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El Gobierno asume que no aprobará las Cuentas, libera las entregas a las CCAA y los ayuntamientos.
Pocos confiaban a estas alturas en la reiterada promesa de Pedro Sánchez de que iba por fin a presentar unos Presupuestos del Estado esta legislatura. Sobre todo porque a lo largo de 2024 y de 2025 realizó esa misma promesa para acabar incumpliéndola por la falta de apoyos políticos para sacar adelante las Cuentas públicas.
El Gobierno ha encadenado tres prórrogas consecutivas de los Presupuestos del año 2023, aprobados por un arco parlamentario muy distinto al actual, mientras sostenía la ficción de que estaba trabajando en elaborar un proyecto de nuevo cuño, pero sin llegar a presentarlo dentro del plazo legal -tres meses antes del fin del ejercicio en curso, según la Constitución- ni fuera del mismo. María Jesús Montero dejó el Ministerio de Hacienda el pasado 26 de marzo habiendo aprobado sólo tres Presupuestos durante sus casi ocho años como titular de este departamento.
Su sucesor en el cargo, Arcadi España, ha renunciado en la práctica a hacer lo propio con las Cuentas de 2026 tras liberar en el Consejo de Ministros de ayer las entregas a cuenta para las comunidades autónomas derivadas del sistema de financiación correspondientes a este ejercicio, normalmente articuladas dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Gracias a la recaudación récord, Hacienda transferirá un 7% más que en 2025 a los ejecutivos regionales y un 8% más a los ayuntamientos, que además obtienen permiso para reinvertir el superávit que lograran el pasado ejercicio.
Esta decisión tiene la virtud de no extender la parálisis legislativa que atenaza al Ejecutivo central a las administraciones territoriales, como hizo Montero en varias ocasiones para poder mantener el artificio de que ultimaba la presentación de unos nuevos Presupuestos.
Pero procediendo de un Gabinete cada vez más aislado en su huida hacia 2027 y cuestionado por sus propios aliados políticos, que le reclaman un adelanto de las elecciones tras la catarata de casos de presunta corrupción que implican a excolaboradores y familiares de Sánchez, así como por el sumario sobre la trama descubierta en el seno del PSOE para frustrar precisamente esas investigaciones judiciales al entorno del presidente del Gobierno, dicha decisión sólo podría ser aceptable si viene acompañada de la inaplazable llamada a las urnas que reclaman la mayoría de los grupos parlamentarios para que sean los españoles quienes pongan fin a esta grave crisis institucional votando libremente.
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