- JUANDE PORTILLO @JuandePortillo
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El Consejo de Ministros aprueba "la mayor inversión en dependencia de la historia" inyectando 2.220 millones para elevar el gasto por encima de los 7.200 millones en 2027.
Horas después de que el Tribunal Supremo condenara el lunes a 24 años de cárcel por corrupción a José Luis Ábalos, exministro y exsecretario de organización del PSOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció ayer para anunciar "la mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia". "A quienes se preguntan por qué este Ejecutivo quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino", dijo, en referencia a escándalos como la citada sentencia judicial, "la respuesta es esta, la respuesta está aquí", adujo, justificándose en la agenda de medidas sociales que el Gobierno de coalición sigue desarrollando.
Sánchez realizó este anuncio durante un acto sobre dependencia y discapacidad celebrado en el Imserso, junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, destacando que la medida "permitirá cumplir con el compromiso de la legislatura" sellado entre PSOE y Sumar para que el Estado se haga cargo del 50% de la factura total de la dependencia, que tradicionalmente ha recaído mayoritariamente sobre las arcas autonómicas.
"Hoy es un día histórico para la política social de este país", celebró luego el ministro de Derechos Sociales, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la iniciativa.
El Real Decreto-ley aprobado, supone, concretamente, incrementar la financiación de los servicios de dependencia en 2.218 millones adicionales consolidables durante el presente ejercicio, con el objetivo de que la aportación del Estado supere los 7.200 millones de euros el año que viene. En concreto, los recursos estatales ascenderán este año a 5.513,8 millones y alcanzarán en 2027 los 7.239,4 millones.
La medida, defendió el ministro de Derechos Sociales, "supone un avance irreversible para garantizar que nunca más el gasto en dependencia pueda ser moneda de cambio o variable de ajuste, como sucedió en la era de los recortes pero también para asentar las condiciones de esa gran transformación del sistema" de dependencia, buscando asentar las bases de "un nuevo modelo de cuidados, que cuente ahora sí con los recursos suficientes para poder garantizar un servicio público de la mayor calidad y un derecho subjetivo de ciudadanía".
En este sentido, Bustinduy avanzó, además, que aspira a que el Real Decreto-ley aprobado ayer se someta a la convalidación del Congreso de los Diputados coincidiendo con la votación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que a su juicio "van a suponer el andamiaje jurídico para esa transformación profunda del sistema de cuidados".
"Lo primero que debemos hacer es reducir las listas de espera", reivindicó Sánchez, mientras que Bustinduy aseveró que "no puede ser que un sector tan absolutamente esencial para nuestro futuro se vea sometido a condiciones de precariedad como las que se han conocido en el pasado".
El decreto busca, entre otras cosas, pasar de un sistema que prima la construcción y gestión de residencias de cuidados a facilitar que las personas dependientes puedan permanecer en sus propios hogares, mientras lo deseen, con la mejor calidad de vida posible. A tal fin, las ayudas para personas que sufren gran dependencia, el grado III, se incrementan un 423%, pasando de 290 euros a 660 euros al mes. En paralelo, la ayuda para dependencia severa, el grado II, se eleva un 100%, desde 130 euros a 260 euros al mes. Finalmente, los recursos para personas con dependencia moderada, el grado 1%, suben un 18%, pasando de 76 a 90 euros al mes.
Las nuevas cuantías, que se transferirán a las comunidades autónomas a partir del 1 de julio, contribuirán a que la inversión estatal en dependencia de 2027 duplique la de 2025 y sea cinco veces superior a la de hace una década.
Frente a las críticas de insuficiencia de las comunidades autónomas, y a las peticiones de dimisión de la oposición por los escándalos de corrupción, Sánchez defendió ayer que el Gobierno está decidió a "seguir" adelante para "mejorar la vida de la gente".
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