El Parlamento de Estocolmo aprueba expulsar a los residentes extranjeros que tengan deudas o un trabajo sin declarar, y obliga a miles de funcionarios a delatar a la Policía a quienes sospechen que son indocumentados
Regala esta noticia Añádenos en Google Ulf Kristersson, primer ministro de Suecia. (Reuters)Miguel Pérez
16/06/2026 a las 12:49h.Los migrantes con deudas o que realicen trabajos sin declarar se enfrentarán en Suecia a la revocación de sus permisos de residencia, incluso con carácter ... retroactivo. El Parlamento de Estocolmo aprobó este lunes, ya cerca de la madrugada, una ley denominada de «buena conducta» que forma parte de la estrategia del Gobierno de endurecer las normas de inmigración, pero que ha sido cuestionada por la oposición y las organizaciones de derechos civiles al penalizar determinados comportamientos que «no serían punibles para los ciudadanos suecos», según ha precisado Amnistía Internacional.
El Sindicato Europeo de Servicios Públicos ha añadido que la sóla idea de que los funcionarios actúen como delatores por ley abre la puerta a una «nueva caza de brujas» en todo el continente cuando la realidad indica que «los servicios públicos dejarían de funcionar sin los trabajadores migrantes en Suecia y en muchos Estados miembros de la UE».
La polémica generada por la nueva legislación quedó a la vista esta noche pasada durante la propia votación parlamentaria. Fue aprobada solo por dos votos de diferencia (174 a favor y 172 en contra) y en medio de fuertes reproches al Gobierno de centro-derecha que dirige el país desde 2022. El Ejecutivo lo lidera Ulf Kristersson, un político conservador proeuropeo perteneciente al Partido Moderado, que forma coalición con los demócrata-cristianos y los liberales. No obstante, al tratarse de una alianza minoritaria necesitan del apoyo parlamentario de la ultraderechista Demócratas de Suecia, una formación inspirada en el antiguo fascismo sueco calificada como anti-inmigración, euroescéptica y nacionalista.
«Familias honradas»
Los analistas sostienen que en el fondo de este endurecimiento normativo figura la pelea entre la derecha y la ultraderecha de cara a las próximas elecciones generales de septiembre, donde la cuestión migratoria ocupará un papel importante. Demócratas de Suecia se alinea con las posturas más intransigentes de Europa y quiere reconvertir la tradicional política de puertas abiertas sueca en un entorno cerrado.
«La mayoría de las familias que vienen aquí son perfectamente honradas, simplemente quieren una vida mejor. Quieren trabajar, hacer lo correcto, aprender la lengua sueca, formar parte de nuestro país», manifestó el ministro de Migración, Johan Forsell, el año pasado, cuando comenzó a impulsar la ley de buena conducta. «Pero también vivimos en una época en la que la confianza de los ciudadanos en la política de inmigración se basa en un principio muy fundamental: que quienes vienen a Suecia y cometen delitos o se comportan mal no deberían estar aquí».
El Ejecutivo prometió a su llegada que un objetivo prioritario del gabinete sería la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, se enfrenta a un desmesurado auge del crimen organizado y el narcotráfico, contra los que ha propuesto otras medidas como la rebaja de la responsabilidad penal hasta los 14 años para combatir los homicidios y delitos graves que en su mayoría cometen jóvenes de entre quince y veinte años reclutados por las mafias en los barrios menos favorecidos.
Los detractores de la nueva legislación aseguran, sin embargo, que hay una frontera entre inmigración y delincuencia. En Suecia residen dos millones de extranjeros, en virtud de una política tradicional de acogida que ha sido de las más generosas de Europa. El país, sin embargo, empezó a revisar esta política de fronteras abiertas durante la crisis migratoria de 2015 y ha impuesto un modelo cada vez más restrictivo. El Gobierno de Ulf Kristersson, por ejemplo, podría implantar desde el próximo 12 de julio una nueva norma que transformará los permisos permanentes de residencia en temporales
Los críticos señalan que la ley de buena conducta no servirá para luchar contra la gran delincuencia, cuyo crecimiento atribuyen a la eclosión de las barriadas marginales y a una enorme desigualdad entre ricos y pobres, que en 2023 quedó reflejada cuando Suecia se erigió en el decimoquinto Estado de todo el mundo más desigual en riqueza y patrimonio.
La oposición, en cambio, está convencida de que el texto aprobado por el Parlamento sí sumirá a miles de familias en la incertidumbre debido a la indefinición de las conductas que pueden llevar a la deportación. La nueva norma establece la expulsión para quienes están relacionados con bandas criminales, la comisión de atentados y delitos graves o participan en organizaciones extremistas; un apartado este último que ha causado gran indignación ya que el propio ministro de Inmigración se enfrentó en 2025 a un escándalo tras descubrirse los vínculos de su hijo adolescente con grupos neonazis.
Pero la ley también permite expulsar de Suecia a los migrantes que tengan deudas pendientes, no paguen impuestos, defrauden en las prestaciones sociales o hagan trabajos sin declarar. Los críticos, sin embargo, aducen que el requisito impuesto a esta población de llevar una «vida honrada» (como consta en los informes preliminares) puede conducir a que sean castigados con el desarraigo y el envío a sus países de origen por comportamientos basados en «sospechas vagas» o que ni siquiera se consideren actividades delictivas para los ciudadanos locales.
La nueva legislación se aplicará desde este momento sobre los solicitantes de asilo y también sobre los inmigrantes ya asentados en Suecia, a quienes además se puede incoar expedientes con carácter retroactivo. «Cualquiera que no se esfuerce por hacer lo correcto no debería poder contar con quedarse», declaró Johan Forssell cuando presentó el proyecto. La agencia de Migración se encargará de revisar los casos y los permisos de los extranjeros, que podrán apelar a un tribunal especial.
«La ley de buena conducta deja a las personas en la incertidumbre sobre qué acciones o expresiones pueden utilizarse en su contra», ha denunciado este martes Rights Defenders, una organización civil con sede en Estocolmo, cuyos portavoces creen que socava »el principio de igualdad ante la ley».
Obligados a delatar
El Parlamento también aprobó por un margen muy estrecho de votos la segunda norma polémica: la 'ley del soplón'. Después de una intensa campaña en su contra, los sindicatos y partidos de la oposición han logrado dejar fuera de la obligatoriedad de delatar a los indocumentados a los trabajadores sociales, médicos, personal de enfermería y profesores utilizando el argumento de que únicamente conseguirían que miles de migrantes en situación irregular no acudieran a la Sanidad y sus hijos, a las escuelas. Algunos medios han comparado estas medidas con las prácticas del ICE estadounidense, cuyos funcionarios vigilan los colegios en busca de menores cuyos padres carezcan de documentos.
En cambio, los empleados del sector público que trabajen en Hacienda, oficinas de empleo o en la seguridad social, entre otros departamentos, sí deberán informar a la Policía sobre cualquier persona de la que sospechen que no tiene permiso de residencia. «Es un grave retroceso para los derechos humanos», ha reprochado la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados.
Éste y otros colectivos aseguran, además, que el hecho de que determinadas profesiones estén exentas de esta obligación no garantizan más seguridad a los foráneos. Suecia cuenta con más de 250.000 empleados públicos. La burocracia administrativa y el trasvase de información entre los departamentos oficiales pueden hacer que las tramitaciones, consultas o expedientes de extranjeros indocumentados caigan en manos de funcionarios que sí están forzados por ley a denunciar.
El Gobierno está decidido a mantener sus iniciativas, aunque es consciente de que puede enfrentarse a las protestas del sector público. En 2023 introdujo esta 'ley del soplón' en sus acuerdos de gobernabilidad con la ultraderecha, lo que desembocó en una llamada a la desobediencia entre un millón de médicos, docentes y otros profesionales. «Ningún bibliotecario se ha comprometido con su profesión a denunciar. La Policía está haciendo su trabajo y nosotros el nuestro. Es importante en un Estado de Derecho que todo el mundo mantenga su papel», advirtió entonces el sindicato de docentes. El Sindicato Europeo de Servicios Públicos va ahora más lejos y dice que las leyes aprobadas por Suecia »legitiman a la ultraderecha« y »sus sueeños más descabellados«.
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