El presidente defiende hoy su permanencia en el poder con los mismos argumentos que usó para atacar a Rajoy: ocho años de contradicciones sobre corrupción, Presupuestos, el 'procés' o los pactos
Regala esta noticia Añádenos en Google Pedro Sánchez, en 2018 y en 2026. (EFE)Madrid
14/06/2026 a las 00:05h.Pedro Sánchez tiene un problema con la hemeroteca. Aunque tampoco es la primera vez. A lo largo de los 12 años, en dos etapas, que ... lleva al frente del PSOE y de los ocho que acaba de cumplir pilotando el Gobierno, el presidente ha demostrado una capacidad sin parangón para amoldar sus argumentos a las circunstancias en función de sus intereses y para defender con idéntica vehemencia recetas distintas para un mismo problema según el momento. Lo que es una característica relativamente habitual en la clase política roza en su caso la profesionalización extrema. Hasta el punto de que quien mejor puede rebatir al Sánchez de hoy es su yo pasado.
explicitado desde Roma el mismo día que la UCO registró la sede del PSOE en busca de pruebas de que el partido financió la campaña de Leire Díez, bajo la sombra de Santos Cerdán, para desacreditar a investigadores, jueces y fiscales encargados de los sumarios que lo salpican y apenas una semana después de conocer la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, es que la economía va bien y la estabilidad constituye un valor que hay que preservar.«El crecimiento económico, el éxito de país que estamos teniendo, tiene mucho que ver también con una palanca, que es la estabilidad. Y si la Constitución dice que son cuatro años la duración de una legislatura, pues son cuatro años», dijo. Es algo muy similar a lo que Mariano Rajoy esgrimió el 31 de agosto de 2016 en su primer debate de investidura tras los comicios de junio, los segundos en medio año, en un intento de evitar una nueva repetición electoral que finalmente no se produjo porque hubo una sublevación en el PSOE que acabó con la dimisión del hoy jefe del Ejecutivo. Sánchez pronunció entonces una frase que quedó en el diario de sesiones: «Una investidura no puede sobreseer la corrupción política otorgando una suerte de injustificable perdón respecto a la misma. Si asumiéramos lo contrario, estaríamos dañando seriamente la democracia y el Estado de derecho».
Mariano Rajoy felicita a Pedro Sánchez en 2018 tras triunfar su moción de censura al expresidente en el Congreso. (Reuters)Debate de investidura de Rajoy, Congreso de los Diputados
«Una investidura no puede sobreseer la corrupción política otorgando una suerte de injustificable perdón respecto a la misma»
Pedro Sánchez
31 de agosto de 2016
También sentenció aquella tarde que la incapacidad de Rajoy para lograr apoyos parlamentarios era «en exclusiva suya y nadie más es responsable de ello». Y que si el entonces líder del PP fuera coherente con sus palabras «debería ser el primero en votar en contra de su candidatura». La bancada socialista aplaudió.
Del «no es no» a adelantar elecciones «paraliza el país»
Ahora, el mismo Sánchez dispuesto a bloquear la legislatura con tres convocatorias electorales seguidas en 2016 -«No es no»-, defiende que llamar de forma adelantada a las urnas «paraliza el país», al tiempo que niega que la incapacidad de sacar adelante unos Presupuestos ponga de manifiesto la ausencia de una mayoría suficiente para desarrollar un proyecto o la falta de confianza de la Cámara. En 2019, sin embargo, sí consideró que debía dar voz a la ciudadanía al constatar que parte de los grupos que habían apoyado su investidura, en concreto ERC y Junts, no apoyarían sus Cuentas salvo que la Fiscalía retirara las acusaciones contra los líderes del 'procés' y se abrieran negociaciones para la celebración de un referéndum de autodeterminación. Y en 2018, como líder de la oposición, trató de presionar a Rajoy para que hiciera eso mismo -aunque el líder del PP logró finalmente aprobar su proyecto con el apoyo del PNV y de Ciudadanos- con el argumento de que un Gobierno sin Presupuestos era «tan útil como un coche sin gasolina». Y que la obligación, si no las sacaba adelante, era anticipar las elecciones.
Hoy, el Ejecutivo lleva desde finales de 2022 sin aprobar nuevas Cuentas públicas. Ha prorrogado los Presupuestos de 2023 por tercer año consecutivo. Y el ministro Félix Bolaños sostuvo el pasado mayo, en una jornada del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que la presentación de un proyecto presupuestario es una «obligación política» pero no jurídicamente exigible. El artículo 134.3 de la Constitución usa el verbo «deberá».
«Clarísimamente un delito de rebelión»
La evolución de Sánchez en relación con el independentismo catalán también ha estado sometida a fuertes vaivenes. En una entrevista con Susana Griso en Antena 3 en mayo de 2018, el entonces líder de la oposición fue inequívoco: «Clarísimamente ha habido un delito de rebelión y de sedición en España y deberían haber sido extraditados esos responsables políticos a España. Lo que ocurrió en el Parlamento de Cataluña el 6 y 7 de septiembre de 2017 es lógicamente un delito de rebelión. Si no hay altercados públicos, eso no quiere decir que no se cometa un delito de rebelión», llegó a aseverar. Cuando accedió al Gobierno, gracias a la moción de censura contra Rajoy que apoyaron los partidos independentistas, la Abogacía del Estado se decantó por acusar a los líderes del 'procés' solo por sedición y malversación, pero no por rebelión. En una rueda de prensa, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, defendió ese criterio y negó que Sánchez hubiera dicho nunca nada distinto. Tras ser rebatida por los periodistas, replicó: «El presidente de Gobierno es el presidente del Gobierno desde el 2 de junio. Antes era el líder de la oposición».
Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados en 2018. (EFE)Entrevista en Antena 3.
«Clarísimamente ha habido un delito de rebelión y de sedición en España y deberían haber sido extraditados esos responsables políticos (desde Bélgica)»
Pedro Sánchez
Mayo de 2018
En el debate electoral a cinco del 4 de noviembre de 2019, en el marco de la campaña para las elecciones del 10-N (las segundas del año), Sánchez pegó otro volantazo y prometió reformar el Código Penal para prohibir «de una vez por todas» los referéndums ilegales y evitar que se repitiera un 1-O. Pero solo tres meses más tarde, alcanzado un acuerdo de Gobierno con Podemos y pactada la investidura con ERC, renunció a esa promesa. En noviembre de 2022, fue aún más lejos y suprimió el delito de sedición. Pero previamente, en junio de 2021, el Ejecutivo ya había aprobado los indultos de los nueve líderes independentistas catalanes condenados por el Supremo después de haber asegurado apenas siete meses antes que garantizaría el «cumplimiento íntegro» de la sentencia.
La amnistía que no cabía en la Constitución
Del mismo modo que ahora blande la Constitución para no adelantar las elecciones, el Gobierno de Sánchez defendía hasta antes del 24 de julio de 2023, cuando necesitó los votos de ERC y Junts para gobernar, que la amnistía era incompatible con la Carta Magna. En junio de 2021, los decretos de indulto, firmados por el entonces ministro de Justicia y hoy magistrado del TC Juan Carlos Campo, dejaron escrito que esa medida era «claramente inconstitucional» porque «borra el delito». Carmen Calvo, vicepresidenta primera, lo explicó en términos parecidos: «La amnistía no es posible en nuestro país ni en ninguna democracia, porque la amnistía borra el delito, lo que significa que el Poder Judicial no existe».
En septiembre de 2021, cuando el presidente de la Generalitat Pere Aragonès le reclamó la medida de gracia en una reunión, Sánchez respondió que «ni el referéndum ni la amnistía son posibles». En julio de 2023, días antes del 23-J, se vanagloriaba en La Sexta de que el independentismo «pedía la amnistía y el referéndum y no ha tenido la amnistía y no hay un referéndum de autodeterminación ni lo habrá».
Entrevista con el presiente de la Generalitat Pere Aragonès
«Ni el referéndum ni la amnistía son posibles»
Pedro Sánchez
Septiembre de 2021
Cuatro meses después de esas palabras, negociaba la medida. Pronunció por primera vez la palabra «amnistía» ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Granada, el 27 de octubre de 2023. El 30 de mayo de 2024 ya era ley.
Con Bildu, no
La trayectoria con EH Bildu sigue la misma senda. Entre 2015 y 2019, Sánchez mantuvo como línea roja pública el rechazo a cualquier pacto con la formación abertzale. «El único partido con el que no vamos a dialogar es con Bildu», llegó a decir. «No me voy a reunir con Bildu», aseguró en febrero de 2016. En junio de 2019, siendo ya presidente en funciones, insistió: «El PSN y el PSOE tenemos la misma posición y es que con Bildu no se acuerda nada».
El 16 de noviembre de 2023, EH Bildu fue uno de los partidos que votó a favor de su investidura. Seis votos. En diciembre de ese mismo año, el Partido Socialista de Navarra facilitó mediante moción de censura contra UPNV que Bildu se hiciera con la Alcaldía de Pamplona. El Gobierno siempre ha esgrimido que ese apoyo no obedeció a negociación alguna. La consejera socialista de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José , ha aprobado la concesión del régimen de semilibertad (tercer grado o flexibilización de penas) a 46 reclusos de ETA desde que asumió su cargo en junio de 2024. En una reunión interna cuyo contenido se divulgó, Arnaldo Otegi había dejado dicho en octubre de 2021: «Tenemos 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos».
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