Tomás Serrano
Política Sánchez lidera la ofensiva contra la condena al fiscal y sus ministros la ridiculizan para que el Constitucional la revoqueEl presidente del Gobierno menosprecia la sentencia del Supremo e insiste en respaldar a García Ortiz: "Lo que ha hecho es defender la verdad".
Más información:Los ministros Puente y López se burlan de la condena al fiscal: recuerdan a 'Jack el Destripador' y 'guiones de Hollywood'
Ferrer Molina Publicada 10 diciembre 2025 02:51hLas claves nuevo Generado con IA
Pedro Sánchez lidera la ofensiva del Gobierno contra la condena del Tribunal Supremo al fiscal general Álvaro García Ortiz, cuestionando la sentencia y defendiendo su inocencia.
El Ejecutivo confía en que el Tribunal Constitucional revoque la condena, basándose en el voto particular de dos magistradas que consideran que no hay pruebas suficientes.
Varios ministros han ridiculizado públicamente la sentencia, mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado su confianza en la Justicia, aunque ha señalado la falta de unanimidad.
Sumar y Yolanda Díaz han acusado al Supremo de actuar sin pruebas y han llamado a la movilización ciudadana contra la sentencia.
En Moncloa existe el convencimiento de que el Tribunal Constitucional acabará poniendo las cosas en su sitio en relación a la condena a Álvaro García Ortiz. El sitio que quiere Pedro Sánchez, se entiende.
El propio presidente del Gobierno, aprovechando este martes su intervención en un acto por el centenario de la muerte de Pablo Iglesias, cuestionó la sentencia del Tribunal Supremo publicada unas horas antes.
Lo hizo insistiendo en la inocencia del fiscal general y acusando al PP de intentar "dar lecciones".
"Hoy dan lecciones ¿de qué? De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho es defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado", afirmó, obviando la condena por revelación de secretos y poniendo el foco en el presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
También dijo que quien "tiene que pedir perdón" es "la señora Ayuso" y "quien tiene que pedir responsabilidad a Ayuso es el señor Feijóo", eximiéndose así él mismo de cualquier obligación por haber nombrado a García Ortiz y haberle mantenido tras su imputación.
Tres días después de conocerse el fallo, el pasado 23 de noviembre, Sánchez ya dio a entender que "otras instancias jurisdiccionales" podrían intervenir para enmendar al Supremo.
"Hay otras instancias jurisdiccionales en las que entiendo se tendrán que dirimir algunos de estos aspectos una vez se conozca el contenido de esta sentencia que, a lo mejor, puedan ser controvertidos y tengan que ser dirimidos por otras instancias", dijo en Johannesburgo, a donde acudió por la Cumbre del G-20.
El PP tras la sentencia del TS contra García Ortiz: "Ya le podemos llamar el primer fiscal general del Estado delincuente"La tesis del Ejecutivo en relación a la sentencia del Supremo es coincidente con el voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, según el cual no puede haber condena porque no hay pruebas.
Para las dos magistradas, pese a que la sentencia sostiene que la filtración proviene de la Fiscalía General, "no se describe ni cómo, ni dónde, ni a través de qué medios tiene lugar esa llamada 'intervención directa' de García Ortiz, y menos su conocimiento y colaboración con tercero".
A ese texto se aferra el Gobierno que, en privado, arremete contra el Alto Tribunal. Su tesis es que se trata de una ofensiva de los "magistrados conservadores" contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El enfado, que ya fue visible cuando se conoció el fallo, apenas se ha enfriado 20 días después.
Hacia otro choque TS/TC
Entienden fuentes del Gobierno que hay muchas opciones de que el Tribunal Constitucional anule en el futuro la sentencia del Supremo.
Sería un nuevo choque entre los dos tribunales, que se ha producido ya con asuntos como el caso ERE y, sobre todo, con la Ley de Amnistía y su aplicación a los líderes independentistas.
El Gobierno confía en que la mayoría progresista del Tribunal Constitucional resuelva otra vez en favor de sus intereses, con el consiguiente deterioro institucional.
En el Supremo sólo hay jueces de carrera, mientras que el Constitucional es un tribunal político, elegido por el Congreso, el Senado, el propio Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial.
En la tarea de allanar ese camino a Cándido Conde-Pumpido, presidente del TC, se afanaron este martes dos ministros ridiculizando la sentencia del Supremo.
En realidad, Moncloa intentó que hubiera una respuesta dura y otra más institucional. De la primera se encargaron Óscar López y Óscar Puente.
El ministro para la Transición Digital y líder de los socialistas madrileños aseguró en TVE: "He podido leer lo que he podido leer, porque acaba de salir, pero a la vista de lo que he podido leer y lo que le escucho a ustedes, conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia".
El ministro de Transportes fue más lejos en las redes sociales, ironizando con algunas expresiones de la sentencia. "Lo de Jack el Destripador fue él o alguien de su entorno. Siempre se vio así".
Ayuso, tras la sentencia del TS sobre García Ortiz: "Esto haría caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal"Enfrente, la ministra de Defensa y magistrada de carrera, Margarita Robles, expresó su "total y absoluta confianza" en la Justicia. Sólo criticó que se haya conocido primero el fallo y luego la sentencia.
Robles resaltó que no hubiera unanimidad en la Sala (cinco votos contra dos) y concluyó mostrando su confianza "plena" en los tribunales y en las instituciones, porque esa confianza es "una obligación" en un Estado de Derecho. Si no, "la democracia no funciona", dijo.
Días atrás fue el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien, sin dejar de discrepar de la sentencia, ya intentó dar ese tono más institucional cuando le tocó fijar la posición del Gobierno.
En el extremo de la crítica se situó Sumar, que a través de su diputado Enrique Santiago acusó al Supremo de llevar a cabo un "proceso inquisitorial sin pruebas" contra el Gobierno y contra el fiscal general.
También la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, animó entonces a los ciudadanos a manifestarse contra el Supremo. Y lo hizo desde la sala de prensa de Moncloa. Hasta el día de hoy no ha habido una sola movilización relevante.
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