- JAVIER AYUSO
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Para responder a esa pregunta es mejor formularla a la inversa: ¿Qué no es progresista? Y no lo es el sectarismo, venderse al poder, colonizar las instituciones, la corrupción o incumplir principios básicos de la Democracia.
Últimamente, a demasiada gente se le llena la boca de progresismo en España para defender postulados o acciones claramente indefendibles. Políticos, periodistas, juristas, jueces, fiscales, actores o personas de todas las profesiones que se definen como de izquierdas y presumen de una superioridad moral sobre el resto de los ciudadanos. Pero, ¿qué es ser progresista? Para responder a esa pregunta es mejor ponerla a la inversa: ¿Qué no lo es? Y no lo es el sectarismo, venderse al poder, aprovecharse del dinero público con esa etiqueta, colonizar las instituciones, la corrupción o incumplir los principios básicos de la Democracia, empezando por la división de poderes.
El Gobierno que lleva en el poder desde 2018 con la etiqueta de "coalición progresista" ha tomado importantes decisiones en estos casi ocho años que muestran una posición claramente de izquierdas. No cabe duda. Pedro Sánchez ha aprobado innumerables medidas sociales, con el concurso primero de Podemos y luego de Sumar, que lo sitúan claramente en el ámbito del progresismo. Pero eso no le ha impedido alejarse de la doctrina socialdemócrata que siempre ha defendido para poder obtener los votos de cuatro partidos nacionalistas o independentistas que le han llevado a renunciar a algunos de sus principios fundacionales. El nacionalismo y el independentismo son opuestos al progresismo. Y más si dos de los aliados del Gobierno, PNV y Junts, son partidos claramente conservadores. Pero tampoco ERC y Bildu pueden presumir de formaciones de izquierdas, porque siempre han puesto por delante el secesionismo a cualquier otro posicionamiento político.
Sánchez llegó al poder para luchar contra la corrupción y dar marcha atrás a la deriva conservadora de los años anteriores. Sin embargo, mientras ponía en marcha sus políticas sociales, actuaba de forma inmoral, incumpliendo sus promesas electorales para llegar al poder y permanecer en él. "Hacer de la necesidad virtud", decía el presidente. Los indultos a los delincuentes independentistas catalanes y, posteriormente, la amnistía que habían declarado inconstitucional hasta un día antes de su aprobación, forman parte de esas decisiones que solo tienen una explicación: comprar los 14 votos de Junts y ERC en el Parlamento.
Igual de grave y contraria al progresismo ha sido la colonización de la Justicia en sus principales órganos judiciales. El Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado fueron tomadas al asalto y puestas al servicio de las dudosas actuaciones perpetradas por el poder ejecutivo. Y, lo que es peor, desde La Moncloa y desde Ferraz se emprendió una durísima campaña de acoso y derribo contra jueces y fiscales que no seguían sus indicaciones. Nunca en Democracia se había producido un ataque tan furibundo al Poder Judicial.
Y qué decir de las actuaciones del fiscal general del Estado, condenado por filtrar información sobre un investigado y que se permite el lujo de defender, en una entrevista emitida este fin de semana, que él actuó dentro de la Ley y como se espera de un fiscal progresista que tiene que luchar contra las calumnias de los conservadores. Lo hace unos días después de que su sucesora haya llevado a cabo una purga en la institución, favoreciendo a los fiscales de su cuerda política y ascendiendo hasta a la esposa del condenado. ¿Dónde está el progresismo?
Gobernar sin el Parlamento
En su empeño por permanecer en el poder, el líder socialista ha incumplido otro de los principios de la Democracia, al gobernar prescindiendo del Parlamento. Ante la imposibilidad de ceder más ante las exigencias del independentismo, ha optado por renunciar a llevar a las Cortes nuevos proyectos de ley, incluidos los de Presupuestos Generales del Estado de 2024, 2025 y 2026, incumpliendo el mandato constitucional. Su extrema debilidad parlamentaria le ha llevado a aprobar decretos-ley que luego no son ratificados por el poder legislativo y crean un caos legal importante, como el último sobre alquileres.
La respuesta ante los innumerables casos de corrupción investigados en su partido, su Gobierno y en su propia familia, también supone una clara decepción para los históricos votantes socialistas, que cada día más se declaran socialdemócratas y antisanchistas. Por mucho que repitan machaconamente que se han asumido responsabilidades y se ha actuado de forma contundente, es una falacia, una mentira. Si sus dos principales hombres de confianza, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, su esposa y su hermano, entre otros, se sientan en diferentes banquillos de la Justicia, alguna responsabilidad debería asumir Pedro Sánchez, aunque solo sea por no vigilar sus actuaciones. Han preferido atacar a quienes descubrieron sus andanzas.
En política internacional, el Gobierno de Sánchez ha querido liderar, desde una posición progresista una acción global contra la política internacional de Estados Unidos. No cabe duda de que es una opción de izquierdas enfrentarse a las agresiones de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu en Irán, Gaza y Líbano. Sin embargo, en su intención de destacar como líder mundial, se ha olvidado de criticar las dictaduras de Venezuela o Cuba, o de defender los derechos del pueblo saharaui, a quien ha traicionado al ponerse del lado de Marruecos.
Tampoco es progresista la campaña orquestada contra los medios de comunicación críticos con su gestión y con los escándalos de corrupción detectados en estos años. El líder socialista ha querido construir también un muro en el periodismo, dando carnés de buenos profesionales a quienes le defendían a ultranza, regando con millones a los medios afines y colonizando los medios públicos, además de querer legislar contra lo que él y su Gobierno llaman "noticias fake". Todo lo que criticaron en su día lo están repitiendo.
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