A las 11.00 de la mañana del viernes estaba previsto que Pedro Sánchez compareciera en La Moncloa para explicar personalmente el contenido del paquete de medidas que mitigarán los efectos económicos del conflicto bélico en Oriente Medio. No es habitual que el presidente atienda a los medios de comunicación en España más allá de las dos veces al año que hace balance de su gestión, lo que evidencia lo relevante que era esta convocatoria para el Gobierno. Sin embargo, a esa hora, con la sala de prensa ya llena, ni siquiera había empezado todavía el Consejo de Ministros extraordinario que tenía que aprobar este nuevo «escudo social».
Los cinco representantes de Sumar en la coalición se habían plantado antes de la reunión ante la negativa del sector socialista a incluir en el plan integral la prórroga de los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027 y el control a los márgenes empresariales. Y estaban dispuestos a llevar el pulso hasta el final. El anuncio de la movilización de 5.000 millones de euros que iba a ir acompañado de un nuevo alegato del No a la guerra acabó opacado por un choque insólito entre socios de la coalición.
Antes del inicio del Consejo de Ministros extraordinario, que estaba previsto a las 9.30 horas, Ernest Urtasun, titular de Cultura, le trasladó a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que no estaban de acuerdo con el real decreto que se pretendía aprobar, según explican las fuentes consultadas por este periódico. Posteriormente, llegaron Yolanda Díaz y los otros miembros de la formación minoritaria, que manifestaron su intención de no sentarse a la mesa si no se atendían sus exigencias.
Para tratar de reconducir la situación, Sánchez mantuvo una primera conversación con Díaz. Más tarde, hubo un encuentro a siete: Sánchez, Díaz, Montero y los otros cuatro ministros de Sumar en una sala aledaña, donde habitualmente se toman el café previo a las reuniones habituales de los martes. Fue ahí cuando el ala socialista del Gobierno acabó accediendo a negociar los dos temas que le reclamaba su socio.
La solución a la que se llegó fue que las cuestiones sobre vivienda fueran desgajadas en un segundo decreto, que se da por hecho que será tumbado en el Congreso ya que ni entre los socios de investidura hay una postura unánime para aprobarlo.
Finalmente, sobre las 11.45 horas, con más de dos horas de retraso sobre el timing previsto, dio comienzo el Consejo de Ministros, en el que terminaron de rematarse los detalles de ese pacto in extremis. Entre otras cuestiones, los responsables de Economía, Carlos Cuerpo, y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en representación de ambas partes del Gobierno, terminaron de perfilar el apartado en el que se regula el control de los márgenes empresariales para intentar evitar posibles abusos. En este caso, sí se incluyó en el decreto que se da por hecho que será convalidado en la Cámara Baja después de constatar telefónicamente con Junts y PNV que tendría el apoyo del conjunto de grupos del bloque de investidura.
«Entiendo que el salseo es interesante para los medios de comunicación, pero estamos hablando de un plan muy relevante que es el resultado de todas esas horas de negociación que hemos tenido a distintos niveles», ironizó después Sánchez, tratando de minimizar la importancia del contexto de alta tensión entre socios, y recalcando que lo relevante, a su juicio, es la «capacidad de dialogo y de acuerdo» en el seno de la coalición: «No lo veo en absoluto un problema, sino todo lo contrario, es un activo de este Gobierno».
Mientras el choque llegaba a su punto álgido en La Moncloa, el ministro que se había encargado en los días previos de las conversaciones con los grupos parlamentarios para asegurarse su apoyo al real decreto de medidas se encontraba a 2.000 kilómetros de distancia. Félix Bolaños, responsable de la cartera de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, estaba acompañando justo en ese momento a los Reyes a la audiencia con el Papa León XIV en Ciudad del Vaticano.
Con otras más de dos horas de retraso, Sánchez acudió al final a la rueda de prensa acompañado por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, además del director de la Oficina de Asuntos Económicos, Manuel de la Rocha, todos ellos con rostros muy serios. La que no se sentó en primera fila fue Montero, que por la tarde tenía en agenda el acto de firma del convenio para la construcción del nuevo hospital en Cádiz en su condición aún de miembro de Gobierno, del que saldrá en cuestión de semanas precisamente para ser la candidata socialista a las elecciones andaluzas que se celebrarán antes del verano.
Hasta este viernes, que se tenga constancia, los Consejos de Ministros más tensos desde que en 2020 se constituyó el primer Ejecutivo de coalición en España se produjeron en la legislatura pasada, con Pablo Iglesias aún como vicepresidente, por las discrepancias de Podemos con las medidas del confinamiento por la pandemia y un aumento del gasto militar. En ambas ocasiones el presidente interrumpió las reuniones hasta que se recondujeron las posturas.
Tras su plante de ayer, los ministros de la formación de Díaz salieron en bloque a alardear de lo logrado en la negociación con el PSOE. «Lo que hemos demostrado hoy es que Sumar está para gobernar y lograr avances. Ése es el papel de Sumar, estar en el Gobierno para transformar», recalcó Urtasun, en declaraciones desde el Congreso, justo después de que acabara la rueda de prensa de Sánchez en La Moncloa. Desde el ala socialista creen que ha habido mucho de «escenificación» ya que, precisan, no se negaban a incluir medidas en otro decreto, pero sí en el del No a la guerra para evitar que fuera tumbado.
Tras las desavenencias escenificadas en tiempo real que acapararon el foco informativo estaba un plan integral incluye un total de 80 medidas que entran en vigor este sábado con su publicación en el BOE y que beneficiará a 20 millones de hogares y tres millones de empresas. Entre las ayudas aprobadas se encuentra también una reducción de 30 céntimos por litro de combustible, una bajada del 60% de los impuestos a la electricidad y la prohibición de cortes de suministros a personas vulnerables.
«Estoy muy enfadado», llegó a afirmar Sánchez durante su comparecencia, pero no se refería al plante de Sumar, sino al hecho de que se tengan que destinar 5.000 millones de euros para paliar el «shock energético» provocado por «una guerra ilegal» y a «los políticos que se ponen de perfil» en este conflicto, en una crítica indirecta al PP. Según recalcó, las medidas estarán vigentes el tiempo que sea necesario y se ampliarán si fuera preciso.