos. Se trata de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) que une estas regiones desde Escatrón (Zaragoza) hasta La Secuita (Tarragona) y que el Gobierno de España, a través de Red Eléctrica, quiere modificar por completo en su afán por renovar el sistema eléctrico del país.
El Ejecutivo planea sustituir la MAT existente, que lleva instalada desde la década de los 70 y tiene una capacidad de 400 MW, por una de mayor envergadura, que permita un mejor flujo con sus 3.000 MW de potencia. Este proyecto ya fue incluido en la planificación marcada entre 2008 y 2016, pero la llegada de la crisis lo condenó a permanecer en el ostracismo durante años, hasta ver reflotada la situación económica nacional.
Una vez alcanzada la bonanza, al menos a nivel macro, Red Eléctrica pretende invertir más de 200 millones de euros en ensamblar una línea capaz de transportar la electricidad «allá donde se necesite» y «en ambas direcciones», sin establecer diferencias entre comunidades. «No tenemos que ver la energía como una guerra», aseguran fuentes de la delegación aragonesa de la compañía.
Para ello, pretenden "desmontar la línea existente y desviar el tendido hacia los pueblos a los que dará cobertura". Serán un total de 42 municipios los afectados y, a pesar de que la compañía eléctrica defiende que este es un proyecto "totalmente necesario para el desarrollo del territorio", la mayoría de ellos están en contra de su instalación.
Para comprobarlo nos desplazamos hasta Calaceite, uno de los pueblos más bonitos de España. Inmerso en la versión patria de La Toscana que muchas agencias de viajes anuncian que es la comarca de El Matarraña, este municipio es hoy un importante foco turístico de la provincia de Teruel. La mayoría de sus habitantes viven de ello y del sector agrícola, en concreto, de la producción de aceite de oliva. Su regidor, Juan Miguel Monclús (Teruel Existe), no quiere que se instale en su territorio una línea de Muy Alta Tensión porque, a su juicio, "es como si te ponen una autopista delante de la puerta de tu casa, pero no te dejan circular por ella".
En ese sentido, argumenta en una entrevista con EL MUNDO que "la MAT genera un impacto visual que afecta directamente a nuestros paisajes, que es de lo que vivimos, y no nos va a compensar con la atracción de empresas al territorio que puedan generar riqueza y dar trabajo a las personas del pueblo". Como indemnización por las afecciones, revela, su Ayuntamiento recibirá unos 35.000 euros de parte del Estado. "Nos dan las migajas que les sobran para que no protestemos, pero esa cantidad no nos sirve para nada", comenta bajo uno de los preciosos pórticos del municipio.
Alcalde de Calaceite, Juan Miguel Monclús BoiraToni GalánE.M.El posicionamiento de Calaceite no encuentra demasiados apoyos en otros pueblos de Aragón, ya que solo se han posicionado en contra del proyecto los vecinos de Caspe y Mazaleón, donde se han convocado varias manifestaciones para protestar por su instalación. A ellos, en el apartado institucional, sí que se ha sumado la Diputación de Zaragoza, que aprobó una moción presentada de forma conjunta por PSOE y Chunta Aragonesista para rechazar el tendido.
«La implantación de esta infraestructura supondría la instalación de numerosas torres de gran envergadura y líneas aéreas que afectarían directamente a fincas agrícolas, montes públicos y espacios de especial sensibilidad ambiental. Nuestra provincia alberga ecosistemas esteparios, áreas de alto valor para la avifauna y enclaves patrimoniales que forman parte de nuestra identidad histórica, elementos todos ellos que podrían verse gravemente alterados por el impacto visual, territorial y ecológico de esta línea», expresan en el escrito presentado a votación.
Como si los tiempos del lambanismo hubiesen regresado, los socialistas aragoneses deciden remar en contra de los intereses del Gobierno en la única institución que controlan en la región. Sin embargo, aseguran a este periódico que su posicionamiento «no está motivado por un interés político, sino que se trata de una cuestión de defensa de los agricultores de la zona».
Otros pueblos de la región por los que discurre la línea, como Maella, sí que están a favor de su reubicación. Su alcaldesa, María Elena Bondía (PP), defiende que esta localidad se va a ver «beneficiada» porque «vamos a pasar a tener menos torres cerca y vamos a recibir 200.000 euros de compensación que nos van a servir para construir un nuevo polideportivo». Considera, al igual que Red Eléctrica, que la instalación actual «está obsoleta» y su renovación «va a permitir la atracción de empresas al territorio al contar con una mayor capacidad energética».
Alcaldesa de Maella, María Elena Bondía PinósToni GalánE.M.A su ayuntamiento no le corresponde ninguna de las 15.000 alegaciones presentadas contra esta infraestructura. La mayoría de ellas han sido realizadas por los pueblos catalanes de la provincia de Tarragona, que consideran que este proyecto «no supone ningún beneficio para nuestro territorio».
Son declaraciones de Joaquín Paladel, alcalde de Batea y diputado del PSC en el Parlament. Al ser preguntado por este periódico, argumenta que «al llegar un proyecto de tal envergadura, lo lógico sería que parte de las ganancias se quedasen aquí, que tuviesen un efecto real en nuestras vidas».
El regidor de esta localidad tarraconense que roza los 2.000 habitantes critica que «el destino del dinero recibido como compensación tiene que estar admitido por Red Eléctrica» y, por tanto, debe tener una repercusión directa en las infraestructuras del municipio. El Ayuntamiento de Batea recibirá 200.000 euros de indemnización por parte del Estado, una cantidad que Paladel considera «irrisoria» y a la que, como alternativa, propone «la creación de un impuesto anual que permita la generación constante de riqueza y con el que podamos generar más empleo, que es lo que verdaderamente necesitamos».
A pesar de estas críticas, fuentes de la delegación de REE en Cataluña aseguran que «esta oposición se produce porque los alcaldes tienen que hacer su papel de alcalde, pero no es tan dura como se está planteando». Desde la compañía defienden la necesidad de la construcción de esta línea porque «no hay energía suficiente» y reivindican el trabajo de diálogo que están llevando a cabo pueblo a pueblo.
«Todo esto forma parte de un proceso de entendimiento en el que es normal que cada una de las partes luche por sus intereses, pero los alcaldes saben que esto es algo que debemos hacer», aseguran. Por ello, no dudan de que la MAT se va a empezar a construir en el plazo establecido, ya que la amplia mayoría de los propietarios de los terrenos ya han aceptado las ofertas económicas que les han planteado para evitar la expropiación, y podrán abordar la necesaria renovación energética de España.
La copia de Forestalia
La conexión energética entre Aragón y Cataluña siempre ha sido una importante cuestión estratégica para el Estado. También lo fue para Forestalia, que quiso instalar su propia línea de evacuación en el mismo recorrido que la planteada por REE para llevar la electricidad generada por sus parques hacia Barcelona y ampliar su relevancia nacional.
«Plantearon el mismo recorrido que queremos hacer nosotros ahora, pero jamás podrían haberlo hecho. Las líneas de transporte de energía son competencia exclusiva de Red Eléctrica y forman parte de una planificación acordada y ordenada por el Consejo de Ministros», explican fuentes de la empresa energética de gestión público-privada.
El gigante eólico y su hasta ahora presidente, el recientemente dimitido Fernando Samper, están hoy cercados por la UCO por, presuntamente, haber recibido un trato de favor por parte del Ministerio de Transición Ecológica para facilitar su meteórica expansión en Aragón. Por ello, una de las principales preocupaciones de Red Eléctrica es desvincular su proyecto del presentado por esta compañía, a pesar de las similitudes que puedan tener.