Ni el plan A, ni el B y, a esta hora, sin un plan C que garantice el éxito. El Gobierno vio ayer como el Congreso, un mes después, volvía a rechazar su segundo intento de sacar adelante el denominado «escudo social», un conjunto de medidas destinadas a proteger a las personas más vulnerables: rebajas en el precio de la energía, prohibición de interrumpir suministros básicos, moratoria anti-desahucios... El Ejecutivo de Pedro Sánchez no logró aprobar estas iniciativas cuando, en enero, las sometió a referéndum en el mismo paquete que la revalorización de pensiones, pues Junts sumó sus votos a los de PP y Vox para rechazar el «todo o nada». Aquello obligó a La Moncloa a trocear el decreto y recoger en dos textos distintos estos asuntos: el que contenía la subida del 2,7% en las pensiones se aprobó ayer, pero no así el que recogía las medidas del «escudo social», que vuelven a quedar ahora congeladas. Aunque el ministro Pablo Bustinduy aseguró que van a «seguir insistiendo» para aprobarlas, por ahora no existe un plan C que garantice que todas las medidas que recoge, desde el bono social energético hasta la prórroga de la suspensión de los desahucios, salgan adelante.
El no de Junts a esta última iniciativa es el principal escollo que enfrenta el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que los de Carles Puigdemont siguen torpedeando la gobernabilidad. Ayer, de hecho, también hicieron caer un segundo texto que contemplaba topar precios en situaciones de emergencia. De los cuatro decretos que el Gobierno sometió a convalidación este jueves en el Congreso, solo dos obtuvieron luz verde. La mitad.
Esta realidad ahonda en una estadística que Sánchez lidera: el número de decretos impulsados por sus ejecutivos que han sido luego derogados en la Cámara Baja. Esta figura legislativa, pensada para poner en marcha normas de forma más rápida -esquivando la larga tramitación parlamentaria- y que, históricamente, solía congregar mayor consenso, tampoco garantiza a Sánchez sacar adelante sus medidas. De los 12 decretos que el Congreso ha derogado en democracia, nueve los habían impulsado sus gobiernos -dos en la anterior legislatura y los otros siete, en esta-. Dos de estas derrotas, en enero de 2025 y 2026, fueron por decretos ómnibus que Junts rechazó apoyar por contener medidas de toda índole. Mismo motivo que llevó a los neoconvergentes a rechazar el texto de ayer.
Con el no que 177 diputados dieron ayer al «escudo social» del Gobierno, las reducciones en el precio de la energía para personas con dificultades económicas, la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas a quien no pague y las trabas a que las empresas que reciben ayudas públicas despidan empleados quedan suspendidas. La mayoría de ellas, medidas nacidas en plena pandemia que llevan en vigor desde finales de 2020, convertidas ya en seña de identidad del gobierno progresista. Como también la suspensión de los desahucios a ciudadanos vulnerables, asunto que Junts rechaza apoyar y que tiene muy difícil salir adelante si el Gobierno decide, como piden los neoconvergentes, trocear el «escudo social» para someter esta medida a votación por separado.
Los de Puigdemont sí dieron luz verde el año pasado a esta prórroga de la suspensión de desahucios -eso sí, a la segunda-, a cambio de que se tramitara en el Congreso el texto en el que pedían a Sánchez someterse a una cuestión de confianza. Pero esta vez, y tras su anunciada ruptura con el Gobierno, se han mantenido en el no también en el segundo intento. Todo pese a que el Ejecutivo aceptó introducir un «matiz» en el texto, bajo reclamo del PNV, para que la suspensión del lanzamiento no se aplique si se trata de un pequeño propietario, algo que podría haber caído bien en las filas neoconvergentes. No fue así, y en el Ejecutivo se ha instalado la desesperación con Junts y su rechazo a las medidas: «No es que no quieran negociar, es que no quieren sentarse a hablar», dicen miembros del Gobierno.