La Agencia Tributaria vigila también la red de relaciones que rodea a cada contribuyente.
La privacidad financiera absoluta se ha convertido en un concepto obsoleto frente a la capacidad de procesamiento de la Administración. Lejos de la imagen tradicional del inspector que revisa carpetas físicas de forma individualizada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) opera hoy con la precisión de un gigante tecnológico. Mediante un sofisticado sistema de cruce masivo de datos (Big Data) y, bajo el amparo de una legislación estricta, el Fisco ha desplegado una cartografía digital capaz de vincular el DNI de cualquier ciudadano con sus socios, cónyuges, convivientes e incluso avalistas.
En la actual estrategia de control tributario, el foco ha cambiado. Ya no solo importa la cuantía de los ingresos, sino la red de relaciones que rodea a cada contribuyente.
Para comprender cómo la Administración dibuja este mapa social, es necesario acudir a la base jurídica del sistema, en concreto la Ley General Tributaria (LGT). En su artículo 93 reside el fundamento de la captación de datos, la obligación de información.
Este precepto legal establece que "toda persona natural o jurídica" debe proporcionar a la Administración datos con trascendencia tributaria. Esta normativa convierte a bancos, notarios, compañías energéticas y empleadores en colaboradores necesarios. No se trata de una labor de espionaje, sino de un cumplimiento normativo automático. Cuando un ciudadano abre una cuenta compartida o autoriza a un familiar en ella, la entidad financiera no solicita permiso para remitir el dato. El Reglamento General de actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria (RD 1065/2007) exige el envío. Así , el primer vínculo relacional, el financiero, queda registrado en las bases de datos estatales.
El radar comercial
Si las relaciones familiares son rastreables a través del Registro Civil, las conexiones comerciales presentan una mayor complejidad. Para ello, la inspección cuenta con una herramienta fundamental, el Modelo 347.
Cada mes de febrero, miles de empresas y profesionales presentan la Declaración anual de operaciones con terceras personas. La normativa obliga a declarar cualquier operación de compra o venta de bienes o servicios que supere los 3.005,06 euros anuales. Este formulario actúa como un detector de vínculos económicos.
Si la empresa A declara un pago a la empresa B, y esta última confirma el cobro, el sistema valida la relación. Sin embargo, la utilidad del modelo trasciende la mera comprobación de cifras. Permite detectar redes de facturación falsa o tramas de IVA. Si un proveedor habitual es marcado como "de riesgo" en la base de datos, el perfil de riesgo de sus clientes puede verse incrementado por un efecto de contagio o vinculación comercial.
La convivencia real
Existe el mito de que la Administración desconoce quién reside efectivamente en un inmueble si no existe un contrato de alquiler registrado. La realidad operativa es distinta. La Agencia Tributaria cruza sistemáticamente la referencia catastral con los datos de consumo de suministros (electricidad y agua), en virtud de los convenios de colaboración con las compañías distribuidoras.
Si una vivienda declarada como vacía presenta un consumo eléctrico compatible con el uso habitual de una familia, el sistema genera una alerta. El análisis profundiza al cotejar el Padrón Municipal con los titulares de los contratos de suministros, lo que permite inferir unidades de convivencia no formalizadas legalmente. La Administración deduce la cohabitación no por observación, sino porque los individuos consumen recursos de manera simultánea en un mismo punto geográfico fiscal.
Índice Único Notarial
Las relaciones patrimoniales de mayor relevancia (matrimonios, sucesiones, compraventas inmobiliarias o constituciones societarias) requieren intervención notarial. Los notarios, a través del Índice Único Notarial, vuelcan la información de las escrituras a la Administración.
Este flujo de datos permite a la AEAT detectar casi en tiempo real la creación de sociedades instrumentales o patrimoniales. Si se constituye una empresa con un socio que, a su vez, administra otra sociedad con deudas tributarias, el sistema de análisis de riesgos conecta ambos nodos. La Ley de Prevención del Fraude Fiscal ha reforzado estos mecanismos para identificar al titular real de los bienes, dificultando el uso de testaferros al analizar quién ostenta el control efectivo tras la estructura legal.
Más allá del articulado legal, la verdadera revolución en la eficiencia de la Agencia Tributaria reside en la aplicación tecnológica. Los Planes de Control Tributario han oficializado el uso de Big Data para el análisis de redes complejas, transformando la manera de investigar el fraude.
Así funcionan los 'superordenadores'
En los últimos Planes Anuales de Control Tributario, publicados en el BOE, la Dirección General de la Agencia Tributaria ha sido transparente sobre su nueva estrategia: el uso de técnicas de análisis de redes sociales (no Twitter o Instagram, sino el análisis masivo de datos). Los ordenadores de la AEAT buscan anomalías estructurales en esa red.
Un ejemplo clásico es la figura de una persona con escasos ingresos declarados o en situación de retiro que, repentinamente, aparece conectada como administradora única de múltiples sociedades con alta facturación y vínculos con jurisdicciones de baja tributación. El sistema alerta de que dicha estructura relacional es sospechosa y permite a los inspectores centrar las investigaciones y evitar pasos en falso.
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