España es una gran nación. Una nación abierta, acogedora, plural, que ha prosperado siempre que ha sabido combinar apertura y orden, generosidad y ley. La inmigración forma parte de nuestra historia de éxito y seguirá formando parte de nuestro futuro, porque una democracia madura se mide por su capacidad de incorporar a quienes vienen a trabajar y aportar, sin renunciar a lo que somos. Por eso creo que el debate sobre la regularización merece más seriedad de la que está recibiendo. Lo que hoy se decide con un decreto, contrario a lo votado en las Cortes Generales, va a moldear la España que seremos.
Conviene empezar por el principio. Hace un cuarto de siglo, cuando el presidente Aznar impulsó los procesos de regularización, la población extranjera apenas alcanzaba el 2% y España aprobaba su primera ley de extranjería. Hoy esas personas superan el 20%, la única ley es la ausencia de ley, y lo que entonces exigía un pasaporte vigente, un contrato real y un arraigo demostrable se ha sustituido por documentación caducada, declaraciones de intenciones y certificados de vulnerabilidad. Presentar ambas cosas como equivalentes es faltar a la verdad.
Hay algo que los ciudadanos también deben conocer. En abril de 2024, medio millón de firmas registraron una Iniciativa Legislativa Popular sobre regularización. El PP se mostró favorable a debatirla y la enmendó para defender lo mismo que defiende hoy: regularización individualizada, con criterios rigurosos y vinculada al empleo. Lo que pasa es que el Gobierno, al constatar que no tenía votos para sacar adelante su modelo, ha degradado a decreto lo que perdió en votación parlamentaria.
Ahora nos dicen que oponerse es inhumano. No lo es. Desde que gobierna Pedro Sánchez han llegado casi tres millones de personas, y la irregularidad se ha multiplicado por ocho: de 107.000 en 2017 a 840.000 en 2025. Un Gobierno que ha estrechado las vías legales, deja sin resolver 250.000 expedientes de asilo y ejecuta menos del 10% de las órdenes de expulsión no puede arrogarse el monopolio de la compasión. Inhumano es alimentar un efecto llamada que ha costado miles de vidas en el mar. Y un decreto que regulariza en masa a quienes llegaron, sin ordenar la llegada de los que vendrán, no ataca las causas del drama, las cronifica.
Y esto es relevante porque detrás de cada cifra hay una persona. Libre, digna, con derechos y con obligaciones, capaz por sí misma de alcanzar la mayor prosperidad. Ni víctima, ni verdugo. Que no merece condescendencia ni ira, sino respeto, honestidad en las expectativas y apoyo en el marco de la ley. Cualquier otra cosa es desprecio disfrazado de compasión. Y este decreto falla precisamente en lo que exige respeto, en cinco frentes.
Primero: las regularizaciones masivas premian la irregularidad, desautorizan la ley y alimentan el efecto llamada que dicen combatir. Son falsa caridad sin objetivos, sine die, sin controles. Me niego a aceptar que la solución sea recompensar la causa que lo origina. Porque pagan los de siempre: los que mueren en el mar y los que logran entrar cargando con la indignidad de haber empezado incumpliendo.
Segundo: el Gobierno no sabe a cuántas personas afecta su propia medida. Habla de 500.000, pero las estimaciones policiales superan los 1,2 millones, incluidos quienes ya se desplazan desde otros países de la UE para aprovecharla. Un Estado serio no firma un decreto que puede afectar a más de un millón de personas sin conocer su alcance.
Tercero: el control es insuficiente. Los antecedentes policiales no suponen denegación automática y los documentos caducados se aceptan sin verificar quién es quién. Renunciar a esos filtros es una decisión consciente de no mirar para no ver.
Cuarto: no hay previsión del impacto sobre los servicios públicos. Sanidad, educación, vivienda y servicios sociales soportarán una presión añadida, sin refuerzo ni consulta previa a nadie. Y eso lo pagarán los mismos españoles que cada año pagan más impuestos y reciben peores servicios.
Quinto: no hay integración. El decreto no exige itinerario laboral, idioma, formación ni compromiso alguno. Se concede un permiso sin pedir nada a cambio, convirtiendo la legalidad en un trámite vacío. Y conviene recordar que ninguna integración digna de ese nombre puede construirse sobre la mutilación de lo que somos. Acoger no puede ser renunciar.
Hay otra forma de hacer las cosas. La que propongo a los españoles, la que defiende el PP y presentamos en octubre de 2025. Se sostiene sobre cuatro pilares. Un visado por puntos que vincule la entrada al trabajo real, con criterios objetivos y sustituyendo discrecionalidad por reglas claras. Una política de reciprocidad, que dé más facilidades para entrar legalmente a quienes vienen de países que nos ayudan a controlar las salidas y a acoger de vuelta a los suyos. Una verdadera protección de nuestras fronteras que luche contra las mafias que trafican con personas. Y un plan serio de retornos, con plazos claros y garantías, especialmente para autores de delitos graves y multirreincidentes. Porque cuando la ley dice que alguien debe irse, debe irse.
Creo que España puede hacerlo mejor. Siempre ha podido, dejando atrás los atajos y confiando en la inteligencia y el esfuerzo de su gente. Frente al atajo, hace falta política. Porque gobernar no es despachar urgencias, sino ordenar el tiempo largo de una nación. Eso es lo que España merece. Y es lo que me comprometo a darle, si los españoles así lo deciden.