Nueve años después de fugarse, su vuelta puede ser inmediata si el juez Llarena anula la orden de detención una vez el TC resuelva este martes
Regala esta noticia Añádenos en Google Carles Puigdemont, en la rueda de prensa que ofreció en Bruselas el 31 de octubre de 2017 tras fugarse de la justicia. (Efe) 04/10/2026 Actualizado a las 00:10h.El 1 de octubre es una fecha marcada con tinta indeleble en las biografías políticas de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. El de 2016, hace ... ahora diez años, fue el día que detonó la leyenda sobre el aguante del presidente tras ser defenestrado por la cúpula del PSOE en un convulso comité federal. Doce meses después, con la precisión de las casualidades, la Generalitat pilotada entonces por Carles Puigdemont consumaba la celebración de un reférendum por la independencia de Cataluña prohibido por el Tribunal Constitucional; a finales de ese mismo mes, el president cruzó la frontera para sortear la acción de la justicia española y se instaló en Waterloo, la localidad belga con ecos napoleónicos.
La aplicación final de la amnistía, trueque para la legislatura, coincide con la reflexión de Sánchez sobre si la finiquita o no
La paradoja es que el detonante del tercer mandato del líder socialista, la ley aprobada por la mayoría de la investidura en el Congreso el 30 de mayo de 2024 para exonerar a todos los encausados por el 'procés', va a acabar beneficiando al expresidente catalán cuando la legislatura agoniza porque Junts optó ya hace meses por dejar con respiración parlamentaria asistida al Ejecutivo de Sánchez. Un remate del círculo que resultaría del todo inesperado si, además, Puigdemont emprende el camino de vuelta desde Waterloo con las Cortes Generales disueltas y las generales precipitadas por decisión de Sánchez para intentar volver a hacer de la necesidad, virtud.
Este martes, a partir de las diez de la mañana, el pleno del TC tiene sobre la mesa la resolución de los dos primeros recursos de todos los presentados -por condenados por el 'procés' y por quienes continúan siendo hoy prófugos de la justicia- contra la negativa del Supremo a amnislos del delito de malversación. La Sala de lo Penal del alto tribunal considera que sí hubo enriquecimiento ilícito en torno a la organización del referéndum del 1-O no porque los encausados se metieran dinero público en el bolsillo, sino porque se lo ahorraron al promover con fondos del erario una iniciativa política que los magistrados creen de parte. Este argumento para no exonerar, en último término, a Puigdemont ha llegado vivo, vía impugnaciones en amparo, ante el Constitucional y después de que el Tribunal de Justicia Europeo (el TJUE) diera el pasado julio el espaldarazo concluyente a la polémica ley -rechazada en su día por el Senado bajo hegemonía del PP y por la mayoría de las comunidades autónomas-. Bajo el influjo de esta última sentencia, vinculante para la Magistratura española, el TC verá este martes, en segunda deliberación, el recurso de Jordi Turull, número dos de Junts y hombre de confianza de Puigdemont en el Govern de 2017, y también -éste en un primer debate- el de la exconsejera Dolors Bassa. El tribunal que dirige Cándido Conde-Pumpido ya declaró la ley de amnistía conforme a la Carta Magna en junio de 2025.
Los recursos de Turull y Bassa
La impugnación de Turull quedó varada en la corte de garantías en la sesión plenaria del 22 de septiembre, cuando los siete magistrados de la mayoría progresista rechazaron la ponencia elaborada por José María Macías, uno de los cinco miembros conservadores, favorable a mantener el criterio del Supremo y no exonerar de la malversación a los encausados. Macías llevará a la reunión de este martes una nueva propuesta de sentencia que plasmará esta vez el sentir mayoritario del TC. Y en paralelo, el presidente del tribunal sumará a la deliberación la ponencia que él mismo ha elaborado sobre el recurso de Bassa, en la que da la razón a la exconsejera y explicita que el Supremo debe anular la resolución en la que le denegaba la amnistía.
Fuentes del TC creen que Llarena levantará con prontitud el mandato de arrestarlo y el líder de Junts podrá cruzar la frontera
Esto significa que, de una forma u otra y a la espera de en qué términos se vehicula el contraste entre el más alto de los tribunales jurisdiccionales españoles y el garante de la Constitución, la asunción de las impugnaciones se hará extensiva al resto de recurrente despejando así el regreso de Puigdemont nueve años después de su fuga. Lo que se abrirá entonces es la incógnita sobre la inmediatez de esa vuelta. Fuentes del TC consultadas por este periódico creen probable que, una vez sentencie la corte de garantías, el instructor en el Supremo de la causa por la intentona separatista, Pablo Llarena, anule, por una parte, la orden de detención nacional que aún pesa sobre el líder de Junts y su exconseller Toni Comín y, por otra, eleve el sobreseimiento a la Sala de lo Penal, que es la competente para ejecutar la amnistía. Llarena precisó su criterio, tras el fallo de la justicia europea, en su auto del 15 de septiembre, pero mantuvo que sigue habiendo razones para arrestar por malversación a Puigdemont.
Estas fuentes aventuran que el magistrado podría reaccionar a la previsible decisión del TC con prontitud, incluso el mismo martes. Y constatan que el expresident puede cruzar la frontera cuando quiera una vez Llarena levante el mandato de detenerlo; un regreso con una fuerte carga política y simbólica, que podría consumarse con la legislatura que él permitió que echara a andar aún vigente o abortada por Sánchez antes de tiempo. La última vez, al menos que se sepa, que Puigdemont pisó su tierra fue el 8 de agosto de 2024, cuando ofreció un fugaz mitin en Barcelona para hacerse visible en la investidura del socialista Salvador Illa. Volvió a escaparse. Por entonces, Sánchez seguía negociando con él mes a mes, a través de su enviado a Suiza Santos Cerdán, hoy en la cárcel por corrupción.
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