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Política Radiografía del 'pucherazo legal' en marcha: así está alterando el Gobierno el censo electoral con presuntos nietos de españolesEL ESPAÑOL repasa las zonas grises de un proceso que colapsa los consulados y está engordando el censo electoral con cientos de miles de nuevos españoles.
Más información:El Gobierno saca del cajón de los consulados 200.000 'nietos' más a los 8 meses de acabar el plazo para pedir la nacionalidad
Íñigo Zulet Publicada 28 junio 2026 03:45h Las clavesLas claves Generado con IA
El término 'pucherazo legal' encierra una aparente contradicción. Un oxímoron. La Real Academia Española define el pucherazo como el "fraude electoral que consiste en alterar el resultado de una votación".
Es decir, una actuación, por definición, ilegal.
Pero con la llamada ley de nietos, recogida en la Ley de Memoria Democrática, lo que se está produciendo es una transformación del censo amparada por el ordenamiento jurídico, a golpe de BOE, instrucciones administrativas y contratos públicos.
Esa ley ha abierto la puerta a una de las mayores ampliaciones del cuerpo electoral de la historia de España.
Según datos del propio Gobierno, ya hay unos 2,6 millones de personas que han iniciado los trámites para obtener la nacionalidad española, una cifra que ha desbordado la capacidad de la red consular.
A 30 de abril de este año, 557.709 personas ya habían obtenido la nacionalidad por esta vía.
Y con el proceso en plena aceleración —el Gobierno está externalizando la tramitación y contratando personal extra para desatascar los expedientes— se calcula que en el plazo de un año habrá otros cientos de miles de nuevos españoles.
Una vez concedida la nacionalidad, esos nuevos ciudadanos pueden participar en las elecciones generales, autonómicas y europeas.
¿Es eso un pucherazo? Todo se está haciendo dentro del marco de la norma. Pero el alcance de la operación —por su tamaño, por el crecimiento del voto exterior y por las grietas del sistema— es de tal calibre que merece ser radiografiado al detalle.
EL ESPAÑOL repasa en 16 puntos las zonas grises de este proceso: un sufragio exterior en el que la identidad del votante no se comprueba en el momento de depositar el sobre; la inquietud que genera externalizar parte de la tramitación a una empresa del régimen cubano; y un sistema con tan pocos controles que se convierte casi en una invitación a no acreditar los requisitos que la propia ley exige.
Si eso ocurre a gran escala, la paradoja sería mayúscula: estaríamos ante algo que, aunque legal en su forma, se parece mucho a un pucherazo en su fondo.
1. Exilio automático
En un principio, la Ley de Memoria Democrática se vendió como una norma pensada para reparar a los represaliados del franquismo y a sus descendientes directos.
El texto que salió de las Cortes hablaba de exiliados por motivos políticos, ideológicos o de creencia.
Moncloa oculta al Congreso el número de nacionalizados por la 'ley de nietos' incluso tras ser obligada Armengol a exigirloDurante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley, es decir, entre julio de 2021 y octubre de 2022, sólo hubo una referencia a otro tipo de exiliados: una enmienda de Ciudadanos que pretendía extender el acceso a la nacionalidad, pero que el Congreso rechazó en dos ocasiones.
Esa ampliación del perímetro de beneficiarios, sin embargo, acabó aplicándose a los pocos días por otra vía. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dirigida por Sofía Puente —hermana del ministro de Transportes—, firmó una instrucción que reinterpretaba el alcance de la norma y la voluntad del legislador.
"Se presumirá la condición de exiliado para todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955".
En la práctica, ese giro convierte el exilio en una presunción casi automática. O, dicho de otra forma, no es necesario acreditar una persecución concreta, basta con ser descendiente de un español de origen que abandonó el país en ese periodo.
Aunque lo hiciera por motivos puramente económicos.
2. Exiliados del siglo XIX
Más allá de esa instrucción, el propio PSOE ha ido explicitando que la vocación de la Ley de Memoria Democrática va mucho más allá de reparar a los exiliados de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.
César Mogo, senador del PSOE por Lugo y responsable de PSOE Exterior, lo ha verbalizado con total claridad en distintos actos en América Latina.
En octubre de 2025, Mogo admitió abiertamente que la llamada ley de nietos amparaba a "los millones de personas que desde el siglo XIX cruzaron océanos" para buscarse la vida fuera de España.
Un mes después, en una entrevista en una cadena de televisión argentina, decía lo siguiente: "Hacemos legal lo que era natural. La naturalidad es que todo descendiente de español se sentía español. Pues ahora concedemos ese derecho, que tiene el sello de los derechos del presidente Pedro Sánchez".
"¡No solo los queremos, también los necesitamos!", llegó a escribir en en una columna en El Progreso de Lugo titulada Nietos de gallegos, ciudadanos por derecho.
3. Se dispara el voto CERA
La llamada ley de nietos está provocando un crecimiento sin precedentes de nuevos votantes en el extranjero.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de mayo de 2026 hay ya 2.708.083 personas inscritas en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), el registro que agrupa a los españoles con derecho a voto que residen fuera del país.
Es la mayor tasa de crecimiento de toda la serie reciente.
Antes de la entrada en vigor de esta norma en 2022, el crecimiento del censo exterior era mucho más moderado. Por ejemplo, entre 2017 y 2021, el número de inscritos aumentó en torno a un 10%.
En la última legislatura esa tendencia se ha disparado, y ya vamos camino del doble.
Desde las últimas elecciones generales, en julio de 2023, el CERA ha pasado de 2.333.056 a 2.708.083 inscritos. Son 375.027 nuevos votantes en menos de tres años, lo que equivale a un incremento del 16,1%.
Por comunidades autónomas, Galicia es la que más electores exteriores acumula: 510.055 inscritos, el 18,8% del total. Le sigue Madrid, con 486.223. Después, Cataluña (334.993) y Andalucía (305.303).
Y un dato llamativo: mientras el CERA en su conjunto ha crecido un 16% desde las últimas generales hasta los últimos datos disponibles, en Madrid lo ha hecho casi al doble: ha pasado de 379.961 a 486.223 inscritos (28%).
Es decir, más de 106.000 nuevos electores en la provincia que decide más escaños del Congreso.
Fuentes diplomáticas explican a EL ESPAÑOL que, cuando una persona obtiene la nacionalidad española pero no puede acreditar una provincia concreta de procedencia, es adscrita por defecto a la Comunidad de Madrid.
4. Sube la participación exterior
Con un censo exterior que se acercará en 2027 a los tres millones de personas, los partidos tendrán cada vez más razones para hacer campaña más allá de las fronteras españolas.
Ahora bien, una cosa es el número de ciudadanos con derecho a voto y otra muy distinta los que finalmente participan en las elecciones.
Hay que tener en cuenta que la participación exterior ronda el 10% del censo, muy lejos del 60-70% de voto que suele registrarse dentro de España.
Pero, aunque minoritario, ese voto CERA ha ido creciendo. El Gobierno de Sánchez eliminó el llamado voto rogado, un sistema que obligaba a los emigrantes a superar un vía crucis de trámites.
La reforma se tradujo en un salto claro en la participación exterior, que pasó del 6,85% en las generales de 2019 a en torno al 10% en 2023, lo que supone un aumento de casi el 47%.
Es decir: cada vez hay más gente en el censo y cada vez votan más.
5. El PSOE gana en el voto CERA
¿Y todo esto, a quién beneficiará electoralmente en las próximas generales? Nadie puede responder a esta pregunta con datos, porque no hay encuestas sobre la orientación política de los nuevos nacionalizados.
En general, los datos históricos del CERA muestran que el voto exterior suele seguir la tendencia del interior, y en algunas circunscripciones puede resultar decisivo.
Por ejemplo, en las generales de 2023, el PP arrebató al PSOE el escaño número 16 por Madrid gracias al voto exterior, y obligó a Sánchez a necesitar el sí de Junts —no solo la abstención— para su investidura.
Pero en los últimos procesos electorales no se está repitiendo ese patrón. En Andalucía, Castilla y León, Aragón o Extremadura el PP se impuso con claridad dentro, mientras que el PSOE ganó entre los residentes en el extranjero.
6. La cadena de custodia del voto CERA
¿Cómo funciona el voto CERA? Tras la reforma de la ley electoral en 2022, que eliminó el voto rogado, el Estado ya no espera a que el emigrante pida votar: la Oficina del Censo Electoral envía directamente a cada español inscrito en el censo todo lo necesario para votar desde el extranjero.
Es decir, le llegan a casa las papeletas, los sobres, un certificado de que está en el censo y una hoja con instrucciones.
A partir de ahí, el votante tiene dos formas de participar. Puede ir en persona a su embajada o consulado, enseñar el pasaporte o el DNI ante un funcionario y depositar la papeleta en una urna, igual que haría en un colegio electoral en España.
O puede optar por la vía más cómoda: meter la fotocopia del documento de identidad y el certificado del censo firmados dentro del sobre de documentación, junto con la papeleta, y enviar todo por correo al consulado correspondiente.
La diferencia con el voto por correo dentro de España es importante. Después del escándalo de compra de votos en Melilla en 2023, la Junta Electoral endureció el procedimiento.
Ahora, cualquier ciudadano que vote por correo en territorio nacional tiene que identificarse presencialmente en una oficina de Correos con su DNI, pasaporte u otro documento válido cuando entrega el sobre.
Es decir, siempre hay un empleado delante comprobando que la persona que deja el voto es realmente quien dice ser.
Con el voto CERA no ocurre eso.
Cuando el elector envía su voto desde fuera, nadie comprueba su identidad en el momento de entregar el sobre: la fotocopia del documento viaja dentro de la documentación, y sólo se revisa más tarde, cuando el consulado y la Junta Electoral abren los sobres y validan los votos.
La papeleta, por un lado; los papeles que acreditan quién es el votante, por otro, y todo ello moviéndose por el sistema postal internacional sin control presencial.
7. 'Marque aquí' su circunscripción
Otra de las cuestiones que más inquietan a las fuentes diplomáticas consultadas por este periódico es la flexibilidad para elegir circunscripción cuando uno se inscribe en el censo exterior.
¿Cómo se hace? Una vez obtenido el pasaporte, para inscribirse en el censo se debe rellenar un formulario de Exteriores y elegir el municipio al que se "desea" —así figura en el propio documento— quedar "adscrito a efectos de los procesos electorales".
En el papel de Exteriores, se ofrecen distintos motivos para justificar la elección: "Municipio de su última residencia", "de mayor arraigo propio" o "de mayor arraigo de sus ascendientes".
Pero hay una cuarta casilla: "Otros motivos (especifíquelos)". Esa es la opción que más preocupa a quienes conocen por dentro el sistema.
¿El motivo? Sobre el papel, permite que cualquier nuevo ciudadano elija libremente la circunscripción donde votará —Cádiz, Cuenca o donde sea— alegando motivos que son, en la práctica, imposibles de verificar.
Son nuevos españoles que pueden adscribirse a un municipio con el que no tienen ningún vínculo real, más allá de una casilla marcada en un formulario. Y eso abre la puerta a que parte de ese electorado acabe decidiendo escaños en algunas circunscripciones.
8. La ley de Zapatero, más restrictiva
Para contextualizar el tamaño del fenómeno de la llamada ley de nietos, conviene compararlo con su antecesora. La Ley de Memoria Histórica, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, que permitió a hijos y nietos del exilio franquista solicitar la nacionalidad.
El balance final fue de 491.177 solicitudes y 373.616 nacionalidades concedidas, con un 24% aproximado de denegaciones, alrededor de 118.000. Todo eso, en más de una década de vigencia.
Pero la nueva ley de Sánchez, en apenas tres años de vida, ya ha superado de largo esa marca de nuevos españoles. La ley de nietos probablemente triplicará y posiblemente cuadruplicará las concesiones de la norma de Zapatero.
¿Y por qué se rechazan? Fuentes diplomáticas explican a EL ESPAÑOL que la inmensa mayoría de las negativas no se deben a motivos de fondo, sino a errores formales, como documentación incompleta o problemas para acreditar la filiación.
La exigencia de demostrar un exilio político real, si alguna vez existió en el espíritu de la ley, ha desaparecido por el camino.
9. Los sefardíes españoles
También merece la pena comparar la ley de nietos con la ley que concedía la nacionalidad a los sefardíes impulsada por Mariano Rajoy en 2015.
La Ley 12/2015 exigía a los descendientes de judíos originarios de España acreditar, por un lado, su condición de sefardí y, por otro, una "especial vinculación" con nuestro país.
El procedimiento se iniciaba de forma electrónica y se tramitaba a través de un notario español.
El solicitante debía desplazarse físicamente a España para comparecer ante un notario y presentar toda la documentación original.
La ley de nietos 'fabrica' ya 16.000 votantes al mes: para las próximas generales el censo habrá crecido en 600.000El resultado: un procedimiento caro, largo y selectivo. La Ley de Memoria Democrática, en cambio, ha abierto una vía mucho más laxa. De hecho, no existe obligación de pisar España para obtener la nacionalidad.
10. Colapso en la red consular
Uno de los principales cuellos de botella del proceso está precisamente en los consulados, desbordados por el volumen de solicitudes de nacionalidad acumuladas en los últimos años.
Argentina es el país que encabeza el ranking de peticiones de nacionalidad española, muy por delante de otras naciones iberoamericanas que le siguen, en este orden: Venezuela, Cuba y México.
"En Buenos Aires hubo en total 645.052 pedidos de cita. Si a ello se suman los de otros consulados, en Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y Rosario, en total hubo alrededor de un millón de solicitudes", revela el cónsul general, José María Ridao, informa Juan Ignacio Irigaray, corresponsal de EL ESPAÑOL en la capital argentina.
En total, ese consulado ya ha atendido personalmente a 220.000 solicitantes y ha recibido sus documentaciones. Pero aún quedan otras 425.052 personas que han reservado turno por internet y deben completar el trámite.
La apabullante cifra de un millón de reservas de turno de argentinos significa que hubo 1.388 peticiones diarias, de lunes a viernes, durante los tres años del período de inscripción, de 2022 a 2025.
A este ritmo, se calcula que para 2031 estarán cargados todos los datos de las solicitudes en el sistema. Y la resolución definitiva de las mismas, estiman, "podría llevar décadas".
"En un futuro, Buenos Aires podría ser la tercera ciudad española más poblada, luego de Madrid y Barcelona", recogía el pasado mes de diciembre un artículo de Clarín, titulado Kafka en el Consulado: los nuevos trámites para la ciudadanía española podrían demorar un siglo.
Lo concreto es que, al día de hoy, el consulado en Buenos Aires ha otorgado 30.000 nacionalidades por la ley de nietos, según fuentes consulares.
Además, ha observado numerosos casos con documentación incompleta. Sólo una minoría ha sido rechazada de plano.
El panorama no es mejor en otros puntos. En La Habana se amontonan 137.770 expedientes. En Brasil, el consulado de São Paulo gestiona más de 150.000 solicitudes; en México se rozan las 120.000, con cuellos de botella similares.
En Miami, los retrasos se miden en muchos casos en más de ocho meses y hay expedientes de 2023 aún sin resolver.
No es algo nuevo. De hecho, el Defensor del Pueblo, por segundo año consecutivo, ha advertido en su informe anual de que los registros civiles consulares son el servicio que más "quejas" acumula.
Y atribuye parte de la situación al "impacto" que la Ley de Memoria Democrática ha tenido sobre estas oficinas.
11. La ayuda de la Iglesia
La avalancha de expedientes ha puesto a prueba no sólo a los consulados, sino también a los archivos civiles españoles y a las propias diócesis.
En muchos casos, los descendientes de emigrantes necesitan un certificado de nacimiento del abuelo o bisabuelo español, pero ese documento simplemente no existe.
O bien se destruyó durante la Guerra Civil, o bien se trata de nacidos antes de 1871, año en que se crea el Registro Civil y, hasta entonces, eran las parroquias quienes llevaban la contabilidad de nacimientos, matrimonios y defunciones.
Cuando en el Registro Civil no aparece el nacimiento —es decir, cuando certifican que "no consta la inscripción"—, la norma que desarrolla la Ley de Memoria Democrática permite usar un plan B: el interesado puede presentar la partida de bautismo.
De ahí que el aluvión de solicitudes haya llegado también a la Iglesia.
En Barcelona, por ejemplo, el Archivo Diocesano pasó de recibir menos de diez peticiones mensuales de partidas de bautismo a gestionar, desde finales de 2022, más de 90 solicitudes al mes.
Algo similar relatan archivos diocesanos de Galicia, Castilla y León o Andalucía, que han visto cómo desde América Latina, especialmente Argentina, Uruguay y Brasil, se multiplican los correos de descendientes en busca del sacramento de sus antepasados.
Resulta llamativo que una norma presentada como herramienta de reparación antifranquista acabe descansando, en muchos casos, en la colaboración de la Iglesia católica.
12. "Apoyo externo" para "agilizar" el proceso
Para desatascar todo este proceso, el Gobierno está tratando de "agilizar" los expedientes aún sin resolver, según ha confirmado el PSOE.
Quien lo ha verbalizado, de nuevo, es César Mogo, responsable del PSOE Exterior.
El pasado 26 de mayo dijo textualmente que "se está a punto de suscribir un apoyo externo, a través de un organismo del Estado como es el Ineco, para acelerar y superar los problemas de gestión" y "agilizar las inscripciones de nacionalidad" derivadas de esta ley.
Exteriores deberá informar al Congreso si paga a empresas externas para "agilizar" las solicitudes por la 'ley de nietos'Aunque el refuerzo con Ineco aún no se ha concretado en el BOE, la externalización del proceso ya es un hecho.
El Ministerio de Justicia adjudicó el pasado mes de abril a la empresa Neoris España SL un contrato de 1,7 millones de euros para reforzar los sistemas informáticos de nacionalidad y acelerar la tramitación de expedientes.
Además, el departamento de José Manuel Albares firmó un contrato de 1.131.295 euros con el Grupo Empresarial Palco, una firma del Gobierno cubano, para aportar "fuerza de trabajo" al consulado de La Habana, también desbordado.
Precisamente este último contrato ha alimentado las sospechas de la oposición. Vox cuestiona que una empresa controlada por el régimen castrista participe en la tramitación de nacionalidades.
"En Cuba los pasaportes se reparten solo a los adictos al régimen", denunció esta semana Santiago Abascal.
13. Paco Salazar, en Argentina
En todo este tablero aparece un personaje singular: Paco Salazar, viejo conocido del sanchismo.
Fue uno de los artífices de la reconquista de Ferraz por Sánchez en las primarias de 2017 y durante años ejerció como discreto pero influyente gurú electoral del hoy presidente.
Se vio obligado a dimitir en julio de 2025, tras la apertura de un expediente interno por presunto acoso sexual a trabajadoras del Ejecutivo y del partido.
Un año después de su caída, Salazar se ha instalado en Argentina, según reveló The Objective. Ahí ha retomado sus antiguas actividades de "consultoría electoral".
Desde Vox, Santiago Abascal le ha señalado como el "agente electoral" de Sánchez en Latinoamérica, en una "trama" para "repartir millones de pasaportes españoles".
Y Alberto Núñez Feijóo deslizó en El Hormiguero que "parece ser que Sánchez ha mandado a Salazar a América a preocuparse por nacionalizaciones de los nietos".
La oposición no dispone de pruebas de que esté trabajando en ese sentido.
14. Falta de transparencia
En todo este proceso, además, existe cierta falta de transparencia. Tanto PP como Vox han presentado varias preguntas al Gobierno para fiscalizar su tarea, con resultados infructuosos.
El Ejecutivo ha respondido en varias ocasiones, tanto a PP a Vox, que los datos "no están digitalizados" y que por eso no puede facilitarlos con precisión.
La paradoja es que esa misma información sí ha llegado, al menos de forma parcial, a distintos medios de comunicación que la han solicitado a través del Portal de Transparencia.
La oposición sospecha que este "apagón estadístico" encubre una nacionalización masiva cuyos efectos el Gobierno no quiere cuantificar ni explicar, pese a que afecta al censo electoral y a la política migratoria.
De hecho, la última cifra oficial difundida por el Gobierno ha aflorado del tirón unos 200.000 nuevos solicitantes, tal y como publicó este periódico. Y ya son 2,6 millones los solicitantes de la nacionalidad española por esta vía.
¿Quiere decir que esos 2,6 millones de personas van a obtener la nacionalidad española? No forzosamente.
Esos 2,6 millones son sólo el número de personas que han mostrado interés en acogerse a la ley: han pedido cita, se han apuntado en listas o han iniciado el proceso de alguna manera.
El plazo para acogerse a la llamada ley de nietos terminó en octubre de 2025, tras un año de prórroga forzada por la avalancha de solicitudes. Pero ocho meses después, los expedientes siguen saliendo de los cajones de los consulados y las cifras no dejan de crecer.
El Grupo Parlamentario Popular ha iniciado esta semana una ofensiva parlamentaria para forzar el desglose "circunscripción a circunscripción".
La primera iniciativa se dirige a León, provincia por la que es diputada la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Ella misma es quien firma la pregunta, a la que ha tenido acceso este diario y registrada junto a otra diputada leonesa y colaboradora estrecha, Silvia Franco.
Ambas reclaman al Gobierno que detalle cuántos nuevos nacionalizados por mor de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática están vinculados a León y cuántos se han incorporado al CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) leonés.
15. ¿Se puede frenar?
Las vías para tratar de frenar el proceso existen pero son lentas, muy técnicas y con un resultado incierto. Por ahora, hay varios frentes abiertos.
Desde finales de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tramita un recurso contencioso‑administrativo contra la instrucción de Justicia que ensanchó la ley por la puerta de atrás.
Lo que se pide, en esencia, es que se anule esa instrucción por excederse de lo que aprobaron las Cortes. El recurso está admitido, pero no se ha resuelto todavía.
Por otro lado, PP y Vox han presentado recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Memoria Democrática en su conjunto,
Si el Tribunal Constitucional terminara anulando total o parcialmente la norma, se abriría un escenario inédito: habría que decidir qué pasa con cientos de miles de nacionalidades ya concedidas.
En el terreno de los contratos, queda la vía de impugnar los firmados para "agilizar" la tramitación, como el encargo a Neoris o el contrato con el grupo estatal cubano Palco.
Ahí el margen es más limitado: se puede atacar la forma del contrato o su adjudicación, pero no la decisión de conceder la nacionalidad.
¿Y la Junta Electoral Central? La JEC no puede revocar nacionalidades ni intervenir en la política de Exteriores, pero sí tiene margen para reforzar las garantías del voto CERA y acotar el impacto electoral del nuevo censo exterior.
Ya lo hizo en 2023 con el escándalo de Melilla, cuando acordó obligar a quienes votaran por correo en esa ciudad a identificarse con DNI en Correos.
16. "Terraplanismo electoral"
Que el PSOE haya ganado en el voto CERA en las últimas cuatro elecciones autonómicas, con el PP arrasando en el interior, ha encendido todas las alarmas en Génova y en Bambú, sede nacional de Vox.
Los de Santiago Abascal han sido los primeros en poner palabras gruesas al malestar.
En el último pleno del Congreso, el líder de Vox acusó a Sánchez de estar "maniobrando para adulterar y manipular las próximas elecciones generales y mantenerse de forma fraudulenta en el poder".
Hasta el punto de afirmar que "Sánchez está actuando para robar las próximas elecciones en España". El presidente del Gobierno tachó esas tesis de "terraplanismo electoral".
El PP, por su parte, está adoptando un tono menos apocalíptico pero igual de desconfiado. Feijóo, por ejemplo, denunció el pasado 17 de junio en El Hormiguero que el Gobierno está aplicando la ley de forma "torticera".
"¿Qué hay detrás de esto?", se preguntó.
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