Manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas por la vivienda y llamando a la huelga general. EFE
Editorial EL RUGIDO DE EL ESPAÑOL Sánchez lanza las urnas contra la clase media y los sindicatos se ofrecen como piquetes Publicada 6 octubre 2026 02:18h SíguenosEl pasado viernes, el Pleno del Congreso rechazó los dos reales decretos-ley de vivienda con los que Pedro Sánchez pretendía subirse a la ola de indignación generada entre la extrema izquierda por el desahucio de Maricarmen Abascal.
Este lunes, el presidente disolvió las Cortes, convocó elecciones para el 29 de noviembre y preparó el reenvío de esos textos a la Diputación Permanente, donde la suma le sale por un voto y Junts deja de ser necesario.
Ayer lunes también, CCOO y UGT pactaron la primera huelga general de los ocho años de gobierno de Sánchez.
El pasado viernes, los dos decretos, aprobados por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre al calor del desahucio de Maricarmen, cayeron por 178 votos contra 172 y por 184 contra 166.
Votaron en contra el PP, Vox, Junts y UPN; en el de la renovación automática de los contratos, también el PNV y Coalición Canaria.
A favor, el bloque del Gobierno y sus aliados.
La soberanía nacional habló. Esa decisión no es, o no debería ser, revocable a placer.
La Diputación Permanente existe para que el Congreso no desaparezca durante su disolución. Convalida decretos-ley de urgencia y vela por los poderes de la Cámara. No está pensada para repetir, a los tres días, una votación perdida.
El órgano tiene 69 miembros. Si se repiten los votos del viernes, el decreto principal sale por 35 a 34, sin necesidad de Junts. El segundo vuelve a caer si el PNV mantiene el no.
El retoque anunciado (algún cambio que permita decir que no son los mismos textos) es la coartada y no supondrá una diferencia sustancial.
Los servicios jurídicos del Congreso y varios juristas lo han llamado fraude de ley o fraude constitucional: utilizar una norma de cobertura para generar un resultado contrario a la voluntad ya expresada.
La fórmula que el propio Gobierno atribuía a Sumar, reaprobar el decreto cada vez que cayera, la había tachado él mismo de fraude. Aplicada una sola vez, con disolución mediante, no cambia su naturaleza. La Diputación vela por el Congreso. No lo sustituye.
A ese fraude de ley se suma la convocatoria de una huelga general radicalmente incomprensible. En ocho años de una legislatura que ha empobrecido a las clases media y trabajadora de este país, CCOO y UGT no han convocado una sola huelga general contra este Ejecutivo. Hasta ahora.
Sánchez ha sido el único presidente de la democracia con ese privilegio.
La primera huelga llega el día del adelanto electoral, sobre el asunto que acaba de convertir Sánchez en eje de su campaña, y en una fecha por determinar, pero que muy probablemente será previa al 29 de noviembre.
Los sindicatos dicen que la huelga no es contra la oposición, sino para pedir salarios dignos para acceder a una vivienda digna. Dicen también que la fecha se cerrará con el Sindicato de Inquilinas.
El encuadre salarial (el acuerdo de negociación colectiva, subidas del 4% al 7%, una cláusula vivienda) es el subterfugio para que la huelga no sea calificada de política, que el artículo 28.2 de la Constitución y la jurisprudencia dejan fuera de cobertura.
Pero el detonante no es un convenio bloqueado, sino una derrota parlamentaria del Gobierno. Las huelgas generales de 1988, 2010 y 2012 iban contra quien gobernaba. Esta coincide con quien gobierna, con su calendario y con el intento de deshacer en la Diputación lo que el Pleno rechazó.
Llamarla defensa de una política de vivienda progresista no cambia el sentido del instrumento.
Tampoco cambia el fondo. El alquiler se ha encarecido durante los ocho años de Sánchez, no durante este fin de semana.
La ley de arrendamientos, la fiscalidad y las condiciones básicas del mercado de la vivienda dependen del Estado, y el decreto del viernes no repara los ocho años perdidos de Sánchez, sino que agrava los destrozos causados. Limitar precios, suspender desahucios hasta 2030 y forzar prórrogas contrae la oferta son, precisamente, las políticas que provocaron la subida de los alquileres. Lo que el Sindicato de Inquilinas pide es, en la práctica, la expropiación del patrimonio de los españoles con el pretexto de una crisis de la vivienda.
El problema es de suelo, plazos, seguridad jurídica y escasez de obra, no de un Pleno que se negó a convalidar en cuatro días lo que el Gobierno no resolvió en ocho años. La huelga apoya a los okupas y pide que el propietario pague el alquiler de sus inquilinos. No pide una sola vivienda nueva ni menciona el impacto que la llegada de millones de inmigrantes a España ha provocado en el mercado del alquiler. Y pone el foco en la clase media, que es la que posee una amplia mayoría, casi el 90%, de las viviendas españolas.
No hace falta pensar mal para ver la sintonía de intereses entre Sánchez y los sindicatos. Disolución, rescate del decreto por la puerta pequeña y paro de 24 horas son piezas de una misma estrategia.
El decreto de Sánchez necesita una calle abarrotada que lo haga parecer inevitable. Y esta huelga no molesta en lo más mínimo a Pedro Sánchez, sino que le suministra la urgencia de la que el fraude necesita disfrazarse. Influir en el 29 de noviembre no es un efecto colateral. Es el objetivo final.
Sánchez ha cruzado una nueva línea roja: la que separa gobernar en minoría de gobernar contra el Parlamento y sorteando sus decisiones, que son las de la soberanía nacional. Los sindicatos cruzan la de su función: prestan la primera huelga general de la era Sánchez, a sólo unas semanas de las urnas, en apoyo de unas políticas cuyo fracaso es responsabilidad del mismo Sánchez.
Esto no es una huelga general convencional. Es una estrategia de crispación social y de clima prerrevolucionario que pretende pasar por encima del Parlamento, como se ha pasado antes por encima de los jueces, para dinamitar la posibilidad de una alternativa democrática y garantizar que el poder sigue en manos de Pedro Sánchez.
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