Tener menores o dependientes a cargo, dificultad para acceder a un empleo o carecer de ingresos suficientes son algunos de los factores que podrán acreditar "circunstancias de vulnerabilidad" mediante un informe que buena parte de los interesados en acceder a la regularización extraordinaria tendrán que rellenar y presentar junto a su solicitud.
El formulario de este informe, publicado esta mañana en el portal para la Regularización Extraordinaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, concreta los criterios exactos de este requisito, indefinido en los anteriores borradores y que tuvo que ser acotado tras las observaciones manifestadas por el Consejo de Estado.
Así, el modelo incluye los siguientes factores: aislamiento social o falta de red de apoyo; situación de sinhogarismo o vivienda precaria; ser víctima de discriminación o exclusión social; carecer de ingresos suficientes; encontrarse en una situación de pobreza o riesgo de exclusión económica; tener dificultad de acceso al empleo; tener personas a cargo, sean menores o dependientes; formar parte de una unidad familiar en situación de vulnerabilidad; tener un modelo familiar monoparental "en contexto de precaridad"; correr "riesgo psicosocial"; estar expuesto a situaciones de explotación o abuso u otras circunstancias a especificar.
Este formulario deberá ser rellenado y certificado por "las entidades competentes en materia de asistencia social", según el real decreto, o por las ONG inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería del Ministerio, cuyo listado está disponible en la página web del proceso.
No será necesario que presenten este documento las personas que son o hayan sido solicitantes de asilo, así como aquellas que, sin serlo, tengan hijos menores o mayores dependientes a su cargo (que coincide con uno de los factores del citado informe y es, por tanto, redundante) o una oferta de trabajo sobre la mesa. Bajo estos supuestos el informe no será necesario.
Definición "amplia" y "exigente" del concepto
El texto publicado este miércoles en el BOE establece que "se considerará que se encuentran en situación de vulnerabilidad las personas extranjeras que, atendiendo a su condición administrativa irregular, y a las circunstancias personales, económicas, sociales, psicosociales, familiares o habitacionales derivadas de la misma, dichos elementos afecten a sus condiciones de vida o al acceso efectivo a sus derechos".
Esta definición, de manga ancha, fue celebrada por Podemos -con quien el Gobierno pactó sacar adelante la medida-, que a través de su portavoz, Ione Belarra, aseguraron haber negociado el texto del Reglamento "hasta el último minuto", aunque los morados también consideraron que "se han hecho concesiones al Consejo de Estado que están fuera de lugar", en referencia al requisito de tener que certificar la ausencia de antecedentes penales.
Pese a haber tenido que endurecer el real decreto tras las observaciones del Consejo de Estado, el Gobierno de Pedro Sánchez modificó la norma de tal forma que se maximice el número de beneficiarios de esta medida. Así, fuentes del Ministerio de Inclusión insistieron en que la norma, "aunque amplia", es también "exigente".