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Telefónica ha solicitado a un tribunal de Estados Unidos la ejecución de un laudo del CIADI (el centro de arreglos de conflictos entre empresas y Gobiernos dependiente del Banco Mundial)contra el estado colombiano que puede reportar a la teleco española más de 500 millones de dólares, unos 430 millones de euros. Fuentes de la operadora han declinado realizar comentarios.
Fallo a favor
Telefónica logró en noviembre de 2024 un fallo a su favor del CIADI por el que obligaba a Colombia a devolver a la teleco española unos 380 millones de dólares, en concepto de daños y perjuicios, a los que hay de sumar desde entonces los intereses legales -el 5% anual- y los gastos de abogados en los que ha incurrido la operadora, lo que eleva la factura a más de 500 millones de dólares en la actualidad.
Colombia reaccionó pidiendo por un lado la anulación del laudo y por otro la suspensión del pago. Para aprobar la suspensión se le exigía una garantía de pago que no presentó, por lo que se falló denegando la suspensión. Eso es lo que faculta ahora a Telefónica a exigir el pago, aunque el recurso de anulación presentado por Colombia aún está en trámite.
Origen
El conflicto se inició tras la concesión firmada en 1994 entre Coltel (controlada mayoritariamente por Telefónica y vendida recientemente) y el Gobierno colombiano para prestar servicios móviles. En 1998 Colombia aprobó una ley que establecía que, al expirar las concesiones de telecos sólo revertiría al Estado el espectro, pero no las redes que se habían desplegado. Sin embargo, en 2013, el Tribunal Constitucional de Colombia dictaminó que esa aclaración introducida por la ley de 1998 era inconstitucional.
Poco después, el Gobierno renovó a Coltel el permiso para utilizar el espectro radioeléctrico, pero señaló que los activos (la red)solo podrían seguir utilizándose tras el pago de una contraprestación económica, a lo que Coltel se opuso. En 2016, Colombia inició un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Bogotá pidiendo la reversión de todos los activos o que se indemnizara al Estado por su valor de dichos activos y en 2017 se obligó a Coltel a pagar 380 millones de dólares al Gobierno colombiano. En 2019, Telefónica presentó una demanda ante el CIADI.
Modificación drástica
En su laudo final de noviembre de 2024, el CIADI concluyó por unanimidad que Telefónica tenía expectativas legítimas de la limitación a la reversión de activos y que la decisión del Tribunal Constitucional era una modificación drástica del marco regulatorio aplicable y vulneró el estándar de trato justo y equitativo previsto en el tratado bilateral de inversiones.
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