Tras el giro en las negociaciones por la compraventa del Sevilla, el camero ofrecerá una rueda de prensa para dar explicaciones
Sergio Ramos, en rueda de prensa.- JOSÉ GORDILLO
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Después de un proceso madurado meticulosamente durante meses, la venta del Sevilla a un grupo internacional liderado por Sergio Ramos se está convirtiendo en una batalla mediática. La operación se encuentra prácticamente rota a falta de dos días para que expire el periodo de exclusividad, fijado el 31 de mayo. La tensión es de tal calibre que el propio Sergio Ramos ha convocado una rueda de prensa en un hotel de la capital andaluza el próximo lunes. El camero pretende desgranar los motivos de su nueva propuesta y revelar información que, tal como indica su entorno, no dejarán en buen lugar a los máximos accionistas.
La ruptura tras el viraje en el guion ha indignado a los vendedores, que tachan la nueva propuesta de Sergio Ramos como "la peor oferta de todas las recibidas". Las partes venían trabajando sobre el marco firmado en enero: la compra del 85% de las acciones por 275 millones de euros, asumiendo 85 millones de deuda y una ampliación de capital de 80 millones (440 millones en total). Sin embargo, la nueva oferta del pasado miércoles modificó por completo el panorama a pesar de que, hace apenas un par de semanas, el Sevilla aceptó reajustar el calendario de pagos para facilitar el desembarco.
El giro mexicano
En su última propuesta el grupo de Sergio Ramos apartó de la primera línea al fondo argentino Five Eleven Capital -que el lunes llegó a enviar el borrador de la compraventa-. Según desvela El Correo de Andalucía, el objetivo era dar entrada a un nuevo socio mayoritario mexicano: el Grupo DMI, un gigante inmobiliario liderado por Álvaro Leaño, representado en la cita por el letrado Roberto Álvarez. Las alarmas en Nervión se encendieron al descubrirse el precedente del holding azteca, que ya intentó desembarcar en el Valencia atraído por el negocio del Nou Mestalla, aunque el máximo accionista che, Peter Lim, le cerró la puerta.
Al tener el Sevilla un patrimonio urbanístico menos evolucionado con la reforma del Ramón Sánchez-Pizjuán o la ampliación de la Ciudad Deportiva, las sospechas apuntan a que DMI busca entrar al club para acaparar plusvalías millonarias en desarrollos urbanísticos. Con este polémico socio sobre la mesa, Ramos ejecutó el cambio de propuesta en la adquisición de las acciones, asegurándose el control de un primer 42% de la entidad. A partir de ahí, la oferta de compra para los actuales propietarios bajó hasta los 100 millones de euros para adquirir 32.000 acciones (el 18% restante para llegar al 60%), dejando fuera de la ecuación a los accionistas minoritarios.
Ampliación de capital
El entorno de Sergio Ramos defiende la idoneidad de su nueva estructura y argumenta que el Sevilla se encuentra en situación de "quiebra técnica". Por esta razón, sostiene que el club necesita que buena parte del dinero entre directamente a las arcas de la sociedad en lugar de destinarse a los accionistas, prometiéndoles comprar el resto de títulos en un plazo de uno a dos años. No obstante, desde el Sevilla aseguran la solvencia económica del club hasta el año 2030, amparándose en auditorías oficiales que lo certifican.
La normativa del Reglamento de Control Económico de LaLiga desmontaría la propuesta de Sergio Ramos. Según el artículo 82, la ampliación de capital para mejorar el Límite de Coste de Plantilla Deportiva está topada al 25% de la cifra de negocio de la entidad. Es decir, con los 80 millones pactados inicialmente se alcanzaba los 30 millones, de forma que los 120 millones ofertados a última hora no aportan beneficio extra para inscribir futbolistas, sino que engrosaría el porcentaje de la parte compradora.
Penalización por incumplimiento
A priori, estaba previsto que este viernes 29 de mayo las partes acudieran a notaría para rubricar la compraventa. Consumado el colapso, ahora se abre un nuevo escenario judicial. El Desmarque informa de que los grandes accionistas no contemplan realizar más contactos y asumen que el grupo de Ramos ha incurrido en un flagrante incumplimiento de contrato. En este sentido, ya preparan un requerimiento legal para exigir al exjugador una penalización económica de 500.000 euros a la que se sumarán los gastos incurridos en la operación, como todos los costes del procedimiento y los honorarios de los profesionales que han intervenido en el proceso.
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