- El Congreso tumba la ley de 'lobbies' y anula el nuevo registro de grupos de interés
- La Airef advierte del escaso margen para mantener las ayudas a los carburantes y empeora su previsión de déficit
El Ejecutivo afronta una semana clave para los próximos meses en materia de política económica, con tres medidas de calado.
El Gobierno afronta en los últimos estertores de septiembre una semana clave en materia de política económica que bien podría considerarse el preámbulo de la intensa actividad que los ministerios del ramo y los grupos parlamentarios tienen por delante hasta final de año, con la reforma de la financiación autonómica y la quita de deuda a las comunidades autónomas por decidir en el Congreso; o el prometido proyecto de Presupuestos Generales del Estado -el primero de la legislatura- aún por presentar.
Solicitud del último pago de los fondos europeos
Entre hoy y el miércoles, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa deberá remitir a la Comisión Europea la solicitud del séptimo y último pago de los fondos europeos, que comprenderá los 148 hitos restantes y con la que España opta a unos 26.000 millones de euros.
Al respecto, la petición ya nace dejando una parte por el camino, después de que el Congreso tumbase el pasado 16 de septiembre el real decreto-ley que establecía una regulación para los lobbies en la que se recogían medidas como un registro estatal público de grupos de interés. Este era uno de los compromisos adquiridos para optar al último pago -que Bruselas deberá evaluar antes del 31 de diciembre-, por lo que España podría perder hasta 1.500 millones de euros por su incumplimiento; si bien desde el departamento que lidera el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, afirman que la cantidad perdida podría ser sensiblemente inferior.
Nuevo paquete de ayudas por la guerra de Irán
En el terreno inflacionario, la prolongación del conflicto en Oriente Próximo sigue tensionando los precios de los carburantes, que han empujado el IPC al 4,3% a cierre de agosto y ya deja las primeras muestras de contagio a la cesta de la compra.
El Gobierno se ha visto obligado a preparar un nuevo decreto de respuesta que aprobará mañana en el Consejo de Ministros, a pesar del escaso margen fiscal con el que cuenta, como ha venido deslizando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en las últimas semanas.
A pesar de ello, el mensaje de los sectores profesionales con los que Cuerpo y otros ministros se han reunido en los últimos días es unánime: extender en el tiempo las ayudas actuales no será suficiente para frenar la espiral inflacionaria, por lo que el nuevo decreto debería aumentar las bonificaciones ya vigentes -el transporte reclama un descuento de 40 céntimos por litro de combustible hasta final de año- e incorporar nuevas medidas para tratar de contener los precios, como recuperar las bonificaciones en el IRPF para los agricultores por la adquisición de gasóleo profesional o de fertilizantes.
El nuevo decreto se sumará a los 10.000 millones de euros en ayudas que el Gobierno ya ha aprobado -y el Congreso ha convalidado- en los dos paquetes anteriores y que, según las estimaciones del Gobierno, han servido para contener un punto el IPC desde el estallido de la guerra de Irán a final de febrero.
Decreto de vivienda con nueva prórroga a los alquileres
El tercer frente en clave económica del Ejecutivo de Pedro Sánchez para esta semana es el decreto de vivienda, cuya negociación con sus socios de investidura experimentó la semana pasada un acelerón después del polémico desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, del piso de renta antigua donde residía en uno de los barrios más caros de Madrid.
El Ministerio de Vivienda que lidera Isabel Rodríguez llevará mañana al Consejo de Ministros un decreto pactado in extremis con Junts y Sumar. El texto incluirá algunas de las medidas que el Congreso tumbó en abril, como la prórroga de los alquileres, que en este caso se aplicaría a los contratos que venzan antes de junio de 2028 y se extendería durante un ejercicio, prorrogable a un segundo siempre que el inquilino lo solicite. Previsiblemente, el decreto también recogerá la subida del IVA de los pisos turísticos al 21% -frente al 10% actual- o el aumento de las multas para los propietarios que incumplan la regulación sobre los alquileres temporales.
Pero la gran novedad del decreto, según apuntan varias fuentes, afectará a las empresas dedicadas al alquiler de vivienda, incorporando medidas como la prohibición de desahuciar -e, incluso, de comprar nuevas viviendas para arrendar- a los fondos de inversión. Se trata de una de las exigencias de Sumar, que incluso llegó a llevar al Congreso una propuesta en este sentido que fue tumbada con la abstención del PSOE, y a la que Junts habría accedido a cambio de que la formación liderada por Yolanda Díaz se abriese a incorporar en el texto un nuevo paquete fiscal para facilitar el arrendamiento y la compra de vivienda.
A este respecto, el partido de Carles Puigdemont ha puesto sobre la mesa desgravaciones tanto para los caseros como para los inquilinos, nuevas deducciones en el IRPF para los nuevos propietarios que accedan a una hipoteca similares a las que se eliminaron en 2013; o la creación de una cuenta ahorro para comprar vivienda en el futuro que contaría con beneficios fiscales.
La intensa agenda económica del Gobierno esta semana dejará en el tintero, sin embargo, la aprobación del nuevo registro horario, a pesar de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prometió que lo llevaría al Consejo de Ministros, como tarde, a finales de septiembre, ante las amenazas de los sindicatos de cortar la negociación con el Ejecutivo.
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