En la imagen, la respuesta que el Gobierno dio a la pregunta parlamentaria sobre la atención a migrantes irregulares. EE Artes
Política Sanidad atendió a 1,2M de 'sin papeles' en 2024, más del doble de los 500.000 que Sánchez dijo en abril que regularizaríaUna respuesta parlamentaria a Vox revela que el Gobierno tenía registrados 1.224.576 irregulares en las bases de datos de Sistema Nacional de Salud.
La cifra también coincide con la estimación de un informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de febrero de este año.
Más información: El Supremo activa el proceso para que el TJUE intervenga contra la regularización de 1,3 millones de inmigrantes de Sánchez
José Andrés Gómez Publicada 4 julio 2026 03:07h Las clavesLas claves Generado con IA
Dos ministerios del mismo Gobierno manejaban cifras muy distintas sobre un mismo fenómeno. Puede sonar a broma, pero no lo es.
Mientras el Ministerio de Inclusión de Elma Saiz diseñó la regularización extraordinaria de inmigrantes sobre una estimación de "casi 500.000" beneficiarios, tal y como dijo Sánchez en abril, el Ministerio de Sanidad tenía registrados, a 31 de diciembre de 2024, un total de 1.224.576 extranjeros.
Todos ellos figuraban en la Base de Datos de Población Protegida del Sistema Nacional de Salud dentro de la categoría oficial de personas extranjeras "no registradas ni autorizadas como residentes", creada para reconocer el acceso a la asistencia sanitaria pública de quienes carecen de autorización de residencia.
La cifra, que aparece en una respuesta parlamentaria del Ministerio de Sanidad al Congreso de los Diputados a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, supera en más del doble la estimación utilizada por el Ejecutivo para elaborar la memoria del real decreto con el que aprobó la regularización extraordinaria.
El dato, además, guarda una estrecha relación con el contenido de un informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, adelantado por este periódico.
El documento calculaba que el proceso extraordinario acabaría alcanzando a 1.250.000 ciudadanos extranjeros, una previsión muy próxima tanto a los registros del Ministerio de Sanidad como a los 1.174.978 solicitantes que finalmente ha reconocido el propio Gobierno tras el cierre del plazo de solicitudes.
El origen de ese registro sanitario se remonta al Real Decreto-ley 7/2018, con el que el Ejecutivo recuperó el acceso universal al Sistema Nacional de Salud para las personas extranjeras que se encontraban en España sin autorización de residencia.
Sánchez anuncia 500 millones para integrar migrantes y alerta contra los "mensajes de odio" de las redes y la políticaUn año más tarde, una resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud desarrolló el procedimiento administrativo para hacer efectivo ese derecho y estableció el sistema de identificación de estos beneficiarios.
Desde entonces, las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) asignan a cada solicitante un Código de Identificación Personal Autonómico (CIPA).
Una vez comprobado que cumple los requisitos, comunican el alta al Ministerio de Sanidad, que genera el correspondiente Código de Identificación Personal del Sistema Nacional de Salud (CIP-SNS) e incorpora a esa persona a la Base de Datos de Población Protegida.
Fue precisamente esa base la que permitió al Ministerio de Sanidad responder el pasado marzo a la pregunta parlamentaria de Vox. La cuestión fue formulada por los diputados Rocío de Meer, Tomás Fernández y David García.
"En cuanto a la nacionalidad extracomunitaria, de las 1.224.576 personas que se han beneficiado de esta prestación asistencial, los datos que se ofrecen son los que facilitan las comunidades autónomas a la Base de Datos de Población Protegida del Sistema Nacional de Salud (BDPPSNS), en el Título 85 ANE Prestación asistencial a personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes, cifra aportada a fecha de 31 de diciembre de 2024", se puede leer en la respuesta parlamentaria.
Extranjería tenía razón: las solicitudes de regularización de migrantes rozan los 1,3 M frente a los 500.000 que dijo SánchezConviene, no obstante, hacer una precisión metodológica. La Base de Datos de Población Protegida del Sistema Nacional de Salud no constituye un censo oficial de toda la inmigración en situación irregular en España, sino un registro administrativo de las personas extranjeras que han solicitado o tienen reconocido el derecho a la asistencia sanitaria pública dentro de esa categoría.
Ello implica que pueden existir extranjeros sin autorización de residencia que nunca hayan solicitado la tarjeta sanitaria o que acaben de llegar al país y aún no figuren en el sistema.
Del mismo modo, la base puede incluir expedientes pendientes de actualización correspondientes a personas que ya han regularizado su situación o incluso otras incidencias propias de cualquier registro administrativo.
En cualquier caso, se trata de la fuente estadística más completa de la que dispone el Estado sobre este colectivo.
Una cifra sin explicación
Entonces, ¿cómo es posible que el Gobierno cifrara sólo en medio millón los beneficiarios de la regularización masiva?
La realidad es que la memoria del real decretoapenas explica el origen de esas cifras sobre la que se calcularon tanto la carga administrativa como los recursos humanos para gestionar el procedimiento.
De hecho, el Consejo de Estado llamó la atención sobre esa cuestión. El órgano consultivo, dirigido por Carmen Calvo, advirtió de que el documento no detallaba las bases ni la metodología empleadas para calcular tanto el número de solicitantes como el de beneficiarios previstos.
Además, señalaba diversos "coladeros" en la norma. "Las previsiones de la proyectada reglamentación […] aplican al cumplimiento de ese requisito general de la Ley Orgánica de Extranjería una técnica (la declaración responsable) que resulta inadecuada para un proceso masivo de tramitación […] y que abre la puerta a prácticas poco rigurosas e incluso irregulares", se podía leer en el documento de 84 páginas.
Las dudas sobre la fundamentación y el alcance de la norma no se limitan al Consejo de Estado. El Tribunal Supremo (TS) ha activado ya el procedimiento previo para decidir si plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al apreciar dudas sobre la compatibilidad de la norma con el Derecho comunitario.
El Supremo activa el proceso para que el TJUE intervenga contra la regularización de 1,3M de inmigrantes de SánchezEl alto tribunal quiere determinar si una regularización de estas dimensiones, que ha afectado finalmente a más de 1,17 millones de personas, puede entrar en colisión con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y con el Reglamento europeo sobre retorno de nacionales de terceros países.
Así, frente a esas dudas, el Gobierno mantiene que el proceso está plenamente respaldado desde el punto de vista jurídico. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, expresó este miércoles su "absoluta tranquilidad" ante la posibilidad de que el TS acuda al TJUE.
Además, recordó que la Comisión Europea ya manifestó el pasado enero que la regularización de extranjeros es una competencia de los Estados miembros y que España tiene "perfecto derecho" a aprobar una norma de estas características.
Por último, también subrayó que una eventual cuestión prejudicial no paralizaría el proceso de regularización ni la tramitación de los expedientes, sino únicamente el procedimiento judicial en el que pudiera plantearse la consulta, y defendió que el real decreto ha superado "todos los controles" jurídicos exigidos durante su elaboración.