El cambio de postura que el presidente del Gobierno dictó respecto al Sáhara Occidental en 2022 -asumiendo la soberanía marroquí- ya despertó entonces algunas insinuaciones, por parte de la derecha, sobre la relación que esto podía tener con el espionaje con el software Pegasus a los móviles de Pedro Sánchez y otros miembros del Ejecutivo, cometido en 2021. «Yo no tengo ningún problema con mi móvil», se limitó a decir el presidente ante uno de esos cuestionamientos, aunque, como le reprochó entonces el PP, no aclaró qué archivos le habían sido sustraídos.
Cuatro años después, la tesis expuesta por Sánchez respecto al papel que jugó Rabat en la entrada masiva a Ceuta de finales de julio ha reavivado el cuestionamiento, pero ahora no es solo la derecha quien lo plantea, sino también algunos de sus socios. La opacidad del Gobierno respecto a qué se sustrajo en Pegasus y a la interlocución establecida con Marruecos ante esta crisis ceutí no ha contribuido a aplacar las insinuaciones de chantaje venidas de todo el espectro político.
Populares y Vox fueron los primeros en agitar la tesis, enmarcándola en su reproche a Sánchez por no responsabilizar a Rabat de la entrada irregular de 72.000 personas. «¿Qué había en su teléfono? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?», le digirió Alberto Núñez Feijóo hace hoy dos semanas, en la misma sesión en elCongreso en la que Santiago Abascal le lanzó: «¿Qué le debe usted a los atacantes, que no se atreve a señalarlos? ¿Qué saben de usted?».
Pero el planteamiento no quedó ahí, sino que algunos apoyos parlamentarios del Gobierno lo hicieron suyo en días posteriores. «Quizás [Marruecos] tiene demasiada información del presidente», sugirió Ione Belarra (Podemos) y, este fin de semana, el presidente del PNV, Aitor Esteban, sostuvo en una entrevista en El Correo: «Que Marruecos pueda tener algo que no conocemos que hace que la presión sobre el Gobierno español sea todavía mayor, yo no lo descartaría». Antes, preguntado sobre si cree que Sánchez puede estar siendo chantajeado, deslizó: «Ocurre el tema del espionaje de Pegasus y a los pocos meses tenemos el giro en la posición española sobre el Sáhara. Fue un terremoto sobre el que nunca se dio explicación».
Aunque otros socios del presidente, como Sumar o ERC, sí se han desmarcado de esa tesis del chantaje, todos han cuestionado la postura que Sánchez está manteniendo respecto a Marruecos en lo relativo a la crisis ceutí, exigiéndole una mayor respuesta que, por ahora, no llega. Y que, a quienes sí sostienen las insinuaciones, les da alas para reafirmarse en sus dudas.
También lo hace que persista la falta de aclaraciones sobre qué material se obtuvo de los miembros del Gobierno en la intrusión con Pegasus. En la entrevista del lunes en El Intermedio, a la pregunta de si podía asegurar «que el espionaje Pegasus a [él] y a su Gobierno no está condicionando su postura con Marruecos», Sánchez respondió: «En absoluto». No aportó mayor detalle sobre los datos que se pudieron incautar. Y, casi una semana antes, en una entrevista en La 1, preguntado si se siente chantajeado por Rabat, se limitó a asegurar que su Gobierno «nunca acepta ningún chantaje». «Porque no va con nosotros y porque no tenemos nada que ocultar», añadió, para a continuación referirse a la desclasificación de documentos sobre la entrada masiva a Ceuta que se ponía en marcha ese mismo día.
En todo caso, las respuestas de Sánchez a preguntas sobre el presunto chantaje y Pegasus siempre se han enfocado en el marco del Gobierno, como conjunto, no de sí mismo como individuo, que es por donde dirige sus sospechas la derecha.
En El Intermedio, Sánchez quiso matizar que «nunca» ha dicho que España «no vaya a hacer una respuesta contundente a Marruecos si se prueba que Marruecos, el régimen, está detrás de lo sucedido el 30 y el 31 de julio». Pero hasta ahora no ha explicado qué interlocución ha mantenido él, como presidente, con Rabat tras lo ocurrido, algo que ayer le requirió Feijóo que aclare.
Y mientras, en las seis comparecencias que suma este septiembre, entre entrevistas e intervenciones en el Congreso, el «ataque» o «violación de la integridad territorial de España» que definió Sánchez el 31 de julio ha dado paso a otros calificativos como «ataque híbrido» y, en su estado actual, «crisis humanitaria».