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Soldados rusos durante un desfile. Reuters Rusia propone que su ejército pueda operar fuera de sus fronterasEl objetivo del Kremlin sería defender a la flota fantasma y proteger a los ciudadanos con órdenes internacionales de arresto
Moscú
Domingo, 19 de abril 2026, 20:34
... este pretexto, Moscú quiere ahora reforzar su código legal para defender con mayor fuerza esta idea. La Duma, la cámara baja del Parlamento, aprobó la semana pasada la primera lectura de una ley que autorizaría el uso del ejército para proteger a sus ciudadanos en territorio extranjero.El proyecto de ley contempla añadir un nuevo apartado al artículo 6 de la «Ley sobre la ciudadanía de la Federación Rusa». Esta actualización permitiría al Gobierno, por decisión presidencial, adoptar las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos rusos detenidos o sometidos a procesos penales» en el extranjero. Sin embargo, los medios independientes advierten de que el objetivo de esta nueva enmienda es difusa, pues la constitución ya otorga al jefe del Estado la autoridad para tomar ese tipo de medidas cuando se consideren perjudiciales o contrarias a la Federación Rusa.
Defender las piezas clave
Aun así, el Parlamento defiende que su principal objetivo es proteger a los buques que exportan crudo de forma extraoficial esquivando las sanciones internacionales consecuencia de la invasión de Ucrania iniciada en febrero de 2022. Esta 'flota fantasma', compuesta por entre 600 y 700 cargueros, es una importante fuente de ingresos para la economía rusa, ya que representa entre el 60 y el 80% de las ventas de petróleo.
Expertos citados por 'Kommersant' aseguran que esta nueva ley blindaría la protección y escolta de buques mercantes y otros barcos sancionados. Con el ejemplo del 'Marinera' en la memoria, asaltado a principios de enero por las fuerzas estadounidenses, este cambio legal permitiría a las fuerzas armadas rusas actuar contra cualquier ataque previa orden del presidente, Vladímir Putin.
Los especialistas también señalan que esta ley favorecería la protección de los ciudadanos rusos sobre los que pesen órdenes internacionales de busca y captura. Utilizan el caso de María Lvova-Belova, Comisionada Presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) desde el 17 de marzo de 2023, acusada de crímenes de guerra que incluyen la deportación de niños ucranianos. La fugitiva posee una enorme familia de 23 hijos y aseguró que al menos uno de ellos es adoptado.
Pero no es la única a la que la busca la Corte. El propio presidente ruso tiene la misma cuenta pendiente con la CPI, aunque los 125 estados miembro de esta organización tienen la potestad de detener al mandatario si pisase su territorio y no lo han hecho. Dentro del Gobierno ruso, el exministro de defensa, Serguéi Shoigú, el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, y otros altos cargos del ejército ruso están en la misma situación.
Otra posibilidad de la que se ha hecho menos eco es que la nueva ley sirva para justificar la intervención del Kremlin en otros países. Medios ucranianos citan a expertos que consideran que sería posible que la utilizasen con esta finalidad, pues uno de los principales argumentos que Putin empleó para acreditar la invasión a Ucrania fue que lo hacía para «proteger a los ciudadanos rusos afincados en el este del país». Muchos de ellos contaban con un pasaporte de la Federación Rusa tras un proceso masivo que concedió este documento a 3,5 millones de habitantes del Donbás.
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