El Gobierno de Pedro Sánchez ha expulsado a 20.682 extranjeros irregulares entre 2019 y 2025. Según los balances de inmigración irregular que publica quincenalmente el Ministerio del Interior, durante este periodo llegaron al país 305.371 personas por esta vía, por lo que el Ejecutivo habría expulsado tan solo al 6,78% de estos individuos.
Así figura en una información remitida por el Ejecutivo al Congreso recogida por Servimedia, donde el diputado de UPN Alberto Catalán se había interesado sobre estas expulsiones en distintas provincias desde 2019. Este año fue el primero de presencia completa de Sánchez en La Moncloa, tras su llegada al poder al lograr los votos suficientes en la moción de censura votada en junio de 2018.
En la información remitida, el Ejecutivo ha asegurado que no existe actualmente un tratamiento estadístico que permita conocer con detalle cuántas órdenes de expulsión dictadas permanecen todavía pendientes de ejecución.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha expulsado a 20.682 extranjeros irregulares desde 2019, con un repunte de estas salidas desde 2020, año de la pandemia de la covid-19, en que se produce un aumento del 85,2% entre ese año y 2025. De esta forma, según lo esboza el Gobierno, no es posible discriminar entre las resoluciones impuestas por vía administrativa y aquellas que finalmente se materializan mediante la salida efectiva del ciudadano extranjero.
Además, la respuesta gubernamental subraya que la ejecución de estas salidas forzosas atiende estrictamente a los plazos de prescripción de las sanciones establecidos en la legislación vigente.
CAÍDA POR LA PANDEMIA
De acuerdo con la información remitida a Catalán, la cifra totaliza la actividad sancionadora del Ejecutivo en materia de extranjería durante los últimos siete ejercicios, reflejando el balance completo de las salidas forzosas ejecutadas por las Fuerzas de Seguridad en todo el territorio nacional.
Las expulsiones cayeron inicialmente de las 4.677 de 2019 a las 1.834 de 2020, aparentemente debido a la pandemia de la covid-19. Desde ese momento, la maquinaria administrativa ha recuperado su ritmo de forma progresiva, encadenando cinco años de incrementos sostenidos hasta alcanzar los 3.398 casos registrados durante el pasado ejercicio de 2025.
En concreto, en 2021 se ejecutaron 2.025 expulsiones; 2.627 en 2022; 3.090 en 2023; 3.031 en 2024 y 3.398 en 2025. Así se alcanza un total de 20.682 salidas de extranjeros irregulares durante el mandato de Sánchez, según el Ejecutivo.
La contabilidad europea, no obstante, esboza una realidad distinta. Según Eurostat, en 2021 salieron de España 4.755 personas tras haber expedido el Gobierno una orden de expulsión contra ellas (se dictaron 7.860 órdenes ese año); 6.365 en 2022 (se dictaron 10.920); 6.285 en 2023 (frente a 10.645 expedidas) y 8.725 en 2024 (cuando se dictaron 51.030).
Sea como fuere, el procedimiento para materializar estas órdenes se rige por la Ley Orgánica 4/2000 y el reciente Reglamento aprobado mediante el Real Decreto 1155/2024. La Policía Nacional actúa siguiendo la Instrucción 4/2023 de la Comisaría de Extranjería y Fronteras, asegurando que cada actuación policial cuente con el respaldo jurídico necesario y respete los derechos y libertades de los ciudadanos extranjeros afectados en el proceso.
A pesar del crecimiento constante en los últimos años, el total anual de 2025 todavía se sitúa por debajo de las 4.677 expulsiones que se ejecutaron en 2019. La serie histórica facilitada por el Ministerio del Interior evidencia cómo el sistema ha tardado un lustro en aproximarse a las cifras previas a la crisis sanitaria, superando la barrera de las tres mil intervenciones anuales recientemente.
MADRID Y BARCELONA, EN CABEZA
Por provincias, la de Madrid encabeza la estadística nacional de expulsiones con 788 realizadas en 2025, lo que supone un aumento significativo desde las 332 intervenciones reportadas en 2020. Esta región se consolida como el principal núcleo de actividad administrativa del país, habiendo duplicado con creces su volumen de ejecuciones en apenas cinco años según los datos oficiales entregados por el Gobierno al Parlamento.
Barcelona figura como la segunda provincia con mayor número de salidas forzosas al contabilizar 327 ejecuciones en el último balance anual disponible. La capital catalana ha mantenido una tendencia de recuperación estable tras el desplome sufrido durante el año 2020, cuando apenas se registraron 124 casos, situándose ahora en niveles operativos muy similares a los que presentaba al inicio de la serie estadística.
En el sur peninsular, la provincia de Málaga cerró el pasado ejercicio con 169 intervenciones, mientras que Sevilla registró un repunte notable al alcanzar las 86 expulsiones. Ambas provincias andaluzas reflejan la disparidad en la ejecución de estas medidas, puesto que, mientras la capital malagueña ha visto descender ligeramente sus cifras, Sevilla ha experimentado un incremento constante en sus registros durante el último trienio.
CIFRAS MÍNIMAS EN CEUTA Y MELILLA
Valencia y Zaragoza también destacan entre las zonas con mayor presión administrativa, reportando 160 y 140 expulsiones respectivamente en el cierre del ciclo de 2025. Zaragoza mantiene una progresión ascendente muy marcada tras haber superado los 132 casos del año anterior, mientras que la provincia valenciana muestra una ligera estabilización a la baja después de haber alcanzado su pico máximo durante el ejercicio 2023.
El informe oficial revela una caída sin precedentes en la actividad sancionadora de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla respecto a los datos de 2019. Ceuta ha pasado de ejecutar 172 expulsiones antes de la pandemia a registrar solo cuatro en 2025, una cifra idéntica a la de Melilla, que hace siete años superaba las doscientas intervenciones según el desglose pormenorizado del Ejecutivo.
En contraste, provincias como Zamora o Huesca mantienen una actividad residual con apenas tres y dos expulsiones ejecutadas, respectivamente, durante el último periodo analizado por las autoridades. Estos territorios presentan una estadística mínima que apenas ha variado a lo largo de los últimos siete años, reflejando una aplicación muy limitada de estas sanciones administrativas en comparación con las grandes capitales y núcleos urbanos.