La caída de la norma genera un vacío legal en la vigencia o no de las prórrogas que ya habían sido solicitadas por los inquilinos
Regala esta noticia Construcción de vivienda. (Antonio López) 28/04/2026 a las 19:57h.La no convalidación del real decreto de vivienda abre ahora un complejo escenario de inseguridad jurídica para los inquilinos que ya habían solicitado la prórroga ... del alquiler. Aunque la norma obligaba a los propietarios a aceptar que se mantuviesen hasta dos años las condiciones del contrato de arrendamiento, el rechazo del Congreso deja en el aire la validez de las comunicaciones enviadas durante su breve vigencia. Mientras que algunos expertos advierten ahora de un posible aluvión de litigios, como ya avisó hace un día la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, otros letrados consideran que las condiciones previstas en la medida deben mantenerse para aquellas personas que enviaron una comunicación a sus caseros.
Este proceso parlamentario abre una brecha política dentro del Gobierno por la manera en que se debe gestionar el limbo en el que parece que se quedarán los arrendatarios que se hayan acogido a la medida. Desde Sumar, argumentan que deben considerarse derechos consolidados. Desde el PSOE, defienden que el fin de la vigencia de la norma devuelve la relación contractual al marco previo legal, lo que reactivaría la capacidad de los propietarios para oponerse a las prórrogas y provocaría que fuesen los tribunales quienes decidiesen sobre qué ocurre con las prórrogas que, en un primer momento, fueron aceptadas por los caseros.
En esta disyuntiva están también los expertos, puesto que, según explica Gabriel Doménech, «no existe una ley que deje claro qué efectos tiene» la derogación de la norma. «No hay una interpretación correcta», lo que, sostiene, provoca una «inseguridad» tanto para inquilinos como para los arrendadores de las viviendas. Bajo su punto de vista, las prórrogas no deberían seguir vigentes, puesto que sería una manera de «regular un hecho en el futuro». «¿Para qué sirve el rechazo del Congreso si se mantienen los efectos del decreto?», se pregunta al tiempo que señala que continuar regulando el precio de alquiler a través de este real decreto podría abrir la puerta «al fraude». «No tiene sentido que una norma que decae en abril de 2026 regule unos precios hasta 2029», apostilla.
Bajo esa misma línea se encuentra la visión de Sandra Aurrecoechea, abogada especialista en derecho arrendaticio y socia de Marín y Mateo, quien sostiene que la prórroga no es aplicable si el vencimiento no ocurre durante la vigencia de la norma. Según la experta, el artículo 86 de la Constitución configura al decreto-ley como una norma de «urgencia y carácter temporal» cuya «provisionalidad no es un defecto técnico sino una condición estructural». Bajo esta tesis, «la obligación del arrendador no nace con la solicitud del inquilino, sino con el vencimiento del contrato», por lo que si en esa fecha la norma ha decaído, «no hay incumplimiento posible». Aurrecoechea advierte que defender la postura contraria supondría reconocer que un Gobierno puede modificar el régimen arrendaticio con una norma rechazada por el Parlamento, lo que «vaciaría de contenido la función constitucional de control parlamentario».
Arantxa Goenaga Llorca, abogada especializada en derecho inmobiliario y socia de AF Legis, por su parte, subraya la gravedad de la situación advirtiendo que esta «nefasta normativa» genera una profunda inseguridad jurídica al aprobarse «sabiendo que no tendrá una vigencia duradera». Para la abogada, la falta de una «técnica jurídica correcta» en el texto solo fomenta el conflicto y la litigiosidad entre las partes.
En el lado opuesto, coincidienco con la visión que llevan exponiendo desde Sumar durante el último mes, Luis Landauri, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat CEU Abat Oliba, sostiene que los efectos del real decreto sí se mantendrán en el tiempo y que los afectados «solo acudirían a los tribunales en caso de que la medida se declarase inconstitucional». El experto expone que quienes hayan ejercido su derecho enviando la comunicación a sus caseros —preferiblemente a través de un burofax para dotar de fehaciencia al proceso— seguirán pudiendo «agarrarse al decreto», basándose en que la «no convalidación de la norma solo resta efectos a futuro». Según esta tesis, la caída del texto legal impediría nuevas solicitudes a partir de este miércoles, pero no debería invalidar de forma retroactiva las prórrogas ya consolidadas bajo el amparo de la norma vigente en su momento.
comentarios Reportar un error