El proyecto, que complementa la regularización de más de un millón de extranjeros, contempla programas para el aprendizaje de idiomas cooficiales y el conocimiento de «normas y valores»
Regala esta noticia Añádenos en Google Sánchez este martes en la presentación de la campaña '¿De dónde vienen? Vienen de hacer país'. (Reuters)Madrid
30/06/2026 a las 11:32h.En un contexto de fuerte polémica por el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que ha recibido más de un millón de solicitudes — por encima ... de las 750.000 previstas— , Pedro Sánchez presentó este martes un Plan de Integración y Ciudadanía dotado con 505 millones de euros en su primer año. El plan busca, según el presidente del Gobierno, gestionar «de manera ordenada» la migración para «aprovechar las oportunidades que aporta» y «responder a los desafíos que todo cambio social genera», en un momento en el que este asunto se perfila como uno de los grandes temas de debate de cara a las próximas elecciones generales.
«Así es como queremos que el mundo vea a España. Como un país que protege y que ampara los derechos humanos, que reconoce la dignidad de quienes viven y trabajan entre nosotros. Ahora, precisamente ahora, hace lo único decente y moralmente aceptable que es dar la mano en lugar de dar la espalda a la realidad migratoria. España nunca ha avanzado levantando muros», insistió.
El presidente del Gobierno también se esforzó, sin embargo, por mostrar una visión realista del fenómeno y admitió que «la convivencia no está exenta de tensiones». Unas tensiones a las que en buena medida deben hacer frente, sobre todo, comunidades autónomas y ayuntamientos. No solo el auge de Vox, también el de partidos como la islamófoba Alliança Catalana en Cataluña demuestra que la tarea no es sencilla. El plan presentado este martes sería pues el contrapeso a la polémica regularización.
Sánchez especificó que se articula en torno a cuatro ejes. Y el tercero, precisamente, se centra en la convivencia, «con el refuerzo del acceso a derechos, pero también a obligaciones de las personas migrantes». Según anunció, se destinarán casi 30 millones a programas que refuercen el aprendizaje de los idiomas cooficiales y el conocimiento de las normas y valores españoles. Además, se implementará un plan para reforzar la prevención de los discursos de odio y un mayor apoyo a las víctimas de discriminación. «Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas, oficia les y cooficiales — dijo—. En España las reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, libertad de expresión, respeto a la legalidad vigente. No basta con exigir integración; hay que hacerla posible».
Agencia de Movilidad
El primer eje sería el relativo a «la regularidad y los flujos ordenados». En este otro punto Sánchez incluyó la nueva Estrategia de Movilidad Laboral para abrir vías legales, seguras y ordenadas de migración, e incluyó una futura Agencia Estatal de Movilidad Humana que, dijo, «movilizará recursos dispersos para ofrecer una gestión más ordenada y eficaz» y que, subrayó, «preservará las competencias de seguridad y control fronterizo». El segundo eje sitúa el trabajo como principal herramienta de inclusión, con más de 35 millones para facilitar la incorporación de migrantes a sectores con alta demanda y una oferta de más de 100.000 plazas de FP. Y el cuarto apunta a «hacer efectiva la ciudadanía», con el refuerzo de servicios públicos y la lucha contra la discriminación.
Para la defensa de su plan, el Gobierno esgrime datos que, según su argumentación, demuestran la contribución de la migración al crecimiento económico y al sostenimiento del Estado del bienestar. Según sus cifras, casi la mitad del aumento del PIB desde 2022 se explica por la inmigración. Unas cifras que chocan con el discurso de PP y Vox, que asocian migración con inseguridad y colapso de servicios. Sánchez también adujo que la prueba de que «no hay 'efecto llamada'», como sostiene la derecha, es que «en lo que llevamos de año las llegadas irregulares se han reducido un tercio respecto al mismo periodo de 2025 y, en el caso de Canarias, un 70%»
Con este pulso, Sánchez parece dispuesto a seguir con la conversión de la migración en uno de sus principales campos de batalla ideológica, frente a un PP que, presionado por Vox, no solo ha asumido en los programas de Gobierno sellados tras el último ciclo autonómico el controvertido principio de «prioridad nacional» sino que ya cuestiona también los procesos de adquisición de la nacionalidad a través de la ley de memoria democrática.
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