Los partidos a la izquierda del PSOE quieren aprovechar el enfado social que despertó el desahucio de Maricarmen, de 87 años, y la movilización por el derecho a la vivienda que esto ha agitado para sacar adelante las medidas que llevan más de medio año reclamando. El Gobierno ha dado en las últimas horas un impulso a la negociación del escudo antidesahucios y la prórroga de los alquileres, aprobado en marzo de este año en el Consejo de Ministros después de un plantón de Sumar, que exigía sacarlo adelante pese a que no tenía garantizados los apoyos en el Congreso. Aquel texto terminó, efectivamente, decayendo en su tramitación parlamentaria, y ahora, con la movilización por la vivienda en plena actividad, el Gobierno vuelve a negociarlo y el socio minoritario retoma la presión máxima.
"Nos plantamos hace medio año y nos volveremos a plantar el martes si hace falta [en el próximo Consejo de Ministros]", apuntan en un comunicado las cuatro formaciones que integran ese bloque del Ejecutivo: Sumar, Comunes, Más Madrid e Izquierda Unida. "Desde los partidos del espacio de Sumar haremos tanto a nivel político como institucional lo que sea necesario para aprobar este decreto ya", ahondan, reclamando al PSOE que no "se ponga más de perfil".
Las cuatro formaciones, inmersas en su proceso de refundación y para las que el acceso a un hogar es un eje vertebrador de su discurso, reclaman que este martes se apruebe "un paquete de medidas efectivas frente a la crisis de vivienda". "No valen parches", recalcan, y recuerdan que sus reclamaciones pasan por la prórroga de los alquileres -para evitar subidas mayores de la renta-, la "protección de las familias frente a los desahucios y a los fondos buitre", la regulación de los "usos especulativos" de la vivienda como los pisos turísticos y el "fraude en los alquileres de temporada o por habitaciones".
"Este acuerdo es responsabilidad del gobierno del que formamos parte, un Gobierno que nació precisamente con ese mandato", enfatizan las cuatro formaciones a la izquierda del PSOE, que elevan así la presión sobre el socio mayoritario del Gobierno a tan solo unas horas de que varias manifestaciones recorran diversas ciudades de España reivindicando el derecho a la vivienda. "La sociedad no va a aceptar respuestas parciales ni medidas descafeinadas", advierten los del bloque de Yolanda Díaz en el Ejecutivo, y apuntan: "Basta escuchar a la calle".
Los socialistas han reactivado en las últimas horas los contactos con Junts en busca de un texto que satisfaga las reclamaciones de todos sus socios, pero aún no han garantizado que el decreto se vaya a aprobar este martes si no se logran antes los apoyos necesarios. A esta hora, las peticiones de Junts aún no terminan de casar del todo con lo que piden a la izquierda del PSOE, donde por su parte avisan: "Sin excusas ni rebajas".