Quedó eclipsado y escondido tras el drama de los incendios que asolan España y la comparecencia de Pedro Sánchez para hacer balance del curso político, que derivó en un balance y defensa de sus ocho años de mandato. En una intervención muy extensa, el presidente del Gobierno no hizo mención a la corrupción, un asunto que sí debió abordar a preguntas de los periodistas. Minutos antes, en la reunión del Consejo de Ministros, se había acordado conceder cinco indultos, tres de ellos a condenados por delitos de corrupción.
Entre los agraciados está la líder independentista Laura Borràs, cuya inclusión en la Ley de Amnistía no contempló el Ejecutivo precisamente por tratarse de una condena por pura corrupción. También se benefician de la medida el ex alcalde de Linares (Jaén) Juan Fernández Gutiérrez, condenado por malversación; y el artista y gestor cultural Natalio Grueso, condenado en 2020 por malversación, falsedad documental y delito societario. Esta decisión supone, además, enmendar la tradicional posición del PSOE «para que no se pueda indultar a corruptos».
En los últimos años, los socialistas han llevado al Congreso de los Diputados iniciativas para reformar la Ley de Indulto. «Queremos modificar la ley para que no se pueda conceder un indulto a un condenado por corrupción o violencia de género. En suma, para que no se pueda indultar a un corrupto o a un maltratador», defendía en febrero de 2017 Juan Carlos Campo, que luego sería ministro de Justicia, y por entonces era el portavoz de Justicia del partido. «Hay un clamor en la sociedad española». El argumento de la iniciativa registrada no admitía dudas: «No procederá la concesión de indulto, total o parcial, cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero».
Esa posición contraria a los indultos por corrupción fue una idea sostenida en el tiempo por los socialistas. En febrero de 2013, en la Comisión de Justicia del Congreso se debatió una proposición no de ley del PSOE, que fue rechazada por el PP, en la que el portavoz socialista de Justicia, Julio Villarrubia, pidió a sus colegas mandar el siguiente mensaje a los ciudadanos: «Gobierne quien gobierne, y a partir de hoy, no será posible indultar por delitos de corrupción que tanto daño hacen a nuestro sistema democrático». El texto de la iniciativa justificaba esta posición por «la oleada de indignación que recorre nuestro país, por la corrupción político-económica existente, así como por la sensación de impunidad de los delincuentes de cuello blanco».
Actualmente, la corrupción, según datos del CIS, es el cuarto problema para los españoles, por detrás de la vivienda, la inmigración y los problemas políticos en general. La presunta corrupción y las investigaciones judiciales que cercan al PSOE y a La Moncloa, además del juicio a la Kitchen que se desarrolló durante el mandato del PP, han devuelto este asunto a la agenda política. El ex ministro José Luis Ábalos fue condenado a 24 años de prisión por el caso mascarillas; el hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez, fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación; y Begoña Gómez irá a juicio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.
El artista y gestor cultural Natalio Grueso.J.L.Cereijido /EFEA finales de julio de 2014, Pedro Sánchez fue elegido nuevo secretario general del PSOE en sustitución de Alfredo Pérez Rubalcaba. Dos meses después, concedía una entrevista en Mediaset, en la que manifestaba que no tenía sentido, «ninguno», el que un político indultase a otro político. «Absolutamente ninguno, y yo siento vergüenza de eso».
Laura Borràs, ex presidenta del Parlamento de Cataluña y líder independentista de Junts per Catalunya, fue condenada en 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al considerar que cometió el delito cuanto estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes al adjudicar contratos a dedo a un amigo, Isaías Herrero, también condenado en este procedimiento.
El Consejo de Ministros de este martes acordó un indulto parcial, por el que se le conmutará la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años. El resto de la pena (multa e inhabilitación de 13 años y un día) se mantiene. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya en la sentencia consideró que la pena de prisión resultaba «desproporcionada» y «excesiva» e incorporó la petición de un indulto parcial al Gobierno para evitar la prisión. El Ejecutivo hace caso, aunque no tenía obligación a ello.
De hecho, en las negociaciones para la redacción de la Ley de Amnistía, Junts y la propia Borràs hicieron intentos para que el texto permitiera que ésta se pudiera beneficiar, tratando de ampliar el concepto de lawfare. Desde el Ejecutivo se negaron a ello, al considerar que la condena de Borràs era por un delito de pura corrupción y nada tenía que ver con el procès.
Desde el Ejecutivo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, enmarcó este miércoles el indulto a Borràs en el mismo marco que los concedidos a los líderes del procès y la Ley de Amnistía, defendiendo que todas estas decisiones han sido «útiles» para «normalizar la situación política» en Cataluña. Sobre a contradicción de la decisión con la posición que mantenía Sánchez, López, en una entrevista en TVE, se limitó a la siguiente reflexión: «¿Dónde están ahora todos los discursos, las tribunas y las opiniones que hubo contra la Ley de Amnistía? Porque durante años se caía España y Feijóo decía que no se ajustaba a derecho, o que el Tribunal Constitucional la declararía inconstitucional».
La posición del PSOE no es la única cuyas costuras se tensan. También la de Sumar. El socio minoritario de la coalición siempre ha censurado los indultos por corrupción. De hecho, en su programa electoral para los comicios de 2023 llevaba la siguiente promesa: «Promulgaremos una nueva ley de indultos ajustada a la realidad social actual y que refuerce la exigencia del interés público en su concesión». Es más, hace un año remitieron al PSOE, al hilo del informe Cerdán, un documento de negociación para reimpulsar la legislatura en el que, entre otras medias, exigía prohibir los indultos a condenados por corrupción.