El denominado juicio de las mascarillas se adentra en su segunda semana donde, esta vez sí, se hablará, y mucho, de la compra de material sanitario en pandemia llevada a cabo por la trama corrupta integrada por el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Los contratos investigados en esta causa suman 36 millones de euros: 12 millones adjudicados a Puertos del Estado y 24 millones a ADIF, ambos para la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama.
Este lunes se reanuda la vista oral a las diez de la mañana con ocho comparecencias. Entre ellas, las más importantes serán la de Patricia Uritz, ex mujer de Koldo García, así como la del empresario Claudio Rivas, socio de Aldama, encargado de sufragar el chalé de la Alcaidesa para el ex secretario de Organización del PSOE. Uritz, que se encuentra imputada en la Audiencia Nacional, fue la persona encargada de recoger y llevar en múltiples ocasiones los sobres de dinero en efectivo a la sede de PSOE, en la calle Ferraz. Con total probabilidad, las acusaciones le preguntarán por este extremo durante su comparecencia.
Junto a Uritz y Rivas, otro de los platos fuertes del día será la testifical del ex director general del Carreteras, Javier Herrero Lizano, investigado por los presuntos amaños de obra pública desde el Ministerio de Transportes.
El martes, en sesión de tarde a partir de las 15.30 horas, comparecerán ocho testigos relacionados con la compra de material sanitario. Entre ellos figura el actual director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, y Víctor Francos Díaz, secretario de Estado para el Deporte. Ese día también testificarán en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Transportes de Ábalos, y Michaux Miranda, ex alto cargo de Adif.
Por último, el miércoles, de nuevo en sesión vespertina, comparecerá Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF durante la etapa de Ábalos al frente de Transportes. Pardo de Vera es una de las personas claves en la presunta organización criminal, tanto en la colocación de la ex amante del ministro Jésica Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec como por su papel en las adjudicaciones irregulares de grandes obras públicas.
Ese mismo día declararán, entre otros, el ex presidente de Puertos del Estado Francisco Toledo Lobo, el ex secretario general de Puertos del Estado; Álvaro Sánchez Manzanares; el empresario vinculado a Soluciones de Gestión Iñigo Rotaeche; y, Javier Sánchez Fuentefría, un ex alto cargo de Puertos recientemente nombrado director general de Presupuestos.
En este juicio, la Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos (la horquilla menor de los cinco delitos que le atribuye el fiscal es de 12 años y medio de prisión), 19 y medio para Koldo García y siete años de cárcel para el comisionista Aldama por haber colaborado con la Justicia. Todos ellos están acusados de integrar una organización criminal.