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Imagen del entorno en el que se ubica a la subestación, que se ve a la izquierda de la imagen. SUR Torrox respalda la seguridad de su subestación eléctrica tras un informe con mediciones «600 veces por debajo» del límiteEl portavoz del gobierno local del PP recuerda que el suelo donde se ha ejecutado se cedió en 2005 para garantizar el suministro a las urbanizaciones
Sábado, 25 de abril 2026, 16:10 | Actualizado 16:51h.
comenzó a funcionar el pasado octubre, ... suma un nuevo capítulo tras las declaraciones del concejal de Comercio y portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Fernández, en respuesta a las últimas críticas de la plataforma, de las que se hizo eco SUR el pasado 19 de abril. El concejal ha asegurado que las últimas obras que han generado inquietud vecinal responden «únicamente al soterramiento de líneas eléctricas vinculadas a la instalación». El edil ha reconocido, no obstante, que el asunto «debería haberse explicado de forma más sencilla desde el principio», al tratarse de «un tema técnico y reglado».Según ha detallado el portavoz municipal, los resultados son concluyentes: «los valores están muy por debajo del límite legal, hasta 600 veces por debajo», y la instalación «obtiene una calificación global favorable». Fernández ha explicado que el estudio, realizado por un organismo de control autorizado contratado por Endesa, se elaboró con la participación de los afectados y descarta «la necesidad de adoptar medidas adicionales». En esta línea, ha insistido en que los niveles detectados «son incluso inferiores a los que puede haber en una vivienda con electrodomésticos», en un intento de trasladar nuevamente «tranquilidad» a la población.
«Los niveles detectados son incluso inferiores a los que puede haber en una vivienda con electrodomésticos»
José Manuel Fernández
Concejal de Comercio y portavoz del grupo municipal del PP
Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión tras las últimas críticas de la Plataforma Ciudadana contra la ubicación de la subestación, que denuncia «falta de transparencia» y exige la publicación de los informes técnicos completos. El colectivo vecinal sostiene que la instalación entró en funcionamiento sin que se hayan hecho públicos todos los datos necesarios para garantizar su seguridad, especialmente por su proximidad a viviendas y a un centro educativo.
Además, la Plataforma ha vinculado las recientes obras -zanjas y canalizaciones en zonas residenciales- con el sistema de distribución de la subestación, planteando dudas sobre una posible fragmentación del proyecto en distintos expedientes administrativos. Frente a ello, Fernández ha querido aclarar que estas actuaciones «forman parte del desarrollo técnico habitual de la infraestructura eléctrica».
Participación vecinal
El edil también ha subrayado que el proceso ha contado con la participación de los distintos actores implicados, incluyendo a vecinos afectados, la oposición municipal, la propia plataforma, el AMPA y la dirección del centro educativo. Asimismo, ha anunciado que «en breve» se celebrará una reunión con Endesa para trasladar de forma directa las conclusiones del informe técnico a los vecinos de la zona.
En cuanto al origen del proyecto, Fernández ha recordado que la subestación responde a un convenio firmado en 2005 entre el Ayuntamiento y la compañía eléctrica Endesa para garantizar el suministro en las urbanizaciones en expansión en aquel momento. Desde entonces, según ha explicado, se han sucedido los trámites administrativos hasta desembocar en la situación actual, que ha definido como «una herencia compleja» recibida por el actual equipo de gobierno del PP, en el cargo desde 2015.
El Ayuntamiento mantiene su postura de que la instalación «cumple con la normativa vigente»
Por su parte, el Ayuntamiento mantiene su postura de que la instalación «cumple con la normativa vigente», en línea con lo defendido por Endesa, que ha reiterado en distintas ocasiones que las subestaciones eléctricas «operan bajo estrictos controles legales y que los niveles de emisión disminuyen rápidamente con la distancia».
Sin embargo, el conflicto sigue abierto en el plano político y social. La Plataforma ha dado un plazo de 15 días para recibir una respuesta formal a sus demandas, advirtiendo de que, en caso contrario, iniciará acciones administrativas y judiciales. Así, el debate sobre la subestación de Torrox continúa moviéndose entre los informes técnicos y la desconfianza de una parte de la ciudadanía, convirtiéndose en un asunto clave en la agenda local.
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