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UGT supedita la negociación con Seguridad Social y la patronal sobre el coste de la bajas laborales a solucionar el bloqueo a los retiros parciales del personal laboral de las administraciones públicas.
No habrá acuerdo en la mesa de negociación para abordar el incremento desbocado de las bajas laborales hasta que el Gobierno ponga remedio a cuestiones pendientes que los sindicatos exigen anteponer en la agenda. De hecho, la última reunión tripartita sobre la materia ha constatado el encallamiento de las conversaciones. Mientras que el Gobierno y las organizaciones empresariales insisten en aterrizar medidas concretas para amortiguar el impacto del aumento de los casos de incapacidad temporal, especialmente el coste que tiene tanto para las empresas como para las arcas públicas, UGT y CCOO han supeditado esta negociación a que el departamento de las portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ponga en marcha medidas que permitan el acceso del personal laboral de las Administraciones a la jubilación parcial.
Lo que supone, de facto, el encallamiento de las negociaciones sobre el eje centra de esta mesa tripartita: poner coto al desembolso creciente por las bajas laborales, que ya asciende a 33.000 millones de euros. El Gobierno ha intensificado la ofensiva para buscar medidas que amortigüen esta coyuntura, entre ellas las denominadas como altas progresivas con las que busca acelerar la reincorporación al mercado laboral de las personas con una incapacidad temporal de más de 180 días. Se plantea que estos trabajadores pueda compaginar durante un periodo de 30 días la vuelta a la empresa, con una reducción de jornada, con el cobro de la prestación.
No obstante, este planteamiento en el que insiste el Ejecutivo no convence ni a empresarios ni sindicatos. Los empresarios señalan que esta maniobra supondría trasladar parte de los costes de los procesos de baja a las empresas, al tiempo que afirman que solo se debería de incorporar a un trabajador a su puesto una vez que cuente con el alta médica, lo que además le permita desarrollar su labor de forma total. Mismo prisma desde el que analizan la propuesta los sindicatos, que aseguran en un proceso de baja solo se puedes producir dos situaciones: que el trabajador esté incapacitado para desempeñar su labor o tener el alta y por lo tanto poder incorporarse.
Jubilación parcial de los empleados públicos
Es en este punto de bloqueo de las negociaciones en el que los sindicatos han trasladado al Ministerio de Seguridad Social su intención de levantarse de la mesa si previamente no se resuelven cuestiones pendientes a las que se había comprometido el Gobierno, llegando a arremeter contra el departamento de Elma Saiz por "falta a su palabra".
Entre los tema pendientes, desde UGT apuntan como esenciales: la jubilación parcial de personal laboral de las administraciones públicas, los coeficientes que se aplican a las pensiones máximas con la salida de un ERE o los coeficientes reductores de la edad jubilación para actividades penosas o peligrosas.
Cabe recordar que la entrada en vigor en abril de 2025 de los nuevos requisitos de la jubilación parcial tuvo un efecto colateral provocando un bloqueo en la Administración Pública entre el personal laboral de los diferentes niveles (Administración General del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos), los únicos empleados públicos que tienen reconocido en este momento el derecho a la jubilación parcial anticipada con contrato de relevo, pero que no están pudiendo acogerse a ella desde que entró en vigor la normativa hace ahora dos meses al haberse visto endurecidas las condiciones laborales que debe tener el trabajador relevista. Que sumado a las particularidades que tiene la contratación indefinida y a tiempo completo en la Administración Pública hace que se estén frenando en seco las solicitudes de los trabajadores que acumulan todos los requisitos para poder optar a este retiro progresivo del mercado laboral.
Fuentes del diálogo social explican a EXPANSIÓN que una de las vías de escape para resolver esta situación que habían puesto sobre la mesa desde el Ministerio de Seguridad Social. La fórmula propuesta a los agentes sociales consistía en la apertura de una ventana transitoria que permitirá a los organismos públicos utilizar a personal interino para cubrir los contratos de relevo, sorteando así las actuales exigencias de contratación indefinida que las administraciones no pueden cumplir de forma inmediata.
La solución que el departamento de Elma Saiz había puesto sobre la mesa no pretende crear una excepción permanente para el sector público, sino una prórroga de la normativa anterior. Esta medida permitiría que unos 250.000 trabajadores con la condición de personal laboral puedan acceder a su derecho a una salida paulatina del mercado de trabajo. Los interinos cubrirían estas vacantes de manera temporal hasta que las voluminosas ofertas de empleo público aprobadas en los últimos años se materialicen en plazas fijas.
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