Fernando García Acuña, asesor de la Vicepresidencia Tercera del Congreso. E.E.
Reportajes Sumar mantiene en el Congreso a un asesor imputado por prevaricación pese a vulnerar su propio código éticoFernando García Acuña, asesor principal de la Vicepresidencia tercera del Congreso, se encuentra investigado por malversación administrativa tras una denuncia de CCOO por, supuestamente, acceder sin habilitación a documentación sensible y dar órdenes a funcionarios municipales, en el seno de unas pesquisas efectuadas por la UDEF en Cádiz.
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Laura Garófano Publicada 6 marzo 2026 03:19hEn Cádiz es conocido como 'el asesor fantasma', y es el eje de un caso en el que lo más notorio allí es que el exalcalde, José María González 'Kichi', se encuentra investigado por malversación y revelación de secretos, así como otros ediles. El juzgado ya ha emitido auto de procesamiento.
La pista del 'asesor fantasma' se pierde... y se asoma, como el Guadiana, en la Vicepresidencia Tercera del Congreso de los Diputados. El 'asesor fantasma' se llama Fernando García Acuña. Es el principal cargo de confianza de la diputada de Sumar por Cádiz Esther Francisca Gil de Reboleño, quien es además vicepresidenta tercera de la Cámara Baja.
Los hechos investigados, con la instrucción culminada y a las puertas del juicio oral ocurrieron en 2018, la investigación se inició a raíz de una denuncia de Comisiones Obreras a la Fiscalía, y las pesquisas las ha efectuado la UDEF. La Fiscalía se sumó desde el principio al encontrar indicios de delito.
Juan José, a por el Ayuntamiento de Kichi: lo denunciará por "enchufar" a exasesores de CarmenaFernando García Acuña, el hombre en el centro del caso del 'asesor fantasma' que se dirime en Cádiz, sigue hoy ligado a la política institucional: es uno de los dos asistentes técnicos A en el Congreso de los Diputados, dentro de la treintena de asesores de los que dispone el grupo Sumar, que forman parte del Gobierno de coalición, en la Cámara Baja.
El escrito de Comisiones Obreras que da origen a la investigación judicial. E.E.
Desde el 13 de septiembre de 2023 figura como adscrito a la Vicepresidencia tercera del Congreso y percibe un salario anual de 51.640 euros brutos.
En abril de 2022 fue cuando la Fiscalía presentó su denuncia, y el auto de imputación se emitió el 13 de junio del mismo año. Fernando García Acuña fue nombrado asesor en el Congreso en 2023, y el 24 de abril de 2024 declaró en el juzgado junto con José María González 'Kichi', quien por aquel entonces ya no era alcalde, habiendo abandonado la política. Actualmente ejerce como profesor de instituto.
El exalcalde y su asesor declararon junto con otros dos exediles, que sí concurrieron posteriormente en las listas electorales de 2023 sabiendo ya que estaban siendo investigados.
Experto en contratación
La trayectoria de García Acuña encaja con el perfil técnico que el propio Ayuntamiento de Cádiz esgrimió en su defensa. Es un jurista especializado en derecho de la contratación pública, con experiencia previa asesorando a Podemos a nivel estatal.
Esa reputación como experto en pliegos, cláusulas sociales y compra pública responsable fue la que llevó al equipo de José María González 'Kichi' a incorporarlo a la vida municipal gaditana a finales del primer mandato corporativo ostentando el bastón de mando municipal. Primero como asesor del grupo Por Cádiz Sí Se Puede y, más tarde, ya mediante plaza en la propia plantilla.
Respuesta del Área de Personal del Ayuntamiento a Comisiones Obreras, en la que indica la situación de García Acuña. E.E.
Los hechos presuntamente delictivos ocurrieron entre abril de 2018 y abril de 2019, según el relato del juzgado y de la Fiscalía, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Su papel en el área de Contratación, a la luz de los hechos que se dirimirán en el juzgado, desbordó el perímetro informal de apoyo político y se adentró en terreno reservado a funcionarios y personal eventual.
Procesan a 'Kichi', exalcalde de Cádiz, tras una denuncia de CCOO por contratar a un asesor "sin sujeción a la legalidad"Durante varios meses García Acuña no estaba nombrado y no desempeñaba ningún papel, pero se le habilitó un despacho en el Ayuntamiento, se le ponía en copia en el tráfico de correos internos, los enviaba, participó en reuniones clave y llegó a fijar criterios técnicos en expedientes de contratación sensibles.
Parecía a todas luces que era personal eventual designado por el gobierno local, pero no lo era.
El origen
En noviembre de 2018 Comisiones Obreras pidió por escrito a la Delegación de Personal que se clarificase la situación laboral de García Acuña. Según el sindicato, llevaba meses trabajando en dependencias municipales, dando órdenes a los funcionarios y tratando directamente con expedientes de contratación.
La respuesta municipal no fue satisfactoria para los representantes de los trabajadores, por lo que acabaron poniendo los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Cádiz. Allí señalaron su papel, de facto, en el Área de Contratación, y también su posterior acceso a una plaza de técnico de Administración General a través de una bolsa municipal.
La Fiscalía vio indicios de delito y el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Cádiz abrió una causa que acabó creciendo. Sobre todo a raíz de los testimonios de los funcionarios, que situaron a García Acuña corrigiendo pliegos de contratación e introduciendo cláusulas y criterios de valoración a la hora de dirimirlos.
En ocasiones lo ponía por escrito, dando indicaciones a través de su correo electrónico del partido vinculado a Podemos, 'Por Cádiz Sí Se Puede', con el que José María González 'Kichi' concurrió a las elecciones municipales de 2015.
Cabe recordar que no las ganó, pero logró gobernar gracias al apoyo del PSOE gaditano. Posteriormente, en 2019, sí logró ganarlas.
A finales de febrero de este año el juzgado ha incoado ya el auto por el que procesa al exalcalde José María González 'Kichi', al propio García Acuña y a varios altos cargos de su primer mandato.
El juez sostiene que, “mediante órdenes verbales y en base a una decisión política”, Kichi y sus concejales de referencia habrían impuesto a determinados funcionarios municipales que el asesor del partido interviniera en la tramitación de contratos municipales sin cobertura legal, condicionando la actuación de los funcionarios habilitados.
Detalle de uno de los correos electrónicos enviado por el asesor a un técnico municipal. E.E.
"Buenas noches XXX, te envío la parte que te dije que me comprometía a redactar para que la adjuntes en el informe. Te he marcado en amarillo las cosas que tienes que incluir (apenas son dos tonterías)", reza en uno de los correos electrónicos recabados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
También ha recabado conversaciones de WhatsApp, entre el ahora exalcalde y el funcionario que ejercía como director del área de Turismo. En ella, 'Kichi' le requiere al funcionario si ha terminado la parte a modificar de un pliego de adjudicación tras reunirse con García Acuña.
El juez instructor considera que existen indicios suficientes de que los investigados "de común acuerdo" mantuvieron a esta persona durante meses dando órdenes y accediendo a información confidencial sobre Contratación sin que tuviera plaza de funcionario ni de personal laboral o eventual.
En ese mismo auto se traza la cronología que acota el 'periodo fantasma'. Fue del 18 de abril de 2018 al 14 de abril de 2019, momento a partir del cual pasa ya a integrarse formalmente en la plantilla municipal como técnico, en donde permanece hasta las elecciones municipales de 2023.
Esas elecciones, las de mayo de 2023, las perdió el partido de izquierda, por lo que García Acuña renunció a su plaza y regresó a Madrid, y en concreto, a la Carrera de San Jerónimo, donde permanece hoy.
El código ético
En concreto, el Código Ético de Sumar, en un capítulo V estipula que "las personas que ocupen cargos públicos, cargos orgánicos o que vayan a ir en listas para procesos electivos internos o de representación pública se comprometen antes del acceso a su cargo o presentación de su candidatura a realizar una declaración pública de no haber incurrido en (...) delitos relacionado con la corrupción (en los términos previstos por la Ley Orgánica 6/2002)".
También recoge que "si se abrieran actuaciones penales contra alguna persona miembro de Sumar, ésta deberá informar a los órganos competentes sobre las circunstancias concretas del caso a fin de poder valorar los posibles incumplimientos del presente código y tomar las decisiones disciplinarias pertinentes".
Asimismo, abunda en el mismo apartado que "la apertura de juicio oral por cualquiera de estos delitos" supondrá la suspensión inmediata de la membresía. En cualquier caso, Sumar cesará a cualquier cargo público u orgánico que sea procesado o condenado por cualquiera de estos delitos".
Este periódico ha contactado con el Grupo Sumar en el Congreso para recabar si el asesor investigado por corrupción informó sobre su situación cuando fue contratado en 2023, pues prestó declaración ante el juez en 2022. Una vez que el juzgado ya ha dictado la apertura de juicio oral, si se le va a aplicar algún tipo de medida dispuesta en el Código Ético. No ha habido respuesta.