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Madrid y Baleares anuncian recursos ante la Justicia para frenar el proceso exprés del Gobierno.
La regulación extraordinaria de inmigrantes a la que finalmente dio luz verde ayer el Consejo de Ministros presenta aún deficiencias preocupantes pese a los cambios introducidos en la misma tras el informe del Consejo de Estado. La principal es que no cuenta con el aval favorable del Congreso de los Diputados, puesto que Moncloa ha evitado deliberadamente someterla a votación parlamentaria a sabiendas de que iba ser rechazada, como ha sucedido con la mayoría de sus últimas iniciativas legislativas.
El Ejecutivo se ha escudado en que no es materia que requiera de ratificación obligatoria de las Cortes, pero teniendo en cuenta la polémica que ha generado la medida hubiese sido conveniente una deliberación al respecto en la sede de la soberanía nacional. Más aún después de que haya sido cuestionada abiertamente por algunos países europeos por ir en contra del pacto migratorio de los Veintisiete, que desaconseja expresamente las regularizaciones masivas, y también por haber avivado el discurso xenófobo de los partidos extremistas en diversos puntos del continente.
Ayer mismo, el líder de la extrema derecha francesa Agrupación Nacional, Jordan Bardella, reclamó al Gobierno de su país que ponga en suspenso el acuerdo Schengen y restrinja la libre circulación de personas para evitar que los inmigrantes regularizados en España puedan pasar a Francia en breve. Una declaración extemporánea que debería ser contestada incorporando todas las garantías jurídicas disponibles al decreto que ampara este proceso extraordinario de naturalización mediante la modificación del reglamento de extranjería. Lo contrario sólo aumenta las sospechas de oportunismo político y precipitación con una medida que tendrá importantes implicaciones económicas y sociales, pero que Sánchez concibió desde un inicio como un pago a uno de sus socios más díscolos: Podemos.
Debido a ello, la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Baleares anunciaron que recurrirán ante los tribunales para frenar un proceso que, según los cálculos más recientes, beneficiará hasta a 840.000 personas, siempre que cumplan los requisitos de estancia en nuestro país desde hace al menos cinco meses antes del pasado 1 de enero, acrediten uno de los supuestos previstos para la naturalización -haber trabajo con contrato legal, tener ascendientes o descendientes a cargo, o estar en situación de vulnerabilidad-, y hayan demostrado no tener antecedentes penales.
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