La población denuncia la inoperancia del Gobierno para ayudar a los municipios devastados y a las familias de los fallecidos, que se ven obligadas a abrir decenas de bolsas con restos en las morgues en busca de sus allegados
Regala esta noticia Añádenos en Google Una persona da irienda suelta a su desesperación en La Guaira. (EP)Miguel Pérez
29/06/2026 Actualizado a las 14:23h.A medida que transcurren los días desde el devastador doble terremoto de Venezuela, las quejas sobre el procedimiento de emergencia activado por el Gobierno de ... Delcy Rodríguez acumula más y más críticas en los medios no oficialistas. Poblaciones a las que todavía no ha llegado el auxilio del Estado, cadáveres rescatados de los escombros que han sido extraviados para desesperación de sus familias después de ser entregados a los servicios médicos y morgues atestadas sin patólogos ni medios suficientes de conservación se cuelan en mitad de una tragedia que mantiene al país conmocionado y cuyo epílogo parece todavía lejos de resolverse.
Sin embargo, también es una fórmula para hacer una aproximación del número real de desaparecidos que siguen bajo los escombros. El cálculo que se maneja eleva a 50.000 las personas en paradero desconocido, pero muchos temen que la cifra real nunca se llegue a conocer, como sucedió en diciembre de 1999, cuando las lluvias torrenciales dieron paso a grandes corrimientos de lodo de las montañas que arrasaron el Estado Vargas, hoy rebautizado como Estado de La Guaira y epicentro del terremoto.
En localidades como Carayaca, todavía se recuerda el efecto de aquella catástrofe, de la cual no existe un balance oficial de víctimas mortales. Hugo Chávez llevaba apenas diez meses como presidente y en esas fechas convocó el referéndum constitucional para refrendar su programa. Las lluvias torrenciales persistían. «Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca», proclamó el líder chavista cuando se le preguntó si peligraba su consulta.
Entonces, las montañas cedieron. Se tragaron pueblos enteros. La primera cifra oficial habló de 700 muertos, luego se elevó a 10.000, pero las estimaciones finales de las agencias de salvamento apuntan a un balance siete veces mayor que nunca ha sido reconocido por el Gobierno. También hubo cientos de niños que fueron entregados por sus familias a las fuerzas de seguridad para que los protegieran en refugios en medio de la desolación y que terminaron perdidos. Extraviados. No ha habido noticias de algunos de ellos hasta hoy.
«Aquí no hay autoridad»
El Estado de La Guaira ha convivido durante estos 27 años con muros hundidos y casas reventadas por aquellas riadas de barro, piedras y árboles arrancados que quedaron sin reconstruir. Ahora ya ni esos restos fúnebres existen. El fenómeno sísimico ha arrasado con todo.
«Estamos abandonados. Aquí no hay autoridad», declara a 'El Nacional' una vecina de este municipio de Carayaca, una parroquia montañosa al oeste de La Guaira que duplicó su población tras los deslaves de 1999 hasta alcanzar cerca de 50.000 habitantes. Es una potencia turística y un motor de la producción agrícola. En estos últimos cuatro días ha sido objeto de frecuentes saqueos, como el resto de la zona afectada.
A la localidad se llega desde Catia la Mar. Los caminos están agrietados y las cunetas se encuentran desbordadas con los escombros de las viviendas. Los vecinos duermen a la intemperie. Muchos creen que su futuro está sentenciado. Otros confían en que la misma tierra que les ha arrebatado decenas de vidas les devuelva un porvenir. Carayaca tiene 650 kilómetros cuadrados, es la parroquia más grande de Latinoamérica y hasta ahora era un emblema de aquel Decreto de Emergencia Económica que Nicolás Maduro proclamó tras su llegada al poder para impulsar la agricultura.
Pero eso es parte de la historia. A sus habitantes les duele el «olvido» del Ejecutivo de Caracas tras la desgracia. Denuncian que aquí no ha llegado Delcy, a diferencia del centro turístico de Macuto, donde ha perdido la vida un número indeterminado pero indudablemente alto de visitantes de vacaciones, y en el que la presidenta interina prometió una rápida ayuda y el restablecimiento de servicios básicos.
Voluntarios de Protección Civil, rescatistas extranjeros y, sobre todo, miles de civiles de la zona y de otras demarcaciones cercanas se encargan de organizar las labores de ayuda y abastecimiento en la comarca ante la notable ausencia de los equipos técnicos venezolanos, la Policía y el ejército. Lo mismo parece suceder en lugares como Las Tunitas o Caraballeda, reconocido centro turístico en el que se ha generado el lema popular «donde falta gobierno, sobra el pueblo». Aquí se ha obrado el milagro de que un equipo de rescate salvadoreño sacara con vida a una sexagenaria atrapada durante 86 horas bajo toneladas de escombros.
En el litoral guarense los padres y sus hijos se apostan junto a la carretera para pedir cualquier tipo de colaboración a los automovilistas. «Hace falta agua, leche, comida, pañales, ropa...», dicen las familias sumidas en el «desamparo total». «Hemos trabajado con las uñas» para buscar a posibles desaparecidos bajo los edificios colapsados, ilustra un vecino, emocionado porque han llegado jóvenes en moto a este remoto emplazamiento de la montaña «para ayudar». «Nada de militares o gobierno. ¿Aunque para qué los queremos si lo que hacen es dañar donde quiera que llegan? ¿Tú crees que no es una vergüenza que los mismos policías anden robando?», interroga una mujer a un periodista de 'El Nacional'.
Robar hasta los cables
La desorganización en este sentido parece llegar a todas partes. Los saqueos son frecuentes. «Nosotros estábamos sacando personas que habían muerto y en ese momento otros estaban saqueando, llevándose todo», relata Gregory Carvajal, de 37 años, a la agencia AFP desde el centro de La Guaira. Miles de establecimientos, en especial supermercados y farmacias, han sido vaciados. De algunos se han llevado hasta los cables y las manillas de las puertas. Sobrecoge que entre los asaltantes abundan los miembros de las fuerzas de seguridad y de las milicias que formó Nicolás Maduro.
En un vídeo que circula por las redes sociales se ve a un hombre que echa de su casa reventada a un militar. Otro muestra a los damnificados abucheando a un grupo de policías por tratar de llevarse dinero que han encontrado entre las ruinas. La organización de derechos civiles Provea afirma que «el abuso policial ya empieza a ser denunciado» y advierte de lo nefasto que «funcionarios policiales o militares» estén «participando también del saqueo». Sus responsables han exigido a Jorge Rodríguez que aclare además el balance de víctimas actual del terremoto, ya que existen discrepancias en las informaciones ofrecidas por el Gobierno desde este fin de semana.
La «debacle es absoluta» con las autoridades. Familiares de fallecidos denuncian que se están dando casos de cadáveres extraviados por la Policía y los servicios médicos. Cuerpos que los mismos vecinos rescataron ante la falta de suficientes medios del Gobierno y que luego entregaron con sus nombres escritos en los brazos o las piernas para que pudieran ser identificados en los hospitales, pero que luego no han sido localizados.
«Cuando llegamos a la morgue del puerto abrimos al menos cien bolsas de cadáveres para encontrar a nuestros niños, pero no estaban. Nos mandaron a la morgue de Bello Monte, pero no nos dan respuesta», relata un desesperado padre de familia que extrajó los cuerpos de sus dos pequeños de debajo de los restos de su casa. »No entendemos cómo estamos aún esperando la entrega de nuestros niños, cuando nosotros mismos se los dimos en las manos a las autoridades», añade en declaraciones a la web de medios independientes Efecto Cocuyo. Otro damnificado, Yorman José Torres, cuenta en la misma página cómo este domingo, al abandonar la mogue de Bello Monte, se percató de que los restos entregados por los forenses no pertenecían a su hermana, María Rosario, de 56 años, sino a una desconocida fallecida también en el terremoto. «¿Cómo pierdes un cuerpo cuando ya están todos los trámites hechos?», se pregunta indignado.
La respuesta quizá radique en el desbordamiento de todos los servicios dependientes de un Gobierno en funciones (el 2 de julio acaba el plazo constitucional para mantener esa interinidad), con una estructura civil endeble y al que los opositores acusan de querer ocultar la auténtica magnitud de la tragedia. El Ejecutivo, de hecho, ha impuesto un control para que los rescatistas puedan acceder a determinadas zonas devastadas y concentra a los periodistas a lugares previamente determinados del Estado. Por ejemplo, solo existen unas pocas imágenes de Los Silos, una morgue improvisada en el puerto de La Guaira donde al parecer solo dos patólogos trabajaban este fin de semana. El recinto contiene doce grandes almacenes que ahora se han ocupado con los cadáveres de las víctimas del seismo.
La inhumanidad se halla en cualquier rincón. El otrora emblema industrial del Estado está tocado ahora por la tragedia. El problema es la insuficiencia de personal administrativo y médico, que ralentiza la recuperación de los cuerpos por parte de sus familiares. Según los comentarios de los testigos. muchos allegados se ven obligados a revisar por sí mismos las bolsas apiladas en el suelo en busca de alguna señal física que permita reconocer a sus parientes debido a la ausencia de identificación forense y el estado de deterioro de los cadáveres. Las mismas fuentes aseguran que existen muy pocas cámaras frigoríficas, lo que fuerza a dejar decenas de cuerpos a la intemperie. «Es una locura», dice una mujer que lleva más de 30 horas de morgue en morgue en busca de su padre.
comentarios Reportar un error