Quedan ya menos de 24 horas para uno de los Consejos de Ministros más decisivos de la legislatura y la izquierda hace máxima presión sobre el PSOE para que el real decreto ley de medidas de vivienda no se quede en un "parche". Empoderados por la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, impulsado por el Sindicato de Inquilinas, y con un clima social muy caliente y sensibilizado por la crudeza del desahucio de Maricarmen, Sumar y los socios parlamentarios de Pedro Sánchez juegan sus cartas para doblar el brazo el sector socialista para que asuma medidas más drásticas en protección de desahucios, contratos de alquiler o regulación de los pisos turísiticos y de temporada. Ahí se está librando la batalla.
Sumar, que es parte del Gobierno, y los principales socios de izquierdas de Sánchez, como ERC, EH Bildu, Podemos, Compromís y BNG, han querido unir fuerzas y trasladar una imagen de unidad con una convocatoria de prensa conjunta. El objetivo es arrastrar al PSOE a un paquete de medidas "contra la especulación" ante la influencia que está teniendo Junts en las negociaciones. Y es que, el Gobierno está atrapado por los votos, a izquierda pero también a derecha. Necesita a los independentistas catalanes, igual que al PNV para convalidar el real decreto ley que apruebe este martes en el Consejo. Pero al mismo tiempo a la izquierda no le vale cualquier cosa y exige que haya ambición y medidas contundentes.
El primero en apretar está siendo el sector Sumar del Gobierno en una negociación que está liderando el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy. Su mensaje es que el acuerdo con el PSOE se encuentra ahora mismo "muy lejos" de producirse.
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Fuentes del socio minoritario subrayan que el problema se concentra en estos puntos: "una protección completa frente a desahucios, la regulación de temporada y habitaciones, la prórroga de los contratos, atajar el fraude los pisos turísticos, y la renovación de los contratos".
Las fuentes consultadas en Sumar advierten de que estos elementos son "centrales" para "atajar la crisis de vivienda" y, por eso, avisan al PSOE de que no van a permitir que "se diluyan".
"Clamor de la calle"
Sumar se emplaza a las horas de trabajo que aún quedan durante todo el día para mover al PSOE a sus posiciones y juegan la carta de plantarse. Tanto en el Consejo de Ministros como en una futura votación en el Congreso. "No vamos a validar un texto que no esté a la altura del momento que exige la ciudadanía", señalan fuentes oficiales, "el decreto debe escuchar el clamor de la calle".
Podemos, que es uno de los actores del Congreso que más está complicando las negociaciones al Gobierno y cuyos votos son decisivos para la convalidación, se está atrincherando en sus posiciones de máximos. El partido morado advierte al PSOE de que el objetivo del texto tiene que ser "acabar con la especulación" y le aprieta para que "no intente hacer un trágala" a los grupos parlamentarios.
"Si el Gobierno pretende llegar a un decreto de mínimos que no ataje la especulación se volverá a equivocar", ha señalado el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien ha remarcado que Sánchez tiene que aprobar un decreto que aborde el problema de la vivienda y no uno que "arregle la imagen" o "lave la cara" del Ejecutivo.
En este sentido, Podemos se planta: el texto no puede llevar, como se pretendía hace unas semanas, la Ley del Suelo, porque favorece, dice, la especulación. Además, para el partido morado la manera de que el decreto "no sea un parche" es que recoja medidas tales como: "bajar por ley" el precio de los alquileres, prohibir la compra de vivienda "que no sea para vivir", la "expropiación" de viviendas de fondos buitre (que cifra en más de 650.000) y prohibir los desahucios sin alternativa habitacional.
Para Podemos, las propuestas que se han conocido en las últimas horas por parte del Ministerio de Vivienda son "del todo insuficientes" porque no "acabarían con la especulación" ni impedirían que la vivienda siga siendo un "negocio". Fernández ha explicado en rueda de prensa que su partido está dispuesto a "escuchar" pero que el Gobierno tiene que entender que tiene que estar "a la altura" y, lo que está ofreciendo ahora, no va en la línea que quieren.