Varias personas hacen cola en una oficina Servicios Sociales, en Madrid.
Política Torre Pacheco, la ciudad de las 'cacerías' a migrantes, saturada ante la regularización: 'Hay caos. No llegamos al 30 de junio'Ayuntamientos como Valencia o Zaragoza, del PP, denuncian que algunos consistorios del PSOE y las delegaciones del Gobierno "han dado instrucciones de derivar a la gente" a sus territorios, lo que los ha desbordado.
Más información:El Gobierno insta a las cárceles a facilitar la tramitación de solicitudes de regularización de los presos extranjeros.
David García Publicada 22 abril 2026 02:44h Las clavesLas claves Generado con IA
Las colas para acceder a las oficinas administrativas a raíz de la regularización masiva de inmigrantes no son sólo el nuevo paisaje de las entradas a los ayuntamientos; también simbolizan el desconcierto de una administración que se siente desbordada.
Desde el pasado 16 de abril, cuando se abrió el plazo para presentar las solicitudes de regularización extraordinaria, muchos funcionarios municipales aseguran trabajar desbordados y en un contexto de incertidumbre técnica y operativa por la falta de recursos y de instrucciones claras.
La imagen se repite en Valencia. En Palma. En Madrid. En Zaragoza. En ciudades como Torre Pacheco, que registra una de las tasas de migrantes más altas de España, o en L'Hospitalet, donde gobierna el PSC.
Varias personas hacen cola en una oficina Servicios Sociales, a 21 de abril de 2026, en Madrid.
Ocurre hasta en las cárceles, donde el Gobierno ha dado instrucciones para facilitar la tramitación de solicitudes de regularización.
"Hay caos. Hemos dejado de atender otras cuestiones prioritarias. No ha habido coordinación por parte del Ministerio", asegura Pedro Ángel Roca (PP), alcalde de Torre Pacheco, municipio murciano que cuenta con un 32% de inmigración y es célebre por haber sufrido, en julio de 2025, las famosas 'cacerías' de migrantes propiciadas por grupos de extrema derecha.
"Tengo a gente que no está haciendo su trabajo de mediadores sociales en sus puestos habituales, como en los colegios. Están dedicados a atender a la gente que viene a hacer sus solicitudes. No nos han puesto medios suficientes. No nos han informado de nada".
"Pese a que tenemos un muy buen equipo de Servicios Sociales que está sabiendo gestionarlo, esto se tenía que haber previsto para poder hacer un trabajo más rápido [...] Estamos gastando recursos municipales para una decisión tomada por el Gobierno. Eso me fastidia".
Roca asegura que "el sistema está saturado", una máxima extensible a todo el Campo de Cartagena, "donde todos tienen el mismo problema porque hay muchísima inmigración".
"La situación hace muy difícil que lleguemos al 30 de junio", el día que finaliza el plazo para presentar las solicitudes de la regularización extraordinaria.
El certificado de vulnerabilidad
La crítica es similar en otros consistorios liderados por el Partido Popular. "Estamos absolutamente desbordados", aseguran a EL ESPAÑOL fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza.
"Nos hemos convertido en lugares de recepción de personas que quieren regularizarse sin tener apenas información. Nuestros funcionarios no saben qué hacer. Hay un problema desde la concepción del proceso de regularización hasta su ejecución".
Denuncian que no ha habido "ningún tipo de comunicación previa" y que, al día siguiente de la aprobación del Real Decreto, han empezado a recibir de forma masiva "cientos y cientos de peticiones".
Eso ha forzado al equipo de la alcaldesa Natalia Chueca a poner en marcha un proceso con el personal de atención, en el hall, en los registros. "Todas las mañanas, a las 4 de la madrugada, tenemos una fila que da la vuelta al ayuntamiento".
Pero hay otro problema.
Sánchez ve la regularización masiva de inmigrantes como "un acto de normalización" clave para "la prosperidad" de EspañaEl Real Decreto 316/2026 establece dos requisitos generales para acceder a la regularización: haber residido en España antes del 1 de enero de 2026 acreditando una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses y no tener antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público.
Además, el solicitante debe cumplir al menos uno de tres supuestos habilitantes. Por un lado, haber trabajado por cuenta ajena o propia durante la permanencia en España, contar con una oferta de empleo de al menos 90 días, o acreditar intención de trabajar por cuenta propia mediante una declaración responsable.
Por otro, contar con una unidad familiar compuesta por hijos menores de edad o mayores con discapacidad, o ascendientes de primer grado.
O, en tercer lugar, apelar a la vía de vulnerabilidad. Es decir, encontrarse en situación de vulnerabilidad acreditada mediante certificado en modelo específico, emitido por servicios sociales o entidades del Tercer Sector inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería (RECEX).
Formulario de autorización de residencia por circunstancias excepcionales.
El problema que denuncian es que "muchas de las personas que llegan son nuevas, no han hecho trámites previos en el ayuntamiento, piden la vía de vulnerabilidad y no tienen expedientes previos para acreditarla".
Para ello habría que abrir un proceso con Servicios Sociales y detectar si esa vulnerabilidad es o no es real. "Una entrevista previa, la presentación de documentación, las visitas de un experto... No es tan sencillo, y no estamos dimensionados para dar una respuesta a una avalancha de peticiones así".
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, también ha denunciado la confusión en torno al proceso, y se ha referido al informe emitido por el Consejo de Estado que advertía de que faltaba un marco claro de actuación a la situación de vulnerabilidad.
Ha recordado que eso tendría consecuencias tanto para las entidades, que no podrían llevar a cabo su cometido a tiempo, como para los potenciales beneficiarios, que quedarían expuestos a un régimen inseguro e indefinido.
El Consejo de Estado dictamina que el decreto de regularización masiva de inmigrantes debe ser "repensado y revisado""Ayer escuchábamos a entidades colaboradoras decir que no sabían si el certificado podía ser firmado de forma manual o debía ser digital. Además, el Gobierno ha volcado en los ayuntamientos unas funciones que son dudosas respecto a la competencia, y está generando mucha confusión".
Por ello, su equipo ha anunciado que se dirigirá por carta al Gobierno para exigir aclaraciones sobre si es necesaria o no la acreditación de vulnerabilidad; si los ayuntamientos han de hacer esa acreditación y, en ese caso, cuál es el marco de criterios para valorar y determinarla.
"Si el Real Decreto conecta la situación de irregularidad con la situación de vulnerabilidad, y hemos oído a la ministra decir que cualquier persona irregular es vulnerable, entonces ¿por qué se exige un certificado de acreditación de vulnerabilidad?", ha cuestionado.
Además, ha añadido, la emisión de un certificado por parte de los servicios sociales públicos "requiere un conocimiento contrastado de cada situación que queda fuera del ámbito competencial de las funciones profesionales de intervención social. Y esto es más complejo todavía si la persona extranjera no ha sido previamente usuaria de los servicios públicos".
Caos, despistes y falta de información: la regularización de inmigrantes se estrena con un "lío monumental"Las fuentes señalan que otra de las vías para pedir la regularización es la de "no tener el informe de vulnerabilidad y firmar una declaración de responsabilidad, aunque sea sobre una intención, lo cual es jurídicamente muy endeble".
"Si tú eres un inmigrante irregular y pones que quieres emprender por tu cuenta como autónomo y ser, no sé, fontanero o albañil, puedes acceder con una mera firma. Eso supone un coladero de tamaño monumental", advierten desde el consistorio aragonés.
La suma de todos estos extremos, temen los consultados, creará una "gran inseguridad jurídica". "Estamos viendo la punta del iceberg del colapso que va a venir". Y aseguran que "es imposible que todo esté tramitado antes del 30 de junio".
Desde el Gobierno, sin embargo, se rechaza la idea de un caos generalizado y se defiende que la regularización extraordinaria está "planificada, dotada de recursos y perfectamente asumible" por las administraciones.
El Ministerio sostiene que se han habilitado canales telemáticos y materiales informativos suficientes, y atribuye los colapsos puntuales a problemas de organización en algunos ayuntamientos y a la avalancha inicial de solicitudes.
"El PSOE nos los está derivando"
La alcaldesa de Valencia ha añadido un ingrediente nuevo a la polémica: su equipo ha identificado "al menos dos consistorios gobernados por el PSOE" que estaban derivando a sus vecinos a la capital valenciana para tramitar empadronamientos especiales con la excusa de no poder gestionarlos ellos mismos.
"Pero todos los ayuntamientos tienen oficina del padrón y pueden hacer esos trámites", ha zanjado.
En Valencia, la respuesta al colapso no se ha quedado en la queja, sino que se ha traducido en una movilización de recursos de emergencia.
El Ayuntamiento ha anunciado este martes 21 de abril un plan de refuerzo para sus servicios de Registro y Servicios Sociales que supondrá un desembolso cercano al millón de euros.
Guerra política en Segovia por el "caos" en la regularización de inmigrantes: "Chapucera gestión del Gobierno"En respuesta, se activará la contratación de auxiliares administrativos y trabajadores sociales procedentes de las bolsas municipales, una medida que busca proteger la gestión ordinaria del ciudadano frente a lo que la alcaldesa define como una "avalancha" provocada por un decreto elaborado "a espaldas de los ayuntamientos".
La postura de Catalá es de una confrontación técnica y financiera directa con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al frente del cual está Elma Saiz.
Catalá ha advertido que el ayuntamiento estudiará todas las vías legales para reclamar ese millón de euros al Gobierno, y ha apelado a un principio de lealtad financiera que, a su juicio, debe aplicarse a la administración local con la misma intensidad que a las autonomías.
"Si por una norma suya sobrecargan el trabajo de los ayuntamientos, deben dotarlos de los recursos necesarios", sentenció. Y lamentó que, en la última reunión de la Comisión Nacional de Administración Local, no se les informara de los pormenores de la regularización, dejando a los municipios en una situación de "trabajo a ciegas".
Modelo de certificado de vulnerabilidad.
"Es inadmisible que el Ejecutivo haya hecho este proceso sin contar con los ayuntamientos, que somos los que recibimos las colas y las personas con muchas dudas y con dificultades incluso de poder expresarse".
Este escenario de colapso también se ha visto en Sevilla: cientos de personas se agolparon desde las seis de la mañana del martes en el Registro General del Ayuntamiento, lo que ha obligado a los funcionarios a repartir números de atención ante una demanda que sobrepasa con creces los recursos humanos disponibles.
En Madrid, el Ayuntamiento ha alertado sobre el riesgo inminente de bloqueo en los servicios sociales municipales, asfixiados por una carga de expedientes para la que no están dimensionados.
En otros puntos, la saturación administrativa es tal que las colas han llegado a superar las 15 horas de espera, afectando no sólo a los registros locales, sino también a las oficinas de la Seguridad Social, Correos y Extranjería, que han habilitado puntos de gestión presencial.
Frente al aluvión de críticas, la ministra Elma Saiz ha defendido la gestión del Ejecutivo y ha criticado el "boicot" institucional llevado a cabo por ayuntamientos de la oposición.
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