La ministra Mónica García asegura que los gobiernos autonómicos tienen la obligación de asegurar la prestación
Regala esta noticia Añádenos en Google Antonio Sanz, este martes en el centro de salud Alameda-Perchel. (SUR) 29/09/2026 Actualizado a las 13:45h.El Ministerio de Sanidad anunció este lunes que pretende incorporar la interrupción voluntaria del embarazo mediante el método farmacológico, es decir, la píldora abortiva, a ... la cartera común de servicios de Atención Primaria. La propuesta ha sido contestada hoy por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, quien ha confirmado que en Andalucía «se cumplirá la ley porque estamos obligados», pero ha aprovechado la ocasión para criticar a Mónica García, ministra del ramo, a la que acusa de «estar siempre de campaña».
Durante su intervención, la ministra García defendió el lunes que el acceso efectivo al aborto debe estar garantizado en todo el territorio y que los gobiernos autonómicos tienen la obligación de asegurar la prestación.
El cambio supondría acercar esta prestación al primer nivel asistencial y evitar que la mujer tenga que ser derivada necesariamente a un centro acreditado para acceder al aborto farmacológico. La medida busca que el proceso pueda iniciarse y desarrollarse en el propio centro de salud, aunque corresponde ahora a las comunidades autónomas concretar cómo se organizará la prestación y qué profesionales asumirán cada una de sus fases.
«Ella es candidata en Madrid y todo lo que hace es campaña. Esto es un trapo electoral»
«Tengan en cuenta que no tiene un minuto para reunirse con los médicos y se dedica a la campaña. Ella es candidata en Madrid y todo lo que hace es campaña», ha precisado Sanz en clara alusión a la huelga general indefinida que los sindicatos médicos han convocado a partir del 28 de octubre por el Estatuto Marco, el documento que recoge el marco económico, salarial y social de los facultativos.
«Yo lo que sí digo es que Andalucía siempre cumple con las leyes. Por lo tanto, tanto desde el punto de vista del registro de objetores, evidentemente cumplimos la ley, como en el resto de lo que son los mandatos legales, no puede ser de otra manera y estamos obligados a cumplir la ley», ha indicado este martes en el centro de salud Alameda-Perchel, en el que ha hecho balance del Plan Bucodental de Andalucía.
Debate
En el centro del debate, si finalmente se lleva a cabo la medida, está la objeción de conciencia de los médicos de familia y de los profesionales sanitarios que se encarguen de la prestación en los centros de salud. De momento, las sociedades médicas y los colegios profesionales, así como los sindicatos consultados por SUR, han rehusado pronunciarse al respecto.
«Si la ministra se dedicara a lo que se tiene que dedicar, evitaría una huelga que puede tener un daño asistencial importante, teniendo toda razón los médicos, que la tienen. La Junta de Andalucía apoya siempre en sus reclamaciones a los médicos y los ha apoyado siempre. Yo lo que le pido a la ministra que se deje de campaña electoral y que pase a resolver los problemas de los médicos», ha reflexionado a preguntas de los periodistas.
Ha recordado que, debido a las últimas huelgas, «hemos perdido un millón y medio de actos asistenciales en Andalucía». «Claro, a la ministra le da igual, porque como las comunidades autónomas somos las que gestionamos la sanidad, las que perdemos las horas de asistencia. Le hablo de consultas externas, le hablo de pruebas diagnósticas, le hablo de operaciones quirúrgicas… Un millón quinientas mil. Y, repito, los médicos tienen razón», ha criticado.
En el centro del debate está el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios de Atención Primaria
«Hace mucho tiempo que decidí no entrar a los trapos electorales de la señora ministra, porque la ministra se dedica solo a campaña», ha incidido, para dudar después de que la propuesta de García vaya a salir adelante. «Si el Gobierno no tiene apoyo para hacer nada. ¿Yo para qué voy a entrar en un debate si no tienen apoyo para sacar nada adelante? Ella lo suelta como si fuera a hacerlo. Pero no es más que propaganda, en el sentido de que no lo puede hacer porque no tiene apoyo para sacar adelante ninguna medida», ha indicado.
Diálogo
El consejero ha vuelto a solicitar al Gobierno que, de una vez por todas, «asuma la necesidad de sentarse a dialogar con los médicos y evitemos la próxima huelga que se ha anunciado. Porque, mire, esa huelga nos ha costado a los andaluces 202 millones de euros».
La ministra aseguró en la rueda de prensa de anuncio de esta medida lo siguiente: «Queremos que las mujeres que elijan este método, cuando sea adecuado para su situación, puedan acceder a él desde sus centros de salud. Con información clara, profesionales preparados y acompañamientos antes, durante y después».
Ahora está por ver cómo se concreta la medida: cómo se dispensará en los ambulatorios y qué profesionales se encargarán de ello
Para hacer posible la medida, Sanidad modificará el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios, con el fin de adaptar los requisitos de esta prestación a los centros de salud. También iniciará los trámites para cambiar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el aborto farmacológico, y permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario. Además, actualizará la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta atención en Primaria.
García explicó el pasado lunes que el Ministerio de Sanidad trabajará con las comunidades autónomas y los profesionales sanitarios para desarrollar estos cambios. «Queremos que las mujeres sepan dónde acudir, puedan elegir con información y tengan un equipo al que recurrir durante todo el proceso», señaló. Y resumió su efecto en la vida cotidiana: «Ahorrarte un desplazamiento, saber a quién llamar si tienes una duda, sentir que hay un equipo que te conoce y te acompaña».
La ministra recordó que, en 2024, casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados. Al mismo tiempo, destacó que algunas comunidades autónomas ya han conseguido integrar mayoritariamente esta atención en la sanidad pública: «Tenemos experiencias que funcionan y profesionales que saben cómo hacerlo».
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