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Santander UK y otros bancos británicos afrontan 10.500 millones por el 'caso de los coches'

Santander UK y otros bancos británicos afrontan 10.500 millones por el 'caso de los coches'
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La Autoridad de Conducta Financiera rebaja el impacto calculado en 2.000 millones tras un periodo de consultas en relación a cómo indemnizar por el escándalo de la inclusión de cláusulas desconocidas para los particulares en la financiación de vehículos en Reino Unido. Leer
BancaSantander UK y otros bancos británicos afrontan 10.500 millones por el 'caso de los coches'Actualizado 30 MAR. 2026 - 19:30Oficina de Santander en Cambridge (Reino Unido).EXPANSION

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La Autoridad de Conducta Financiera rebaja el impacto calculado en 2.000 millones tras un periodo de consultas en relación a cómo indemnizar por el escándalo de la inclusión de cláusulas desconocidas para los particulares en la financiación de vehículos en Reino Unido.

Las entidades financieras británicas salpicadas por el caso de los coches, incluido Santander UK, deberán afrontar un pago total de 9.100 millones de libras (10.500 millones de euros), de acuerdo con la nueva evaluación publicada hoy por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés), que rebaja el impacto inicial desde los 11.000 millones de libras (12.650 millones de euros).

Santander es uno de los bancos que más ha provisionado hasta la fecha por este asunto. En concreto, la filial británica de la entidad presidida por Ana Botín ha apartado, en dos fases, 461 millones de libras (531 millones de euros). En sus últimas cuentas, Santander UK explica que, como máximo, el escándalo podría llegar a costarle 646 millones de libras (744 millones de euros). Los responsables del banco siempre han explicado que, de acuerdo con sus estimaciones, el golpe sería sustancialmente inferior al calculado por la FCA, entidad adscrita al Banco de Inglaterra.

Barclays, Lloyds y Close Brothers son otras de las entidades que ya han provisionado por este tema.

El caso de los coches se refiere a una serie de prácticas realizadas entre el 6 de abril de 2007 y el 1 de noviembre de 2024 por bancos y otras entidades en la concesión de préstamos para la compra de automóviles -se financian cuatro de cada cinco adquisiciones en Reino Unido- que, tras la intervención de la FCA, dejaron de aplicarse.

En concreto, se introducía una cláusula que vinculaba las comisiones al interés del crédito, de manera que existían incentivos para que los tipos pagados fuesen más elevados.

"Los tribunales han fallado que las firmas quebraron la ley al ocultar información importante a los consumidores. Un esquema que incluya a todo el sector es es la manera más efectiva en tiempo y coste para proporcionar una compensación justa", ha explicado la FCA, que ha retrasado hoy la publicación de la nueva documentación hasta el cierre de mercado.

El pasado octubre, la FCA ya emitió una primera propuesta. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Básicamente, el ente dirigido por Nikhil Rathi ha abierto un periodo de consultas en el que ha recibido mil interpelaciones, entre ellas, y de forma muy activa, de las entidades financieras. El nuevo texto presenta un mejor "equilibrio entre principios como simplicidad, efectividad del coste, justicia y amplitud del alcance", dice la FCA.

Menos reclamantes, pero por mayor importe

En concreto, la FCA cree que tendrán derecho a reclamar 12,1 millones de particulares, frente a los 14,2 millones del informe anterior, si bien calcula que, sobre esa base, lo terminarán haciendo un 75%, diez puntos menos respecto del cálculo previo.

En cambio, el importe medio subirá de las 695 libras (800 euros)de antes a las 829 libras (954 euros) de ahora, de manera que, solo en indemnizaciones, las entidades terminarán asumiendo unos 7.500 millones de libras (8.600 millones de euros).

A ello habrá que añadir otros 1.600 millones de libras (1.840 millones de euros) de gastos indirectos, frente a los 2.800 millones de libras (3.220 millones) del análisis inicial.

La FCA, que espera que las indemnizaciones se paguen en los próximos meses, considera que un esquema así ahorrará costes a las empresas, y, sobre todo, a los consumidores, que evitarán contratar a abogados, especialmente después de conocer las tres sentencias del Tribunal Supremo del pasado agosto, que sentaron precedente.

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Fuente original: Leer en Expansión
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