Sanción de 40.000 euros para una empresa de juego por dejar apostar a un hombre incluido en un registro de ludópatas

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SUR Sanción de 40.000 euros para una empresa de juego por dejar apostar a un hombre incluido en un registro de ludópatas

El TSJ confirma la multa tras constatar que el cliente accedó «sin que se hubiera realizado previamente el control»

Rossel Aparicio

Málaga

Lunes, 16 de marzo 2026, 00:07

... La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha confirmado esta semana la sanción de 40.000 euros impuesta a una empresa de juego por permitir que apostara un hombre que se encontraba inscrito en el registro de prohibidos. La sentencia desestima de esta forma el recurso de apelación interpuesto por la empresa contra la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Murcia, que ya había declarado ajustada a derecho la sanción administrativa.

Así, según se extrae de la resolución, el cliente accedió a la zona de apuestas sin que se hubiera realizado previamente el pertinente control de acceso: «nadie le pidió su identificación y accedió al juego ya que la máquina no estaba bloqueada».

Según la narración de los hechos, dicha empresa fue sancionada por una infracción muy grave prevista en la Ley 2/1995 reguladora del juego y apuestas de la Región de Murcia. La empresa recurrente, por su parte, sostenía que no debía responder por la conducta de la empleada encargada del local. Sin embargo, el Tribunal destaca en este sentido que la normativa autonómica «establece la obligación de las empresas del sector de adoptar mecanismos de control para impedir el acceso al juego a quienes lo tienen prohibido, lo que implica una responsabilidad derivada, al menos, de culpa in eligendo o in vigilando respecto del personal encargado».

Una cuantía «proporcionada»

Sobre la multa, la Sala considera «proporcionada» la cuantía, teniendo en cuenta que la normativa de juegos prevé hasta los 300.000 euros para las infracciones muy graves sanciones. De hecho destaca que esos 40.000 euros se sitúan dentro de un margen razonable, teniendo en cuenta que es una conducta «que pone en peligro no sólo intereses económicos sino también otros valores necesitados de protección».

Por último, tal y como explica el Poder Judicial, contra esta sentencia que confirma íntegramente la resolución del juzgado de primera instancia se puede interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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